El gobierno argentino le resta importancia a la primera huelga general
El gobierno del presidente argentino Javier Milei le restó importancia el jueves a la primera huelga general con la que el sindicalismo desafió sus planes de reforma y ajuste de la economía y consideró inviable un diálogo con los líderes de la medida de fuerza.
"Agradecemos a los millones de argentinos que no han adherido a este paro... distintos informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento fue muy bajo”, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni a periodistas.
“El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle”, sostuvo el funcionario.
El funcionario dijo que para el gobierno el día de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) —la mayor central sindical— transcurrió normalmente, con el transporte público funcionando buena parte de la jornada y muchos comercios abiertos en la capital.
Milei, un economista de perfil ultraliberal, enfrentó la primera huelga general convocada por el poderoso movimiento sindicalista argentino a poco más de un mes de su llegada a la presidencia el 10 de diciembre. La medida de fuerza apuntó contra reformas económicas y laborales que limitan el poder de los gremios y políticas de fuerte recorte del gasto público.
La huelga fue acompañada de marchas callejeras en Buenos Aires y otras ciudades.
En tanto, los sindicalistas sostienen que la huelga tuvo un masivo acatamiento en el país y que los manifestantes en la capital ascendieron a 600.000.
Adorni consideró que la huelga fue de carácter político y constituyó una muestra de los "espasmos de una casta sindical en retirada” y descartó la posibilidad de que el gobierno pueda entablar un diálogo con los líderes de la protesta al considerar que han incurrido en “una pirotecnia verbal bastante pesada". Sin embargo, acotó que “de todas maneras entendemos que es una parte del sindicalismo”.
Adorni se refirió así las palabras de Pablo Moyano, secretario adjunto de los choferes de camiones y uno de los líderes de la CGT, quien dijo que si el ministro de Economía Luis Caputo lleva a cabo las medidas de ajuste "los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo”, en referencia al río contaminado que transcurre por el sur de la capital.
"En este nivel de diálogo no entramos porque no consideramos que sea diálogo. Entendemos que es una parte del sindicalismo que no quiere perder privilegios. Decir que van a revolear a un ministro al riachuelo es un acto violento, más en democracia”, expresó el funcionario.
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, cuestionó el "mal diagnóstico” del gobierno sobre la medida de fuerza y señaló que “el paro fue algo que trascendió a los trabajadores. Si no lo ve así, el jefe de Estado se va a equivocar. La gente le está explicando que tiene que tomar otras actitudes y al parlamento le dice que no puede traicionar”, remarcó en declaraciones a Radio 10.
Para los huelguistas los cambios estructurales que propone Milei en un decreto presidencial que contempla la modificación de cientos de leyes para desregular una economía fuertemente intervenida y un proyecto de ley que abarca los ámbitos político, productivo, social, impositivo y de las jubilaciones, entre otros, revertirán los derechos conquistados por los trabajadores, destruirán la posibilidad de movilización del sindicalismo y desguazarán al Estado.
Ambas iniciativas han entrado al Congreso. Un dictamen que logró el oficialismo sobre el proyecto de ley sería tratado la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados con un futuro muy incierto porque los legisladores opositores más dialoguistas que lo firmaron mantienen aún fuertes discrepancias con el gobierno sobre su contenido.
Milei sostiene que sus reformas buscan principalmente una reducción drástica del déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación de 211% anual y sentar las bases para la estabilidad económica y el crecimiento.