Entra en vigor la impopular reforma de pensiones de Macron
El impopular plan del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años entra en vigor un día después de que el Consejo Constitucional del país aprobase el cambio
El impopular plan del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años entró en vigor el sábado, un día después de que el Consejo Constitucional del país aprobase el cambio.
La firma de Macron y su publicación de la ley en el Diario Oficial de la República Francesa oficializaron la entrada en vigor de la ley.
El Consejo Constitucional rechazó en la víspera algunas medidas del proyecto de ley, pero dio luz verde a la modificación de la edad mínima de jubilación, que era uno de los pilares del plan de Macron y el blanco de la furia de los manifestantes.
La decisión de los nueve miembros del organismo puso fin a meses de tumultuosos debates parlamentarios y de fervor en las calles. De forma espontánea, los inconformes salieron a protestar en París y en otras partes tras conocerse el fallo.
Los principales sindicatos franceses, que organizaron 12 jornadas de protesta de ámbito nacional con la esperanza de derrocar el plan, han prometido seguir luchando hasta que se retire. Convocaron otra movilización masiva para el 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores.
El gobierno sostiene que exigir que se trabaje dos años más para poder reclamar una pensión es una medida necesaria para mantener el sistema a flote ante el envejecimiento de la población. Los contrarios a la medida propusieron subir los impuestos a las rentas más altas o a las empresas, y apuntaron que el cambio amenazaba la red de beneficios sociales peleados durante años.
El retraso de la jubilación pretendía ser la medida estrella del segundo mandato de Macron. Fue reelegido hace un año, pero las encuestas de opinión muestras que su popularidad está en su nivel más bajo en cuatro años.
Macron fue elegido por primera vez en 2017 con la promesa de que haría que la economía francesa fuese más competitiva, lo que incluía hacer que la gente trabajase más tiempo. Desde entonces, su gobierno ha facilitado la contratación y los despidos, rebajó los impuestos a las empresas y ha dificultado que los desempleados reclamen sus prestaciones.