Informe revela que 200.000 personas sufrieron abusos en centros de acogida de Nueva Zelanda

Una investigación independiente en Nueva Zelanda sobre décadas de abusos a niños y adultos vulnerables publicó el miércoles un demoledor informe final en el que se concluye que los organismos estatales y las iglesias del país no impidieron, detuvieron o admitieron los malos tratos infligidos a las personas a su cargo.

Según el informe, la magnitud de los abusos fue “inimaginable”: se calcula que, a lo largo de siete décadas, unas 200.000 personas sufrieron abusos, muchas de ellas maoríes, el pueblo indígena neozelandés.

En respuesta a las conclusiones, el gobierno aceptó por primera vez que el trato histórico dispensado a algunos niños en un tristemente célebre hospital estatal equivalía a tortura, y prometió disculparse ante todas las personas que habían sufrido abusos en centros estatales, de acogida, y religiosos desde 1950.

Pero el primer ministro, Christopher Luxon, dijo que era demasiado pronto para decir cuánto esperaba pagar el gobierno en concepto de indemnización —una factura que, según la investigación, ascendería a miles de millones de dólares— o para prometer que los funcionarios implicados en la negación y el encubrimiento de los abusos perderían sus puestos de trabajo.

Luxon declaró que el gobierno había escuchado a los supervivientes, creía en la veracidad de sus testimonios, y estaba conmocionado por los resultados de la investigación. Dijo que el gobierno pediría disculpas formalmente a los sobrevivientes el 12 de noviembre.

“Siempre pensamos que éramos excepcionales y diferentes, y la realidad es que no lo somos”, dijo, agregando que era “un día oscuro y triste” para el país.

Las conclusiones de la Comisión Real —el nivel más alto de investigación que se puede emprender en Nueva Zelanda— culminaron una investigación de seis años que siguió a dos décadas de indagaciones similares en todo el mundo, en un contexto en el que las naciones buscan reconocer las transgresiones de las autoridades contra los niños separados de sus familias y colocados en centros de acogida.

Los resultados fueron una “vergüenza nacional”, según el informe de la investigación. De 650.000 niños y adultos vulnerables bajo tutela estatal, de acogida o eclesiástica entre 1950 y 2019 —en un país que hoy tiene una población de 5 millones de habitantes_, casi un tercio sufrió abusos físicos, sexuales, verbales o psicológicos. Muchos más fueron explotados o desatendidos.

Es probable que las cifras fueran mayores. Las denuncias no se tenían en cuenta y los registros se perdían o destruían.

“Estas graves violaciones se produjeron al mismo tiempo que Aotearoa Nueva Zelanda se promocionaba a sí misma, internacional y nacionalmente, como un bastión de los derechos humanos y como un país seguro y justo donde un niño podía crecer en el seno de una familia afectuosa”, escribieron los responsables de la investigación, utilizando los nombres maorí e inglés del país.

Cientos de sobrevivientes y sus partidarios llenaron el miércoles la tribuna pública en el Parlamento, donde los legisladores respondieron a los hallazgos. Se pusieron de pie y cantaron una canción maorí en una escena emotiva.