Gobierno de Trump sostiene que juez se extralimitó al aprobar reembolsos por aranceles

Abogados del gobierno manifestaron que un juez del Tribunal de Comercio Internacional se excedió en su autoridad al ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a emitir reembolsos a todas las empresas que pagaron aranceles que se consideraron ilegales en febrero, incluso a aquellas que no presentaron una demanda ante ese tribunal.

El gobierno presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en junio y presentó su escrito inicial el lunes.

En él, los abogados del gobierno señalan un caso que llegó ante la Corte Suprema en junio de 2025, sobre la ciudadanía por nacimiento. Parte de la decisión en ese caso limitó el uso de las medidas cautelares universales, que aplican un fallo a todas las personas o empresas afectadas, no solo a litigantes específicos.

El juez Richard Eaton, que supervisa las demandas por aranceles en el Tribunal de Comercio Internacional, ha dicho que los límites a las medidas cautelares universales no se aplican en este caso, pero el gobierno discrepa.

“Las medidas cautelares universales del (tribunal), que exigen al gobierno reembolsar los aranceles del IEEPA a todos los importadores (incluidos los importadores que no son parte), no pueden de ninguna manera conciliarse con” el caso judicial que limitó las medidas cautelares universales, sostuvo el gobierno en su escrito.

La mayoría de los reembolsos de aranceles ya se han pagado. La oficina de aduanas ya ha procesado y certificado 100.000 millones de dólares en reembolsos. Lo que está en disputa son las empresas que pagaron aranceles que pasaron por el proceso aduanero y cuyas entradas quedaron finalizadas. Existe una norma del Congreso según la cual la CBP no puede reprocesar aranceles para los que el proceso administrativo de reembolso ya no está disponible. Esas empresas pueden presentar una demanda para recuperar ese dinero, indicó el gobierno.

El Tribunal de Comercio Internacional "ya ha emitido cientos de órdenes de ese tipo en demandas presentadas por importadores que buscan ese alivio, y los importadores que aún no han presentado tales demandas pueden hacerlo dentro del plazo de prescripción”, escribieron los abogados del gobierno en el escrito.

Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, señaló que parece que el gobierno tiene el mejor argumento jurídico, pero las empresas, especialmente las más pequeñas, podrían verse perjudicadas.

“El gobierno tomó este dinero en virtud de una ley que la Corte Suprema dijo que nunca lo autorizó. Recuperarlo no debería depender de si una empresa podía permitirse demandar”, expresó. “Reembolsar un arancel ilegal no debería ser una recompensa por litigar. ... Realmente no se le puede pedir a una empresa pequeña que demande por dinero que no sabe que se le debe, con un plazo del que nunca ha oído hablar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.