La muerte asistida pronto será legal en Nueva Zelanda, ya que la Ley de elección al final de la vida entrará en vigor el 7 de noviembre.
El ministro de salud del país, Andrew Little, dijo el martes que los sistemas de salud estaban listos para implementar la ley. Little citó un referéndum público que se celebró junto con las elecciones generales el año pasado y dijo que la muerte asistida recibió la aprobación del 65 por ciento del público.
La ley se introdujo en el Parlamento de Nueva Zelanda en 2019.
Según la ley, una persona con una enfermedad terminal que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda puede solicitar medicamentos para aliviar su sufrimiento al poner fin a su vida.
La administración de la primera ministra Jacinda Ardern ha trazado un marco legal y ha puesto en marcha un proceso de alto nivel que permitirá el acceso a quienes busquen morir de esta forma.
“El Ministerio de Salud será responsable de la ley y tiene un programa de implementación en marcha para implementar el servicio de muerte asistida”, dice el comunicado.
El proceso tendrá estrictos criterios de elegibilidad y salvaguardas, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.
La ley no sustituirá a los cuidados paliativos ni a los servicios de salud.
Little dijo que un mecanismo de revisión independiente será una de las muchas salvaguardas implementadas para garantizar que el servicio funcione de acuerdo con los estrictos criterios establecidos por la ley.
Se espera que en la mayoría de las circunstancias “estos servicios se brinden en la comunidad y sean gratuitos para las personas que cumplan con los estrictos criterios de elegibilidad”, agregó.
Una persona que busque la muerte asistida deberá tener 18 años o más, ser ciudadano o residente permanente de Nueva Zelanda, sufrir una enfermedad terminal que probablemente terminará con su vida en seis meses y estar en un estado avanzado de deterioro irreversible de capacidad física, según los criterios de elegibilidad.
También se tendrá en cuenta la experiencia de la persona con respecto al sufrimiento insoportable que no se pueda aliviar de una manera que la persona considere tolerable.
La persona en cuestión deberá ser competente para tomar una decisión informada sobre la muerte asistida, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley de elección al final de la vida.
Un médico o enfermero que sospeche que una persona está siendo presionada por su decisión de recibir asistencia para morir en cualquier etapa debe detener de inmediato el proceso.
Cualquier individuo que desee recibir asistencia para la muerte también tiene derecho a no tener una discusión sobre su deseo de morir con sus amigos o familiares si no lo desea.
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El Ministerio de Salud también ha compartido un conjunto de directrices para enfermeras y enfermeras practicantes.
Dignity in Dying, un grupo de derechos que respalda la muerte asistida, elogió la legalización. "Esta es una tremenda victoria para los derechos humanos", dijo.