Papa Francisco expulsa a otros dos miembros del grupo católico Sodalicio en Perú

Associated Press
Lunes, 21 de octubre de 2024 16:09 EDT
VATICANO-PERÚ ABUSOS
VATICANO-PERÚ ABUSOS (AP)

El papa Francisco anunció el lunes la expulsión de dos altos miembros del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, elevando a 13 el número total de miembros separados, que incluyen a diez personas el mes pasado y al fundador laico del grupo en agosto. Estas medidas se tomaron tras una investigación del Vaticano que descubrió serios abusos de poder, autoridad y manipulación espiritual dentro de la organización religiosa.

Un comunicado de la Nunciatura Apostólica en Perú, la misión diplomática del Vaticano, dice que la decisión se tomó por "casos de abuso del cargo y de la autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de bienes eclesiásticos, así como de abuso sexual, en algún caso incluso de menores".

El documento añade que uno de los expulsados es José Andrés Ambrozic Velezmoro, exvicario general, exasistente de temporalidades, de comunicaciones y de apostolado. Otro es Luis Antonio Ferroggiaro Dentone, un sacerdote que pertenece al grupo católico.

La expulsión sucede a la de otros 10 miembros en septiembre que incluyeron al exarzobispo peruano de las regiones Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, a quien Francisco obligó a renunciar en abril por su historial, después de que Eguren demandó a los dos periodistas peruanos, Pedro Salinas y Paola Ugaz, que denunciaron en reportajes y libros los abusos del Sodalicio.

En agosto, el papa Francisco también expulsó al fundador del grupo Luis Fernando Figari Rodrigo, de 77 años, después que se descubrió que abusó sexualmente de sus seguidores.

Una investigación externa ordenada por el Sodalicio determinó en 2017 que Figari era “un hombre narcisista, paranoico, degradante, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista, elitista y obsesionado con temas sexuales y con la orientación sexual” de sus integrantes. También descubrió que Figari abusaba sexualmente de sus reclutas y los obligaba a acariciarlo y a acariciarse entre sí.

Las víctimas de Luis Fernando Figari presentaron denuncias ante la Arquidiócesis de Lima en 2011, aunque los primeros señalamientos contra él datan del año 2000. Sin embargo, ni la Iglesia local ni el Vaticano actuaron. No fue hasta 2015, cuando Pedro Salinas, una de las víctimas y ya convertido en periodista, publicó junto a su colega Paola Ugaz el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que se expusieron públicamente las prácticas abusivas del Sodalicio de Vida Cristiana.

La investigación fue llevada a cabo por los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quienes viajaron a Lima el año pasado para tomar testimonio de las víctimas.

Los investigadores del Vaticano descubrieron abusos físicos “incluso con sadismo y violencia”, abusos de conciencia sectarios, espirituales, de autoridad y económicos en la administración del dinero de la Iglesia y el “abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo”.

Pero según los hallazgos de la más reciente investigación del Vaticano, los abusos fueron más allá de Figari, e incluyeron el acoso y la intervención de las comunicaciones de sus víctimas, al tiempo que encubrían los delitos cometidos como parte de sus deberes oficiales.

A inicios de septiembre la fiscalía peruana archivó una investigación abierta en 2016 por los delitos de secuestro, lesiones mentales graves y asociación ilícita en contra de seis integrantes del Sodalicio, incluido Luis Figari y otros dos de los expulsados por el Papa, porque, según la resolución fiscal a la que tuvo acceso la AP, los delitos habían prescrito.

Hay otra investigación fiscal que inició en agosto de 2023 y sigue abierta por presuntos delitos de lavado de activos contra dos integrantes del Sodalicio y un tercero que es familiar de un miembro importante de la organización católica. La fiscalía presume que usan empresas de fachada en Islas Vírgenes y Panamá para ocultar ingresos del sector minero, lo cual es negado por el Sodalicio.

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