Un reconocido reportero peruano combate una campaña de desprestigio a la vez que al cáncer
A los 75 años, uno de los periodistas más reconocidos de América Latina esperaba hilvanar en libros los hilos sueltos de más de cuatro décadas de periodismo de investigación que dejaron al descubierto abusos de poder de alto nivel dentro y fuera de Perú.
En una carrera ilustre, Gustavo Gorriti ha recibido amenazas de muerte de narcotraficantes, sobrevivido a la dura insurgencia de Sendero Luminoso en Perú y a un secuestro de agentes de inteligencia militar con silenciadores durante un autogolpe de Estado en 1992.
Después le golpeó un agresivo cáncer linfático, que consumió el robusto cuerpo del expentacampeón nacional de judo. Gorriti recibió su diagnóstico en agosto y estaba terminando dos meses de quimioterapia en diciembre cuando recibió un golpe de otra clase.
Una campaña de desprestigio —amplificada por medios cómplices, acobardados o indiferentes— mostraba al reportero como enemigo público número uno, un hombre ególatra y cruel que perjudicó a personas inocentes.
Gorriti tiene claro quién está detrás: un grupo de “cleptócratas” de la élite política y empresarial peruana que corren riesgo de ser procesados debido en buena parte a sus hallazgos. Su objetivo, señala, es “liquidar todo lo avanzado en la lucha contra la corrupción”.
La quimioterapia le dejó sin cabello y su característica barba blanca se quedó en “tres pelitos”, y Gorriti dijo que se veía como "un Fu-Manchú patético". Se sentía tan débil que “lo único que tenía era ganas de estar durmiendo”, dijo en una entrevista en la terraza de su apartamento en Lima.
Pero la indignación hizo entrar en acción al combativo reportero, que lideró a su equipo en IDL-Reporteros, un sitio web de noticias, para plantear una detallada y enérgica defensa.
“Tú no escoges el momento en que empiezas una guerra”, dijo.
Después fue a peor. Para el 27 de marzo, Gorriti enfrentaba una pesquisa penal en un caso de sobornos con un extraño planteamiento que le acusaba de “favorecer” con publicidad a dos fiscales anticorrupción.
“Claro, eso es falso”, dijo uno de los fiscales, José Domingo Pérez, a The Associated Press.
“Esto es un descarado intento de silenciar a uno de los mejores reporteros de América Latina, el medio que fundó y, por extensión, a cualquier periodista que ose decir la verdad pese a los poderosos en América Latina", indicó el Club Nacional de Prensa, con sede en Washington, en un comunicado firmado por siete grupos de prensa y derechos humanos.
El Comité para Proteger a los Periodistas y Reporteros Sin Fronteros, con sede en Francia, también han protestado.
El caso podría perjudicar a los fiscales en un enorme escándalo de sobornos que implica a cinco expresidentes y a Keiko Fujimori, una figura de gran influencia de la política peruana y eterna candidata a la presidencia, que estuvo a punto de obtener el puesto en 2021. El comienzo de su juicio está programado para el 1 de julio.
Fueron los agentes del padre de Fujimori, Alberto, quienes secuestraron a Gorriti para silenciarle cuando el autócrata clausuró el Congreso por la fuerza en 1992 en un autogolpe en 1992. Un escándalo internacional hizo que el reportero fuera liberado con rapidez.
El fiscal que ahora investiga a Gorriti le ha reclamado sus comunicaciones con Pérez y el también fiscal anticorrupción Rafael Vela entre 2016 y 2021. Gorriti se ha negado alegando protecciones a los periodistas, pero teme que pueda recibir una orden judicial.
Tras años de retroceso democrático, una “coalición laxa de actores corruptos” se ha hecho con suficientes instituciones que arbitran la vida política peruana para utilizarlas contra sus rivales, indicó Steven Levitsky, coautor de “Cómo mueren las democracias” y profesor de Harvard. “Y eso es exactamente lo que está pasando con Gustavo”.
Es una estrategia autoritaria de manual que desestabiliza democracias y amenaza a periodistas en todo el mundo.
En la región se ven ejemplos similares en Venezuela, Nicaragua y Guatemala, donde el periodista José Zamora está encarcelado por lo que grupos de libertad de prensa describen como un caso inventado de lavado dinero diseñado para silenciarle. Otro caso emblemático es el de la periodista filipina Maria Ressa, ganadora de un Nobel de la Paz.
Los enemigos de Gorriti llevan tratando de desacreditarle —lo que incluye acusaciones de que simpatiza con terroristas de izquierdas— desde que comenzó a desenmascarar políticos sobornados por el conglomerado brasileño de construcción Odebrecht en el mayor escándalo de corrupción de la historia en Latinoamérica.
