Familia de relatora especial de la ONU demanda al gobierno de Trump por sanciones de EEUU

La familia de la investigadora independiente de la ONU Francesca Albanese demandó al gobierno del presidente Donald Trump por las sanciones que Estados Unidos le impuso el año pasado debido a sus críticas a las políticas de Israel en la guerra con Hamás en Gaza, al afirmar que las penalizaciones violan la Primera Enmienda.

En una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, el esposo de Albanese y su hija menor describieron el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia, incluida la posibilidad de acceder a su vivienda en la capital del país.

“La expresión de Francesca de sus opiniones sobre los hechos tal como los ha constatado en el conflicto israelí-palestino y sobre el trabajo de la CPI es una actividad central protegida por la Primera Enmienda”, se indica en la demanda, refiriéndose por sus siglas a la Corte Penal Internacional. Ese tribunal ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, por acusaciones de crímenes de guerra.

“En esencia, este caso trata de si los demandados pueden sancionar a una persona —arruinándole la vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana— porque los demandados discrepan de sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”, se añade en el escrito.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre un litigio en curso.

Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, forma parte de un grupo de 47 expertos elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se le encomendó investigar abusos de derechos humanos en los territorios palestinos y ha sido contundente al denunciar lo que ha descrito como el “genocidio” de Israel contra los palestinos en Gaza.

Israel y Estados Unidos, que brinda apoyo militar a su cercano aliado, han negado enérgicamente la acusación de genocidio. Washington había denunciado lo que calificó como la “campaña de guerra política y económica” de Albanese contra Estados Unidos e Israel antes de imponerle sanciones en julio, tras una fallida campaña de presión estadounidense para obligar al organismo internacional a destituirla.

Poco después de ser sancionada, la abogada italiana de derechos humanos dijo a The Associated Press en una entrevista cuál sería el efecto para ella, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Mi hija es estadounidense. He vivido en Estados Unidos y tengo algunos activos allí. Así que, por supuesto, me va a perjudicar”, afirmó la relatora el verano pasado. “¿Qué puedo hacer? Hice todo lo que hice de buena fe y, sabiendo eso, mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales”.

Sin embargo, las sanciones no han disuadido a Albanese de su trabajo ni de sus posturas. Ha publicado informes demoledores sobre la actuación de Israel, entre ellos, uno centrado en lo que, afirmó, era la “economía genocida” del país en los territorios palestinos.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, declaró el año pasado tras uno de sus informes que “ella ha tomado la palabra ‘genocidio’, nacida de las cenizas del Holocausto, y la ha convertido en un arma, no para defender a las víctimas de la historia, sino para atacarlas”.

Los ataques israelíes han roto repetidamente el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos desde el 10 de octubre. Ha habido algunos avances, incluida la reapertura del cruce de Rafah, pero Israel y Hamás no han llegado a un acuerdo sobre el calendario y el alcance de la retirada de Israel de Gaza y el desarme del grupo rebelde.

Aunque los relatores especiales no representan a la ONU ni tienen autoridad formal, sus informes pueden aumentar la presión sobre los países, mientras que sus conclusiones informan a los fiscales de la CPI y de otros ámbitos que trabajan en casos de justicia transnacional.

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El periodista de The Associated Press Michael Kunzelman en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.