Gobierno de EEUU acepta retirar reclamos fiscales contra Trump como parte de acuerdo en demanda

El gobierno de Estados Unidos retirará de forma permanente sus reclamos fiscales contra el presidente Donald Trump, según un documento de acuerdo dado a conocer el martes, en lo que representa un uso extraordinario del poder ejecutivo que, en esencia, podría ayudar a proteger al presidente de un mayor escrutinio de sus finanzas y su conducta legal.

Como parte del acuerdo para resolver una demanda por 10.000 millones de dólares que presentó Trump en contra del Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) debido a la filtración de sus declaraciones fiscales, Estados Unidos queda “para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar las auditorías fiscales actuales de Trump, sus hijos y de la Organización Trump, según un documento publicado en el sitio web del Departamento de Justicia.

El gobierno también tiene prohibido investigar a la familia de Trump, a sus allegados y a otras personas, de acuerdo con el documento, que está firmado por secretario de Justicia interino Todd Blanche. Ese documento es un anexo separado del acuerdo original dado a conocer el lunes, el cual se añadió discretamente al sitio web del Departamento de Justicia el martes.

La Casa Blanca remitió las consultas de The Associated Press al Departamento de Justicia- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo se refiere únicamente a las auditorías existentes y no a futuras, indicó el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la ampliación del acuerdo.

La medida se produce después de que el gobierno de Trump anunció el lunes, como parte del acuerdo de la demanda, la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente que creen que han sido investigados y procesados injustamente, un pacto que demócratas y organismos de control gubernamental califican de “corrupto” e inconstitucional.

El “Fondo Antiinstrumentalización", de 1.776 millones de dólares, permitirá que las personas que crean que fueron objeto de procesos penales con fines políticos —incluso por el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente Joe Biden— soliciten pagos, creando lo que Blanche calificó como “un proceso legal para que las víctimas de la guerra judicial y su instrumentalización sean escuchadas y busquen indemnización”.

Blanche, a quien los legisladores sometieron a un enconado interrogatorio el martes en el Capitolio, no descartó la posibilidad de que personas que cometieron actos de violencia durante el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021 sean elegibles a pagos del nuevo fondo.

Legisladores demócratas y organismos de ética arremetieron contra la creación del fondo, asegurando que era corrupto, sombrío y que tenía el potencial de convertirse en una “caja chica” para el presidente y sus aliados. Incluso legisladores republicanos se han mostrado un tanto incómodos con el fondo, incluido el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien comentó que “no es un gran fan”.

Trump declaró el lunes en la Casa Blanca que el fondo está dedicado a “reembolsar a personas que recibieron un trato horrible”.

Daniel Werfel, excomisionado del IRS durante el gobierno de Biden, señaló que no tenía conocimiento de casos en los que el IRS haya aceptado de antemano “renunciar permanentemente a examinar declaraciones de impuestos presentadas previamente por una persona o empresa específica”.

Afirmó que el arreglo le otorga a Trump y a su familia reglas fiscales distintas a las de los demás estadounidenses.

“Ya sea que usted sea el presidente o Joe el plomero, la gente espera que se apliquen a todos las mismas reglas fiscales y el mismo marco de cumplimiento”.

El fondo se anunció después de que Trump, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., y la Organización Trump aceptaron retirar su demanda en contra del IRS y el Departamento del Tesoro. La denuncia afirmaba que una filtración de declaraciones fiscales confidenciales les causó daños en su reputación y finanzas y afectó negativamente su imagen pública.

Según el acuerdo original publicado el lunes en el sitio web del Departamento de Justicia, Trump recibirá una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos, pero “no recibirá pago monetario ni indemnización de ningún tipo” como parte del acuerdo. Aun así, la eliminación de posibles reclamaciones fiscales actuales podría brindarle protección frente a cualquier posible obligación tributaria pendiente.

La jueza Kathleen Williams desestimó el caso el lunes y, en su escrito, reprendió a las agencias gubernamentales, en particular al Departamento de Justicia, por no haber sido transparentes en su acuerdo.

Indicó que ninguna agencia “presentó documentos del acuerdo ni registró documentos que garantizaran que el acuerdo era apropiado cuando existía una duda pendiente sobre si realmente había un caso o controversia”.

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La periodista de The Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.