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La próxima presidenta de México podría ser una mujer, pero sus fondos gobernar ya se están gastado

Mark Stevenson
Viernes, 16 de febrero de 2024 02:09 EST
AMN-GEN MÉXICO-ELECCIONES
AMN-GEN MÉXICO-ELECCIONES (AP)

Es casi seguro que México elegirá a su primera presidenta en junio — las dos principales aspirantes son mujeres — como también lo es que no tendrá mucho margen para actuar con independencia del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario populista ha seguido proponiendo nuevos y costosos proyectos en sus últimos meses en el gobierno, antes de ceder el testigo el 30 de septiembre. También dejará muchos proyectos de gran calibre sin terminar.

Esto seguramente atará las manos de su sucesora durante gran parte de su mandato de seis años. Aunque gane la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, sobre ella pesarán una montaña de compromisos financieros. La aspirante del partido de López Obrador, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va por delante en las encuestas. Un tercer candidato de una formación más pequeña no tiene apenas opciones de ganar.

“El próximo gobierno heredará un país con un agujero financiero que limitará el margen de maniobra durante el próximo mandato", afirmó Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics. “Para desactivar la vulnerabilidad fiscal actual, el gobierno entrante tendrá que ajustar fiscalmente (gastos o impuestos) en 2025”.

López Obrador ha dicho que antes de dejar el cargo expropiará la empresa estadounidense Vulcan Materials. La medida podría costarle al ejecutivo hasta 1.900 millones de dólares si la empresa de canteras con sede en Alabama gana la demanda de arbitraje internacional en curso contra el país.

Además está la promesa, todavía por concretar, de recuperar los trenes de pasajeros antes del final de su presidencia. El 20 de noviembre, López Obrador publicó un decreto que establecía que si las operadoras privadas de mercancías se negaban a prestar servicios a pasajeros, lo haría el gobierno.

Aunque los trenes circularían por vías estatales operadas por concesionarias privadas — México cerró sus deficitarios ferrocarriles a finales de la década de 1990 — el gobierno podría tener que adquirir los convoyes, arreglar las estaciones y montar un sistema de venta de boletos.

Las ideas para perder dinero no cesan. El 26 de diciembre, López Obrador lanzó una aerolínea estatal en un momento en que la mayoría de los países han decidido cerrar o vender las suyas. Con precios ultrabajos garantizados en vuelos a aeropuertos gubernamentales poco transitados, las perspectivas de pérdida para seguir sangrando recursos son infinitas.

Y como colofón, el 5 de febrero anunció que el ejecutivo garantizará a la jubilación de los trabajadores con el salario íntegro.

Una vez explicado, el plan es menos generoso de lo que parecía inicialmente. Solo los trabajadores con planes de jubilación oficiales recibirían un complemento, y solo hasta el nivel salarial medio de los empleados, unos 10.000 dólares anuales. Aún así, la iniciativa podría costar miles de millones de dólares.

Ese mismo día, Sheinbaum, que concurre a los comicios con el partido Morena de López Obrador y está considerada su seguidora más devota, afirmó que continuará con los proyectos del mandatario y añadirá algunos propios.

Pero casi al mismo tiempo aparecieron evidencias de que no tendrá poder financiero para hacerlo.

Unos días más tarde, el servicio de calificación de Moody’s rebajó aún más la deuda de la petrolera nacional Petróleos Mexicanos, o Pemex, a la categoría de bono basura.

Moody’s basó su decisión en “proyecciones de un mayor deterioro de las condiciones fiscales del gobierno en 2024”, debido a “un aumento material del déficit, impulsado por el gasto social, unos costos de endeudamiento persistentemente altos y el aumento de los gastos en proyectos estrella”.

La próxima presidenta tendrá que terminar una demorada refinería de petróleo de 20.000 millones de dólares que está plagada de sobrecostos y una línea de ferrocarril de 1.530 kilómetros (950 millas), con un presupuesto similar, que recorrerá la península de Yucatán conectando los balnearios costeros y los yacimientos arqueológicos. López Obrador considera que ambos son sus proyectos insignia, pero el tren dista mucho de estar terminado.

Tampoco acabaron las obras de modernización de otras refinerías, ni el servicio ferroviario hasta la capital ni en otro tren que unirá la costa del Pacífico con la del Golfo de México. Además, hay una serie de obras que siguen en construcción.

López Obrador dijo al inicio de su mandato en 2018 que todas estas iniciativas estarían terminadas cuando dejase el cargo, y que todo se financiaría con una reducción del gasto gubernamental y de la corrupción. Pero no ha sido así.

“De hecho, el año pasado terminaron con un déficit presupuestario del 3,4% del PIB, el más alto desde 1989”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, con sede en Nuevo León. “Para este año se prevé un déficit del 4,.9% del PIB, el mayor desde 1988, y la deuda significa más endeudamiento. Sus números no cuadran".

Es poco probable que los proyectos de infraestructura — los aviones y los trenes — lleguen a producir beneficios al ritmo actual.

Por ejemplo, la primera sección del proyecto del Tren Maya en Yucatán llevó a unos 1.780 turistas extranjeros en sus dos primeros meses, es decir, unos cinco por trayecto.

El plan original contemplaba que los turistas serían la fuente de ingresos más lucrativa del servicio, pero las autoridades sugieren ahora que los beneficios podrían llegar de los trayectos cortos o del envío de mercancías. La península tiene poca industria y nada hace pensar que haya una necesidad urgente de que los convoyes lleven cargamentos de crema solar.

López Obrador defendió gasto y el aumento de la deuda alegando que es menor que la acumulada por sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

La deuda de México ronda el 50% de su PIB. Aunque no parece alta comparada con la de Reino Unido y Estados Unidos, ambos en torno al 100%, México cuenta con la deuda adicional de la petrolera estatal y no tiene acceso ilimitado a préstamos a bajo costo, como le ocurre a Washington.

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