México presentó sus primeros argumentos en la demanda contra los fabricantes de armas

Los representantes del gobierno mexicano tuvieron por primera vez la oportunidad de exponer sus argumentos en la demanda contra los fabricantes de armas en una corte de Massachusetts para que el juez ordene que se inicie un juicio.

Los litigantes de ambas partes presentaron sus alegatos que, sumados a lo que se entregó por escrito durante los últimos diez meses, definirán el curso de la batalla legal en la que México exige una indemnización de 10.000 millones de dólares bajo el argumento de que los fabricantes de armas tienen una responsabilidad civil por alentar el tráfico de armamento con campañas publicitarias y productos especialmente diseñados para atraer a los grupos criminales.

El gobierno de López Obrador, representado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reclama que medio millón de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y ubica el daño de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB.

Ocho compañías productoras de armas se encuentran en la demanda, entre ellas algunas que son líderes del mercado como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock, marcas que representan 7 de cada 10 armas ilegales en México.

La defensa de las empresas argumentó que están blindadas ante cualquier acción legal por la PLCAA (Ley de Protección al Comercio Legal de Armas) que les brinda inmunidad legal en el territorio estadounidense; y que no hay suficiente evidencia para fincar una responsabilidad por el uso inadecuado de sus armas.

Mientras que la estrategia legal consistió en presentar respuestas por separado para obligar al equipo legal mexicano a fragmentarse para responder uno a uno los argumentos, además de una moción que presentaron en conjunto en la que, entre otras cosas, alegan que no se les puede culpar de la “incompetencia” del gobierno mexicano para hacer frente a la crisis de violencia que azota al país.

Cabe destacar que, el mismo día que presentaron sus alegatos, un tiroteo en el metro de Brooklyn, Nueva York, dejó al menos 29 heridos. Mientras que en México, tan sólo en enero y febrero se iniciaron 2.800 investigaciones por homicidio con arma de fuego.

Por su parte, el equipo legal mexicano asegura que la inmunidad de la industria armamentista queda excluida de este juicio porque los daños se cometieron fuera de territorio estadounidense y porque el estatuto PLCAA no dice explícitamente en su texto que el blindaje de las armerías frente a cualquier demanda aplica en el extranjero también.

La demanda tuvo su origen tras el tiroteo ocurrido en una tienda de autoservicio de El Paso, Texas, en agosto de 2020, en el que murieron varios mexicanos. Se trata de una acción de responsabilidad civil por daños en la que exigen que los fabricantes se conduzcan con el cuidado proporcional a la actividad que representan.

Algunas de las actividades por las que el gobierno mexicano acusa el vínculo causal directo a los fabricantes es la “venta de armas a prestanombres y las ventas reiteradas en un periodo corto de tiempo a un mismo actor”, dijo Liliana Oliva Bernal, consultora jurídica de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores).

Uno de los elementos que exige el equipo legal mexicano es un resarcimiento que se traduce en una indemnización económica. Sin embargo, también piden una orden judicial que les instruya a las compañías a cesar con los “patrones ilícitos en su actividad que resultan en el tráfico”; que ofrezcan garantías de no repetición; y la implementación de programas para disciplinar a sus cadenas de distribución y fomentar el conocimiento de que estas prácticas negligentes pueden resultar en el tráfico ilícito de sus productos hacia México y otros países.