El uso de la Guardia Nacional por Trump genera choque jurídico sobre el poder presidencial
El intento más reciente del presidente Donald Trump de desplegar al ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local está desencadenando un nuevo conflicto con los gobernadores de los estados demócratas, el cual se está desarrollando en los tribunales mientras el mandatario imagina un país en el que soldados patrullan las calles.
Trump ya ha ido más allá de los límites tradicionales al usar la Guardia Nacional a nivel interno, visualizando un papel más fuerte para las fuerzas armadas de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen en las ciudades estadounidenses.
Su intento de desplegar a miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon y de la de Texas en Illinois es un uso amplio del poder presidencial. Los próximos pasos en las demandas presentadas por estados gobernados por demócratas probablemente abordarán cuestiones significativas de derecho constitucional, federalismo y separación de poderes, preparando el terreno para una posible colisión entre los tribunales y el uso enérgico de la Guardia Nacional por parte de Trump.
En una reunión de altos mandos militares la semana pasada, Trump pidió usar las ciudades estadounidenses como campo de entrenamiento para los soldados, y advirtió sobre una "invasión desde dentro". Sin embargo, para sus críticos, el uso de la Guardia Nacional por parte del mandatario equivale a un uso aterrador de la fuerza contra los estadounidenses.
“¿Qué sucederá cuando el presidente pierda en los tribunales?”, preguntó Alex Reinert, experto en derecho constitucional de la Escuela de Derecho Cardozo en la ciudad de Nueva York. "¿Lo usará como excusa para actuar de una manera aún más autoritaria?".
Un papel en expansión para la Guardia Nacional no visto antes
La presencia de soldados armados en las calles estadounidenses es una de las manifestaciones más claras del intento de Trump de expandir el poder presidencial. Ya ha desplegado efectivos en Los Ángeles y Washington, D.C.
El control sobre la Guardia Nacional de un estado suele recaer en el gobernador, a menos que las unidades estén federalizadas, como ocurrió en California a pesar de las objeciones del gobernador. De lo contrario, depende del gobernador decidir desplegar a los miembros de la Guardia Nacional o enviarlos a otros estados para ayudar en caso de desastres naturales. En el Distrito de Columbia, Trump está al mando de la Guardia.
Las autoridades locales, dice Trump, han fracasado en proteger a las comunidades, y dio varios ejemplos de ciudades gobernadas por demócratas. Ha dicho que Portland está "devastada por la guerra" y es una "zona de guerra" que está "ardiendo" y es como "vivir en el infierno".
Sin embargo, la Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad limita el papel de las fuerzas armadas en hacer respetar las leyes internas, en un reflejo de la creencia de larga data en Estados Unidos de que las labores policiales deben permanecer en manos civiles.
A Trump se le preguntó el lunes sobre otra ley, la Ley de Insurrección, y dijo que estaría dispuesto a invocarla si fuera necesario. Le permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o están desafiando la ley federal.
"Si tuviera que promulgarla, lo haría", expresó Trump. "Si la gente estuviera siendo asesinada, y los tribunales nos estuvieran deteniendo, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo". Añadió: "Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras".
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo previamente que Trump quiere hacer que las ciudades de Estados Unidos sean más seguras.
"Ustedes están haciendo ver esto como: 'El presidente quiere tomar el control de las ciudades estadounidenses con las fuerzas armadas'", les dijo Leavitt a los periodistas el lunes. "El presidente quiere ayudar a estos líderes locales que han sido completamente ineficaces en hacer que sus propias ciudades sean seguras".
Funcionarios federales dicen que las decisiones de enviar soldados federalizados de Texas y California a otros estados se están tomando en los niveles más altos del gobierno de Trump, eludiendo los procesos formales de política del Pentágono que normalmente formarían parte de los despliegues de efectivos.
Aunque esta dinámica no es inaudita, apuntó un funcionario, suele usarse en situaciones como desastres naturales, donde los soldados necesitan movilizarse rápidamente antes de que se emitan órdenes y autorizaciones formales. Todos los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la situación interna.
Un resultado es que gobernadores como Gavin Newsom de California y JB Pritzker de Illinois, ambos de filiación demócrata, se han convertido en los primeros en anunciar despliegues de efectivos. Los funcionarios de asuntos públicos del Pentágono han pasado apuros para confirmar o negar las acciones y el número de soldados, enfrentando presión para evitar proporcionar incluso detalles básicos de las operaciones militares y para remitir preguntas a la Casa Blanca.
La situación es muy diferente a la medida del presidente John F. Kennedy para federalizar la Guardia Nacional de Alabama en 1963, efectuada con el fin de lograr la integración de alumnos blancos y negros en la Universidad de Alabama, en un enfrentamiento con el gobernador George Wallace. Eso se debe a que Trump busca ostensiblemente usar soldados para proteger la propiedad y el personal federal, no para hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles aprobadas por el Congreso, según William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse y experto en derecho constitucional y seguridad nacional.
Los miembros de la Guardia no pueden hacer cumplir las leyes locales, bloquear el tráfico ni hacer "ninguna de las cosas que hace la policía", apuntó Banks. "Así que es más simbólico que útil".
Impugnaciones jurídicas preparan el terreno para un enfrentamiento sobre los despliegues de Trump
Gobernantes en Illinois, Oregon y California han demandado, mientras que altos funcionarios de la Casa Blanca criticaron la decisión de una jueza designada por Trump de bloquear el despliegue en Portland.
Stephen Miller, alto asesor de Trump, planteó que son los tribunales los que han ignorado los límites constitucionales.
"Un juez de distrito no tiene ninguna autoridad concebible, en absoluto, para restringir al presidente y comandante en jefe (de las fuerzas armadas) de enviar miembros del ejército de Estados Unidos para defender vidas y propiedades federales", publicó Miller en la red social X, y dijo que las protestas sobre la política de inmigración de Trump equivalen a "terrorismo interno".
Es improbable que los jueces se dejen influenciar por la bravuconería, dicen expertos jurídicos. En cambio, examinarán si las órdenes de Trump violan la Constitución y las leyes federales que rigen cómo se usa la Guardia Nacional.
Los oponentes de Trump confían en el sistema judicial para ralentizar su agenda, ya que en gran medida el Congreso controlado por los republicanos no está controlando la expansión del poder del mandatario.
A medida que se acumulan los litigios, funcionarios de Trump han mostrado desdén por los jueces y las decisiones a las que se oponen, pero hasta ahora han evitado el tipo de confrontación directa que expertos jurídicos advierten que podría causar un daño real.
"El potencial de que desafíen una orden de un tribunal federal es muy preocupante", expresó Banks. "Ese es nuestro mecanismo de protección. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos para mantener nuestra democracia encarrilada".
El intento de Trump de desplegar miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon es una "violación evidente de la ley" y un intento flagrante de eludir la decisión de la jueza del fin de semana, según Elizabeth Goitein, experta en poderes presidenciales.
Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, dijo que los estadounidenses deberían estar preocupados de que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth consideren que los despliegues de soldados en ciudades estadounidenses son un entrenamiento para conflictos en el extranjero.
"Las fuerzas armadas están entrenadas para luchar y destruir enemigos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos quiere que los soldados practiquen este entrenamiento de batalla en las calles de las ciudades estadounidenses", escribió en una red social.
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Los periodistas de The Associated Press Chris Megerian, Seung Min Kim y Nathan Ellgren contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.