ACLU afirma que ICE castiga ilegalmente a inmigrantes en centro de detención en Luisiana
Los inmigrantes detenidos y enviados a una reconocida prisión de Luisiana el mes pasado están siendo castigados por delitos por los cuales ya han cumplido condena, aseguró el lunes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) en una demanda que impugna la decisión del gobierno de mantener en ese lugar a lo que califica como "lo peor de lo peor".
La demanda acusa al gobierno del presidente Donald Trump de seleccionar la antigua plantación de esclavos conocida como Angola por su "historia particularmente horripilante" y de someter intencionalmente a los inmigrantes detenidos a condiciones inhumanas —incluyendo agua contaminada y falta de necesidades básicas— en violación de la cláusula de Doble Enjuiciamiento, la cual protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito.
La ACLU también asegura que algunos de los inmigrantes detenidos en una instalación recientemente inaugurada conocida como "Encierro de Luisiana" deben ser liberados debido a que el gobierno no logró deportarlos dentro de los seis meses posteriores a la emisión de una orden de expulsión. La demanda cita un fallo de la Corte Suprema en 2001 que se ha mencionado en varios casos recientes de inmigración, incluido el del activista propalestino Mahmoud Khalil, que establece que la detención de inmigrantes no debe ser "punitiva".
“La campaña antiinmigrante bajo el pretexto de 'Hacer a Estados Unidos Seguro de Nuevo' no justifica ni remotamente la detención indefinida en 'La Prisión Más Sangrienta de Estados Unidos' sin ninguno de los derechos otorgados a los acusados penales”, argumentaron los abogados de la ACLU en una solicitud a la que The Associated Press tuvo acceso.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) ni la oficina del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, respondieron de momento a una solicitud de comentarios de la AP.
La demanda se presenta un mes después de que las autoridades estatales y federales se reunieron en el enorme complejo de la Penitenciaría Estatal de Luisiana para anunciar que el lugar, el cual había permanecido cerrado, había sido renovado para albergar hasta 400 inmigrantes que, según los funcionarios, incluirían a algunos de los más violentos bajo custodia del ICE.
El complejo es conocido como "el calabozo" porque anteriormente mantenía a los reclusos en celdas solitarias durante más de 23 horas al día.
ICE readaptó la instalación en medio de una batalla legal en curso en torno a un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida apodado "Alcatraz de los Caimanes", y mientras Trump continúa con su intento a gran escala de deportar a millones de personas sospechosas de ingresar al país sin autorización legal.
El gobierno federal ha estado apresurándose para expandir su infraestructura de deportación y, en conjunto con aliados estatales, ha anunciado nuevas instalaciones, incluida una conocida como "Speedway Slammer" en Indiana y otra con el sobrenombre de "Cornhusker Clink" en Nebraska. El ICE busca detener a 100.000 personas como parte de una expansión de 45.000 millones de dólares que Trump promulgó en julio.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el mes pasado en Angola que la "legendaria" prisión de máxima seguridad, la más grande del país, había sido elegida para albergar una nueva instalación del ICE para alentar a las personas que están sin permiso legal en Estados Unidos a deportarse voluntariamente. "Esta instalación albergará a los criminales más peligrosos", afirmó.
Las autoridades dijeron que los detenidos por cuestiones de inmigración permanecerían aislados de los miles de reclusos civiles de Angola, muchos de los cuales cumplen cadena perpetua por delitos violentos.
"Sé que todos ustedes en los medios intentarán hacer un escándalo con esta instalación, y tratarán de encontrar todo lo que está mal con nuestra operación en un esfuerzo por hacer que aquellos que violaron la ley de las maneras más violentas parezcan víctimas", declaró Landry, un republicano, durante una conferencia de prensa el mes pasado.
“Si no creen que pertenecen a un lugar como este, tienen un problema”, añadió.
La demanda de la ACLU afirma que los detenidos en el "Encierro de Luisiana" ya se vieron "obligados a iniciar una huelga de hambre" para "exigir necesidades básicas como atención médica, papel higiénico, productos de higiene y agua potable limpia". Los detenidos han descrito una instalación descuidada en gran medida que aún no estaba preparada para albergarlos, señalando que están lidiando con moho, polvo y agua "negra" en las duchas, según registros judiciales.
Funcionarios federales y estatales han dicho que esas afirmaciones son parte de una "narrativa falsa" creada por los medios, y que la huelga de hambre sólo ocurrió después de reportes imprecisos.
La demanda fue presentada ante el tribunal federal de Baton Rouge a nombre de Oscar Hernández Amaya, un hondureño de 34 años que ha estado bajo custodia del ICE durante dos años. Fue transferido al "Encierro de Luisiana" el mes pasado desde un centro de detención del ICE en Pensilvania.
Amaya huyó de Honduras hace dos décadas después de rechazar la advertencia de la violenta pandilla MS-13 "de torturar y matar a otro ser humano", asegura la demanda. La pandilla lo había reclutado a los 12 años, según los documentos judiciales.
Amaya llegó a Estados Unidos, donde trabajó "sin incidentes" hasta 2016. Fue arrestado ese año y posteriormente condenado por intento de agresión agravada y sentenciado a más de cuatro años en prisión. Fue liberado por buen comportamiento después de aproximadamente dos años y más tarde fue transferido a la custodia del ICE.
Un juez de inmigración le otorgó a Amaya este año protecciones bajo la "Convención Contra la Tortura" para no ser enviado de regreso a Honduras, según la demanda, pero el gobierno federal no ha logrado deportarlo a otro país.
“La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido muy clara en que la detención de inmigrantes no puede usarse con fines punitivos”, dijo Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Luisiana, a la AP. "No se puede cumplir condena por un delito en detención de inmigración".
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Mustian informó desde Nueva York.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.