El caso conocido como Lava Jato, término brasileño para autolavado, implica unos 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 obras públicas pagados en 12 países, como Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Guatemala y Venezuela. De esa suma, 29 millones de dólares fueron a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Para descubrir su entramado fuera de Brasil, Gorriti reclutó a periodistas de varios países y viajó personalmente allí. Los procesos judiciales han variado por países. Si no fuera por la presión del equipo de Gorriti y otros periodistas, los casos peruanos podrían haber quedado en nada, dijo Pérez, el fiscal anticorrupción. La fiscalía del estado no quería investigar a Keiko Fujimori en 2017, señaló.
Gorriti se convirtió en un héroe que recibía ovaciones en ferias literarias y abrazos en la calle.
Pero ahora que los casos del Lava Jato llegan a las cortes —todos los expresidentes peruanos electos del siglo XXI están implicados— la aglomeraciones ante la casa de Gorriti y de las oficinas de IDL Reporteros han tomado un cariz distinto y más siniestro, con delincuentes menores que insultan e incluso arrojan bolsas de excrementos.
La investigación contra Gorriti fue solicitada por la inusual alianza del partido de Keiko Fujimori y su vieja némesis, la formación del expresidente Alan García.
Inmerso en el escándalo de Odebrecht por proyectos ferroviarios, García se disparó en la cabeza en 2019 en lugar de entregarse a la policía después de que la embajada de Uruguay le negara el asilo. Sus seguidores afirman que Gorriti y la fiscalía anticorrupción le tendieron una trampa criminal.
Eso es absurdo, dice Gorriti. Tras el suicidio, los periodistas concluyeron que García había dicho a amigos y familiares que acabaría con su vida para evitar la humillación pública.
El clamor que reclama la cabeza de Gorriti deriva de acusaciones infundadas de Jaime Villanueva, exasesor de un fiscal general que fue suspendido.
Villanueva hizo sus acusaciones tras verse investigado por supuestos crímenes como soborno y tráfico de influencias, y de aceptar declarar contra su antiguo jefe a cambio de un trato preferente. Ni él ni el fiscal que inició la pesquisa contra Gorriti, Alcides Chanchay, respondieron a peticiones de AP para entrevistarlos.
Tras trabajar con la entonces fiscal Patricia Benavides para intentar detener los esfuerzos anticorrupción, Villanueva asesoró a legisladores sobre cómo reducir la independencia judicial, dijo Gorriti.
El reportero tiene una gran capacidad para armar revuelo.
Cuando estuvo exiliado en Panamá, el entonces presidente Ernest Balladares intentó expulsar a Gorriti en 1997 cuando las investigaciones que dirigía en el diario local La Prensa desvelaron una corrupción de alto nivel que incluía el tráfico de trabajadores chinos. En su momento, Gorriti dijo a AP que a los periodistas latinoamericanos no suele importarles que les llamen ladrones o tiranos, pero sí les molesta el periodismo bien fundamentado.
En el comunicado que acompañaba a un premio de libertad de prensa en 1998, el Comité para Proteger a los Periodistas llamó a Gorriti “el mejor reportero de investigación de América Latina”.
Desde luego, la presión internacional podría ayudar ahora. Gorriti está recuperando sus fuerzas tras conseguir buenos resultados de la inmunoterapia que comenzó en febrero. Ha recuperado la mayor parte del pelo. Pero el silencio relativo de los peruanos le preocupa.
En general reniegan de la presidenta, Dina Boluarte, y al Congreso. Los sondeos muestran que más de nueve de cada diez quieren destituirlos. Pero el estancamiento político ha demorado los nuevos comicios. Pedro Castillo, el último presidente electo, fue impugnado en 2022 por intentar disolver el Congreso. Después las fuerzas de seguridad mataron al menos a 40 personas en las protestas posteriores.
Los peruanos están desmoralizados por toda la corrupción y siguen sin recuperarse de la pandemia del COVID-19, dijo Gorriti. Ningún otro país sufrió una tasa de muertes per capita tan alta. Además, han tenido seis presidentes en seis años.
Gorriti, que escribió un libro sobre la insurgencia de Sendero Luminoso en 1990, cree que igual que los peruanos no han reflexionado sobre el alzamiento del grupo, han evitado examinar los problemas de su manejo de la pandemia.
A finales de la década de 1990 se manifestaron para expulsar al exilio a Alberto Fujimori, desacreditado y caído en desgracia. Desde entonces, él y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, han sido condenados por varios delitos, incluido el secuestro de Gorriti en 1992.
Si Gorriti acabara en prisión, quizá los peruanos se verían motivados de nuevo para actuar.
Entre toses intermitentes, Gorriti expresó su esperanza de que su caso pueda marcar un hito para la libertad de expresión y la democracia.
Como dijo hace poco en un podcast con la periodista colombiana María Jimena Duzán, “si toca pelear en los años de vejez, pues nada. Los viejos también pueden pelear”.
___
Frank Bajak fue director de noticias de AP en los Andes entre 2006 y 2016.
___
El periodista de Associated Press Franklin Briceño contribuyó a este despacho.