Un desfile en el Carnaval de Río reclama que se detenga la minería ilegal en tierras indígenas

Bailarines de Carnaval llegaron el domingo al mayor escenario de Río de Janeiro con el rostro pintado de rojo al estilo indígena tradicional, mientras los percusionistas tocaban con las palabras “Mineros fuera” escritas en sus tambores.

Todo formaba parte del homenaje de la escuela de samba Salgueiro a los yanomami, el grupo indígena más grande de Brasil. Las grandes carrozas alegóricas, disfraces y canciones aludían a la antigua cultura y tradiciones del grupo.

“Mi Salgueiro es la flecha para la gente del bosque”, coreaban los participantes en el desfile mientras recorrían el Sambódromo y transmitían su mensaje a más de 70.000 asistentes en el recinto y millones de personas que lo seguían por televisión. “La oportunidad que nos queda es un Brasil indígena”.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe presiones para que cumpla sus promesas de erradicar la minería ilegal, especialmente tras un retroceso reciente en esos esfuerzos. Estos días se cumple un año desde que Lula declaró una emergencia de salud pública para los yanomami en la Amazonía, que sufren malnutrición y enfermedades como la malaria a consecuencia de la minería ilegal.

“El nuestro es un grito de auxilio de Brasil y el mundo en general”, dijo Davi Kopenawa, líder yanomami y chamán que asesoró a la escuela de samba sobre cómo mantenerse fiel a su pueblo, y que desfiló con Salgueiro. “Mi esperanza es que el mundo, al oír nuestra llamada, presione al gobierno brasileño para que expulse a todos los mineros, destructores de nuestra madre Tierra, que están ensuciando el agua y matando el pescado”.

Kopenawa desfiló con brazaletes y un tocado de plumas, además de un collar de cuentas con la imagen de un jaguar. Le acompañaban otros 13 yanomami que cruzaron el país en avión para participar en el espectáculo de Salgueiro. Una de las primeras carrozas simulaba un tronco de árbol cortado, y una artista interpretaba a una madre yanomami tratando de proteger a su hijo mientras se acercaban los invasores. Otras carrozas mostraban enormes esculturas de personas yanomami.

A través de su homenaje a la historia y cultura de los yanomami, Salgueiro quería llamar la atención sobre los efectos devastadores de la minería ilegal dentro del territorio Yanomami, incluida la contaminación generalizada del río, la hambruna y la enfermedad.

Unos 30.000 yanomami viven en el territorio indígena más grande de Brasil, que abarca más de 9 millones de hectáreas (22 millones de acres) en la zona norte del bosque amazónico, junto a la frontera con Venezuela.

Tres semanas después de asumir la presidencia, Lula declaró una emergencia de salud pública y envió a las fuerzas armadas, médicos, enfermeras y alimentos. Aun así, 300 yanomami murieron por diversas causas en 2023, según el Ministerio de Salud.

Lula creó con rapidez un equipo interministerial encargado de combatir la minería ilegal, y en 2003 la agencia medioambiental brasileña destruyó un récord de 33 aeronaves encontradas en territorio Yanomami o sus alrededores. Los agentes también destruyeron o confiscaron barcazas mineras, combustible, sierras eléctricas, dispositivos de internet Starlink y campamentos. Miembros del gobierno dicen que desde el inicio de la operación, las zonas con minería ilegal en territorio Yanomami han bajado un 85% y la salud de la comunidad ha mejorado.

Pero tras el éxito inicial de la operación, fiscalía, fuerzas de seguridad y empleados de agencias federales de medio ambiente dicen que los mineros ilegales están regresando.

“Ha habido una reducción significativa, pero la minería no ha terminado. Creemos que los mineros están explotando todo lo posible, porque calculan que en algún momento tendrán que marcharse”, dijo a The Associated Press Jair Schmitt, responsable de protección medioambiental en la agencia ambiental brasileña Ibama.

Schmitt dijo que los mineros se han adaptado para eludir a las fuerzas de seguridad y la detección por satélite trabajando de noche, estableciendo campamentos bajo la cobertura de los árboles y trabajando en pozos mineros antiguos en lugar de desmontar bosques para abrir otros nuevos.

Las autoridades también han detectado que los mineros empiezan a trabajar de forma mucho más artesanal y a pequeña escala, indicó Humberto Freire, director de la división amazónica y ambiental recién creada de la policía federal. Las agencias del gobierno tienen que tomar medidas más firmes, afirmó.

