California propone demandas privadas a fabricantes de armas

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso permitir que los ciudadanos del estado demanden a fabricantes de armas de fuego para forzarles a frenar su producción de fusiles automáticos, de la misma manera en que Texas les permite a sus residentes demandar a las clínicas de abortos. Newson seguidamente retó a la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar los dos asuntos de la misma forma.

En una conferencia de prensa el viernes en la ciudad costera de Del Mar, al norte de San Diego, Newsom dijo que piensa que la ley de Texas es errónea y que la decisión que tomó la Corte Suprema en diciembre de mantenerla en vigor era “absurda” e “indignante”.

“Pero ellos abrieron las puertas. Establecieron las pautas, el tono y las reglas. Y nosotros podemos ya sea quedamos a la defensiva, quejándonos, o jugar bajo esas reglas. Vamos a jugar con esas reglas”, dijo. Añadió más adelante: “Veremos qué tan recta es la Corte Suprema de Estados Unidos”.

La inusual ley de Texas, aprobada el año pasado, prohíbe todos los abortos una vez que se detecta el latido del corazón, usualmente alrededor de la sexta semana de embarazo. La ley no le permite al gobierno hacerla cumplir. En lugar de ello, los ciudadanos pueden demandar a las clínicas de abortos o a cualquiera que “instigue y asista” al procedimiento.

La propuesta de ley en California, lanzada el viernes, haría lo mismo. Pero en lugar de demandas a las clínicas de abortos autorizaría demandar a los fabricantes de armas de fuego y otros que venden, producen o distribuyen fusiles de asalto en el estado.

California ha prohibido durante décadas la fabricación y venta de muchas armas de asalto. Pero el año pasado, el juez federal de distrito Roger Benitez anuló esa ley, diciendo que era inconstitucional y comparó los fusiles AR-15 con un cuchillo Swiss Army, al subrayar que eran “buenos tanto para el hogar como para la batalla”. El fallo indignó a Newsom, quien prometió responder.

La propuesta en California es exactamente lo que grupos defensores de los derechos para poseer armas de fuego temían que sucediese si la Corte Suprema de Estados Unidos dejaba en vigor la ley de Texas.