Trump intensifica la ofensiva por el voto de no ciudadanos rumbo a noviembre

Las continuas afirmaciones del presidente Donald Trump y sus aliados sobre las supuestas amenazas del voto de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos se intensifican a medida que se acerca la elección de noviembre.

El mandatario presiona para que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe boletas por correo solo a votantes verificados como ciudadanos de Estados Unidos. La Oficina del Censo promovió un informe dudoso sobre miles de no ciudadanos que votaron en 2020, una elección que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional de Trump afirma, sin aportar pruebas, que 250.000 no ciudadanos podrían estar en los padrones en tan solo cuatro estados.

Esta semana, el candidato republicano a gobernador en Maine confirmó una grabación de audio en la que dijo que planea pedirle al zar fronterizo de Trump que envíe alguaciles federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a los centros de votación del estado para garantizar que solo los votantes legales emitan su voto.

La evidencia de que no ciudadanos votan sigue “acumulándose”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, cuando se le preguntó sobre el informe del censo.

En realidad, el voto de no ciudadanos es extremadamente raro y se castiga como un delito grave que conlleva la posibilidad de deportación. Aun así, los opositores sostienen que el énfasis desmedido en el tema por parte de Trump y sus aliados prepara el terreno para presentar impugnaciones legales de resultados que quizá no sean del agrado del mandatario durante las elecciones de mitad de mandato, en las que está en juego el control del Congreso.

“Desechen estas afirmaciones engañosas y falaces como una excusa para provocar perturbaciones”, dijo Alexandra Chandler, directora de programas de impacto, elecciones libres y justas, del Democracy Project, un organismo no partidista. “Así pueden negar los resultados después”.

La metodología del informe del censo es defectuosa, pero podría ayudar a sembrar desconfianza

En el informe del censo, que el presidente citó en una publicación en Truth Social, se indica que, en un “análisis inicial”, se encontró que 24.000 no ciudadanos votaron ilegalmente en 2020. Se mencionan datos de un archivo comercial de votantes, que se cotejó con registros federales.

Expertos señalan que la metodología pudo haber generado falsos positivos. Por ejemplo, si el nombre de una persona se vinculó a la dirección equivocada o si el estatus de ciudadanía de una persona no se había actualizado en una base de datos determinada.

Faltaban detalles que normalmente se incluirían en un informe de este tipo sobre tasas de error, indicó Justin Levitt, profesor de derecho de la Universidad Loyola Marymount. Aun así, especialistas en elecciones dicen que podría ayudar a generar desconfianza entre ciertos votantes durante la elección general de este año.

“Esto es una carpeta manila vacía que la administración agitará cuando diga que las elecciones fueron fraudulentas, que votaron no ciudadanos”, afirmó Levitt.

Responsables electorales, desconcertados por la afirmación de 250.000 no ciudadanos en los padrones

La carta de julio del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, en la que alegaba que hasta casi 250.000 no ciudadanos estaban registrados en esos estados, fue recibida con escepticismo y con solicitudes de más información.

“Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones, ya que mi oficina no ha compartido nuestra lista estatal de registro de votantes con el DHS ni con ninguna otra agencia o funcionario federal”, respondió la secretaria de Estado de California, la demócrata Shirley Weber, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés.

En Nueva Jersey, el departamento de Mullin indicó que hasta 35.000 no ciudadanos estaban registrados. Poco después de la carta, el estado, controlado por demócratas, informó que alrededor de 6.600 no ciudadanos fueron registrados indebidamente a través de su sistema de vehículos motorizados en 2023 y 2024.

La gobernadora demócrata Mikie Sherrill dijo que esas personas respondieron “no” cuando se les preguntó si eran ciudadanas, pero aun así fueron registradas. La gobernadora señaló que su administración encontró que “menos de 400” de ellas habían votado y que ha comenzado a reemplazar al proveedor involucrado en los registros indebidos.

El secretario de la Mancomunidad de Pensilvania, el republicano Al Schmidt, escribió en una carta esta semana que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional reconocieron durante una reunión reciente que no tenían un alto grado de confianza en que las 14.576 personas mencionadas en la carta inicial fueran realmente no ciudadanos registrados indebidamente para votar. Añadió que las autoridades federales dijeron que proporcionarían una metodología y que las autoridades de Pensilvania estaban a la espera de esa información.

El secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, de tendencia demócrata, dijo que no entendía la metodología que utilizó el gobierno federal.

“Lo único que puedo decir es que hemos hecho un trabajo importante para asegurarnos de que nuestros padrones electorales estén lo más depurados posible”, expresó.

Hasta el momento, los mensajes de The Associated Press al Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios no han recibido respuesta.

¿Endurecer la seguridad electoral o interferir en las elecciones de mitad de mandato?

La atención implacable a las afirmaciones de que los no ciudadanos están empañando las elecciones en Estados Unidos se produce mientras Trump continúa presionando a senadores republicanos para que aprueben un proyecto de ley que exigiría a las personas que muestren una prueba documentada de ciudadanía estadounidense cuando se registren para votar en las elecciones de mitad de mandato, aunque millones de personas no tienen acceso inmediato a esos registros.

La ley Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act, fue aprobada por la Cámara de Representantes liderada por republicanos, pero está estancada en el Senado, donde incluso algunos miembros del partido del presidente se muestran escépticos sobre sus disposiciones.

Kathy Boockvar, ex secretaria de estado demócrata de Pensilvania y actual directora de una firma no partidista de seguridad electoral, dijo que interpretó la publicación del informe del censo por parte de la administración como parte de una estrategia de “hacer todo lo posible” para aprobar la legislación.

Los partidarios republicanos dicen que el proyecto de ley mejoraría la integridad de las elecciones, incluido el requisito de mostrar una identificación con foto. Reunir los documentos necesarios para demostrar la ciudadanía sería difícil para muchos posibles votantes. En un estudio de la Universidad de Maryland de 2025 se calcula que 21,3 millones de personas en Estados Unidos que son elegibles para votar no tienen documentos que prueben su ciudadanía o no pueden acceder fácilmente a ellos.

Los opositores de Trump sostienen que agitar el espectro del voto de no ciudadanos y que eso conduzca a resultados fraudulentos tiene menos que ver con mantener la integridad de las elecciones que con hacer todo lo posible para que su partido conserve el poder en Washington después de noviembre.

El viernes, la oficina del fiscal federal en Los Ángeles utilizó el arresto de un ciudadano hondureño, acusado de haberse registrado fraudulentamente para votar, como señal de que se prestaría más atención al tema en California, un estado que tiene varias contiendas importantes para la Cámara de Representantes en noviembre. El fiscal federal adjunto Bill Essayli dijo que el arresto era “el primero de muchos por venir”, al tiempo que advirtió que “no se sabe cuántos no ciudadanos están actualmente registrados para votar” en el estado.

“Trump trata de sentar las bases para rechazar la elección del 26”, dijo la secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold. “Trata de desestabilizar la confianza y la administración electoral en sí. Sus esfuerzos por desestabilizar la información y la administración electoral no están funcionando”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.