“Por ejemplo, necesitamos que la fuerza aérea controle de forma eficaz el espacio aéreo sobre tierras Yanomami. Necesitamos que la marina controle el flujo de personas en los ríos. También necesitamos que el ejército haga un trabajo de calidad”, explicó Freire. “La policía federal puede hacer más, las fuerzas armadas pueden hacer más, así como Ibama y Funai (la agencia de asuntos indígenas)”.

En una de las partes del desfile había bailarines vestidos con los uniformes verde oscuro del ejército. Detrás avanzaba una carroza con dos grandes cascos militares con calaveras, un elemento abiertamente crítico.

Lula ha dicho que las fuerzas armadas jugarán un papel clave en la lucha prestando apoyo logístico y seguridad a los funcionarios y agentes federales sobre el terreno, que han expresado un miedo creciente por sus vidas.

Pero la responsabilidad del ejército no es entablar un combate directo, señaló el politólogo João Roberto Martins Filho. Aun así, la gran pregunta es por qué el ejército, que tiene tres bases permanente sen territorio Yanomami, no dio la voz de alarma durante el mandato del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro.

“Casi hubo una masacre de una población desprotegida. ¿Por qué el ejército dejó que esto pasara en lugar de denunciarlo al gobierno federal o contactar con la prensa?”, preguntó a AP Martins Filho, profesor de la Universidad Federal Sao Carlos. “En cierto modo, fueron cómplices”.

En una respuesta por escrito a AP, el ejército dijo que la minería ilegal y la crisis de salud dentro del territorio Yanomami “son asuntos complejos que implican la jurisdicción legal de varias agencias del gobierno” y que el ejército “siempre está preparado para cumplir sus misiones estratégicas”. Eso incluye prestar apoyo a agencias federales a través de actividades logísticas, de comunicación e inteligencia, como las realizadas en el territorio Yanomami, añadió el comunicado.

Los aviones ilegales son cruciales para transportar a los prospectores y el equipamiento a reservas lejanas, como mostró una investigación de Associated Press de 2022 en el estado de Roraima, donde se produce la mayoría de la minería que afecta a los yanomami. Sin aeronaves no autorizadas, expertos y funcionarios han dicho que la minería ilegal se derrumbaría.

Tras un decreto presidencial de enero de 2023 que ordenó a la fuerza aérea cerrar el espacio aéreo sobre territorio yanomami, la situación sobre el terreno mejoró de forma significativa, según dijeron a AP autoridades e indígenas.

En una respuesta por escrito a AP, la fuerza aérea brasileña dijo que ha estado patrullando la llamada Zona Aérea de Identificación de Defensa sobre el territorio Yanomami. Según esa norma, una aeronave podría ser derribada si no acata las órdenes de cambiar de ruta. La fuerza afirma que la medida ha reducido en un 90% los vuelos ilegales.

“Es muy eficiente. Encontrábamos pistas de aterrizaje, pero no aviones”, dijo André Luiz Porreca Ferreira Cunha, fiscal federal que supervisa los casos asociados a la minería ilegal en el oeste de la Amazonía.

Sin embargo, algunas personas sobre el terreno sugieren que las fuerzas armadas ya no participan lo suficiente en las operaciones y los mineros ilegales empiezan a regresar como resultado.

En un comunicado conjunto el mes pasado, las asociaciones que representan a trabajadores federales en asuntos ambientales e indígenas acusaron a las fuerzas armadas de “no cumplir su misión de respaldar y facilitar la labor de otras agencias” contra la minería ilegal. La asociación afirmó que el ejército negó el uso de aeronaves para transportar personal y equipo, no ha colaborado en la destrucción de maquinaria de minería y pistas de aterrizaje, y en su lugar cerró puntos de apoyo para repostaje de aeronaves de la agencia medioambiental.

El fiscal Ferreira Cunha dice que los ataques violentos a agentes del Ibama y de la policía federal se están haciendo más frecuentes, con algunos casos de intento de asesinato. Los equipos de salud del gobierno también han sido atacados y no pueden —o no quieren— llegar a algunas comunidades, dijo Júnior Hekurari, miembro del grupo y presidente de Condisi-Y, el consejo local de salud.

“Algunos están fuertemente armados, los equipos de salud tienen miedo”, dijo.

“Este estado de emergencia no puede resolver el problema. Necesitamos algo permanente, para todas las comunidades”, añadió Hekurari. “Si (las autoridades del gobierno) no se quedan, los mineros regresarán mañana”.

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Maisonnave informó desde Brasilia. ___

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