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Excarcelan a activista de DDHH venezolana tras protesta pacífica, pero sigue acusada

Associated Press
Miércoles, 13 de agosto de 2025 15:23 EDT
VENEZUELA--DDHH EXCARCELACIÓN
VENEZUELA--DDHH EXCARCELACIÓN (AP)

Una activista de derechos humanos venezolana detenida la semana pasada tras una protesta pacífica fue excarcelada tras ser acusada por la fiscalía general de los delitos de “incitación al odio” y “conspiración”, informó el miércoles su esposo.

Martha Lía Grajales, codirectora de la organización no gubernamental SurGentes, fue liberada tarde en la noche del martes luego de que “recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”, indicó su marido Antonio González Plessmann en un comunicado.

González Plessmann, también activista de derechos humanos, destacó que pese a su excarcelación “sigue un proceso judicial que es a todas luces arbitrario”.

Grajales fue detenida el 8 de agosto luego de su participación en una vigilia por los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas.

La fiscalía informó en un comunicado que le imputó los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación" ilegal.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, habían exigido su liberación inmediata.

Más de 2.000 personas fueron detenidas en los días posteriores a la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024 de la que el organismo electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, un resultado desconocido por la oposición y cuestionado por varios gobiernos de la región, Estados Unidos y Europa.

La mayoría de esos detenidos han sido liberados, según la Fiscalía General, pero docenas de personas vinculadas a la oposición siguen tras las rejas acusadas de “incitación al odio” y “terrorismo", delitos que contemplan penas de entre 10 y 30 años de prisión.

Maduro sostiene que numerosas organizaciones no gubernamentales, vinculadas con la defensa de los detenidos, son financiadas por el Departamento de Estado, entre otras instituciones estadounidenses, para desprestigiar a su gobierno en medio de una creciente tensión entre ambos países.

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