Indígenas peruanos ganan reclamo de tierras ancestrales, pero luego lo pierden

Un fallo histórico que permitía a una comunidad indígena de la Amazonia peruana reclamar selvas ancestrales ha sido anulado por una corte de apelaciones, decisión que expertos en derecho calificaron de irregular.

Las tribus kichwa vivían desde hacía siglos en la zona del Parque Nacional Cordillera Azul hasta que se inauguró el parque en 2001. Los kichwa dicen que les robaron su tierra. Grandes empresas como Shell y TotalEnergies han invertido más de 80 millones de dólares desde entonces en la compra de créditos por carbono en el parque para compensar sus emisiones de carbono.

Ese dinero no ha ayudado a la población kichwa de Puerto Franco, que ha caído en la desnutrición desde que perdió el acceso a la caza, la pesca y la recolección en la zona del parque. La población festejó una dramática victoria legal en abril, cuando la jueza Simona del Socorro Torres Sánchez sentenció que la creación del parque sin su consentimiento violaba sus derechos. Ordenó a las autoridades que les otorgaran títulos a la tierra para garantizar que se beneficiaran con las actividades de conservación y participaran en la gestión del parque.

Diez días después del fallo, una corte de apelaciones sentenció que CIMA, la ONG que gerencia el parque en nombre del gobierno peruano y administra el proyecto de compensación por carbono, había sido agregada indebidamente como coacusada en el caso. La corte de apelaciones anuló el fallo debido a “la presencia de vicios insalvables tanto en el debido proceso como en la motivación de la resolución judicial”.

CIMA festejó el fallo. El director ejecutivo Jorge Aliaga dijo en un correo electrónico que tal como cualquier proceso judicial en Perú, los procedimientos formales se deben seguir.

Pero tres abogados peruanos que revisaron el caso por pedido de la Associated Press pusieron en tela de juicio la medida de la corte de apelaciones. Dos dijeron que aparentemente CIMA participó como coacusada en la demanda, y si se había cometido un error de procedimiento al principio, este no constituía una violación del debido proceso. Los tres dijeron que fue un error anular el veredicto en su totalidad.

“No es normal, en absoluto”, asegura Pedro Grández, abogado constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Dijo que “la sala pretende incidir en el fondo de la cuestión cuando no ha revisado el fondo, solo un incidente procesal”.

Juan Carlos Díaz, también abogado constitucionalista en la misma universidad, dijo que “no había fundamentos para declarar la nulidad”. Señaló que el abogado de CIMA había participado en la audiencia en la cual se agregó a la ONG como coacusada y no presentó objeción alguna.

“Creo que la sala comete un error”, dijo Díaz.

La experta en derecho constitucional Silvia Sánchez, profesora en la Academia de la Magistratura, donde se forman los jueces peruanos, dijo que “son cuestiones, digamos, no relevantes o mínimas como para quebrar todo un proceso y volverlo a la audiencia”.

El caso hubiera regresado a la jueza Torres Sánchez debido al presunto error de procedimiento, pero el gobierno peruano pidió al mismo tribunal de apelaciones que estudiara los méritos del caso. El argumento del gobierno es que el reclamo de los kichwa ha prescrito. También dice que es imposible una superposición del parque con el territorio kichwa porque ese territorio jamás se ha definido legalmente.

Una investigación de AP en diciembre determinó que el parque casi con certeza incluye territorio kichwa de acuerdo con la definición de una convención indígena de la Organización Internacional del Trabajo que Perú firmó en 1994.

Algunos kichwa lloraron al describir para AP las penurias que les ocasiona la pérdida de acceso a la tierra. Ante la prohibición de talar árboles para cultivar la tierra y atrapados entre zonas protegidas, solo obtienen alimentos de un río sometido a sobrepesca y no tienen recursos para educar a sus hijos.

Las autoridades peruanas argumentaron en documentos legales que los kichwa no objetaron la creación del parque en 2001 ni presentaron reclamos durante un taller cartográfico dos años después.

Pero Torres Sánchez determinó que se han “violado varias veces” los derechos de los kichwa al crear el parque sin consultarlos. Que los kichwa no hubiesen pedido ser consultados “no exonera al Estado de su obligación de realizar la (consulta). No se trata de una formalidad a superar”.

Su sentencia ordenaba a los guardaparques dar a los kichwa pleno acceso a los bosques. También implicaba que los kichwa deberían recibir parte de los fondos recaudados con la venta de compensaciones por carbono al ordenar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado “cumpla con el derecho de las comunidades nativas… de beneficiarse de las actividades de conservación en sus territorios.”

Torres Sánchez dijo que Puerto Franco no se había beneficiado un ápice con el proyecto de conservación, a pesar de que la vigilancia de los kichwa había ayudado a conservar los bosques.

El servicio de teléfono celular en la región del parque es esporádico, y no fue posible contactar a los kichwa de Puerto Franco.

El Forest Peoples Programme, una ONG que aboga por los kichwa, dijo que el primer fallo sentaba un precedente para los pueblos indígenas de todo Perú. Matías Pérez Ojeda del Arco, del FPP, dijo que la anulación del fallo por la corte de apelaciones constituía una evidente irregularidad judicial y reclamó una investigación por parte de las autoridades.

Grández dijo que la sentencia del tribunal inferior debería ser válida durante la apelación.

“Yo si fuera juez, diría esta sentencia está firme mientras la sala se pronuncia sobre el fondo”, afirmó. “En este momento la comunidad tiene una sentencia a favor”.

El gobierno peruano no respondió a varios pedidos de declaraciones.

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La periodista de The Associated Press Mitra Taj en Lima, Perú, contribuyó para este reportaje.