Defensores piden a la ONU que frene la práctica del ICE de ocultar el paradero de detenidos

Defensores de derechos humanos pidieron el miércoles a un panel de las Naciones Unidas que intervenga para ayudar a poner fin a una nueva práctica del gobierno de Estados Unidos que consiste en ocultar a familias y abogados el paradero de miles de detenidos que enfrentan la deportación.

El 15 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) eliminó de su Sistema en Línea de Localización de Detenidos los nombres de personas con órdenes finales de expulsión, en un aparente intento de acelerar sus deportaciones. El cambio, que el ICE no anunció y no ha explicado, se aplica a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos que están bajo custodia de la agencia.

La medida ha hecho más difícil que los detenidos puedan impugnar deportaciones inminentes al obstaculizar el acceso a sus abogados, a la vez que ha devastado a familias que perdieron el rastro de sus seres queridos, según abogados de inmigración.

Una coalición de más de 30 grupos que defienden a personas no ciudadanas en Estados Unidos presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que declare que la política viola el derecho internacional y para que impulse su terminación.

“Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos”, señaló Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y una de las firmantes de la petición. “Hacer desaparecer a personas dentro de una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y cortarles el acceso a ayuda externa es la definición de una desaparición forzada”.

Por su parte, más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por las representantes Luz Rivas y Veronica Escobar, instaron el miércoles al ICE a que vuelva a poner los nombres en el localizador, calificando la práctica de ocultarlos como “contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense”.

La agencia matriz del ICE negó el miércoles que sus prácticas equivalgan a hacer desaparecer a personas, y sostuvo que todos los detenidos “tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”.

“El proceso adecuado para un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. “Dicho esto, el DHS cuenta con una estricta evaluación de aplicación de la ley que respeta el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos”.

Por lo general, los detenidos pueden llamar a sus familiares si tienen dinero en sus cuentas de economato, mientras que las llamadas a sus representantes legales deben ser gratuitas.

Cerca de 1,4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión. Eso suele significar que un juez de inmigración determinó que deben ser deportadas y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada. Aun así, tienen varias opciones legales para impugnar su detención y deportación. Jueces federales han dictaminado miles de veces que los detenidos deben ser liberados o que se les concedan audiencias de fianza.

En la petición ante la ONU se indica que la política ya ha “impedido que los abogados accedan a sus clientes en detención, frenando intervenciones para solicitar auxilio migratorio, impugnar detenciones inconstitucionales e impedir deportaciones ilegales”.

Se mencionan ejemplos de varios detenidos, entre ellos, una madre y su hija de 7 años que impugnaban su detención en una instalación de Texas, pero perdieron el acceso a sus abogados mientras enfrentaban la deportación a Venezuela. Solo después de que un juez ordenó al ICE que revelara su paradero, la agencia lo hizo —unas 18 horas después— y las liberó de la custodia, según la petición.

Un hombre reportó un estrés intenso y que “los pensamientos más oscuros imaginables” pasaron por su mente después de que el paradero de su madre anciana con discapacidad fuera eliminado abruptamente del sistema, de acuerdo con la petición.

En la petición se indica que el localizador en línea del ICE, lanzado en 2010, se ha convertido en “una herramienta aún más crucial” a medida que el gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una amplia campaña para arrestar y deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente. Se señala que el grupo de trabajo de la ONU había presionado para la creación del localizador y para su ampliación en 2024 a fin de incluir a personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.

En la petición se solicita al grupo de la ONU que inste al ICE a publicar de manera abierta la ubicación de todos los detenidos dentro de la siguiente hora después de su arresto y a dar a los abogados de los detenidos un aviso con 24 horas de antelación antes de un traslado. El grupo de la ONU, que se formó en 1980, ayuda a las familias a localizar a seres queridos que, según se ha informado, han sido sometidos a desaparición forzada por agentes gubernamentales. Tiene cinco integrantes y actualmente está presidido por Grazyna Baranowska, de Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.