Tres aspectos relevantes de la imputación de cargos penales contra Donald Trump por caso de Stormy Daniels
Trump, dos veces enjuiciado, es ahora el primer expresidente de EEUU en enfrentar cargos penales
Un gran jurado de la ciudad de Nueva York imputó formalmente a Donald Trump los cargos de falsificación de registros comerciales derivados de los pagos que hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para evitar que revelara una infidelidad que tuvo con ella antes de las elecciones de 2016.
Una fuente le dijo a The Independent que los miembros del gran jurado votaron para imputar cargos al expresidente en algún momento de esta semana, y la imputación está sellada.
Recién se hizo la presentación ante la Corte Suprema de Nueva York en la noche del jueves, justo antes de que la oficina del secretario de la corte concluyera sus asuntos del día.
Según los informes, Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude comercial, informaron fuentes a CNN después de que se anunció la imputación.
Presentar la acusación, que el presidente del gran jurado firmó, ante el secretario del tribunal oficializa un caso penal, pero debido a que actualmente es confidencial, permanecerá así hasta que el fiscal de distrito Alvin Bragg la revele al público en algún momento en el futuro cercano.
El expresidente dos veces enjuiciado comunicó que existía la posibilidad de que fuera arrestado por el equipo de Bragg, que aún estaba en proceso de presentar pruebas ante un gran jurado el lunes. Había dicho en una publicación en su plataforma Truth Social que esperaba ser arrestado el 20 de marzo, pero la fecha llegó y pasó sin que el gran jurado presentara una acusación.
Bragg dijo en un comunicado el jueves 30 de marzo que su oficina ha estado en contacto con los abogados de Trump para coordinar la rendición del expresidente.
“Esta tarde hablamos con el abogado del Sr. Trump para coordinar su rendición a la fiscalía de Manhattan para su comparecencia por una acusación de la Corte Suprema, que se mantiene confidencial. Se proporcionará orientación cuando se seleccione la fecha de la comparecencia”, informó Bragg.
Los abogados de Trump indicaron que se entregará a las autoridades de Nueva York a principios de la próxima semana.
En el tiempo transcurrido entre que afirmó falsamente que sería arrestado y el anuncio de que el gran jurado, de hecho, lo había acusado, el expresidente, ha intensificado los ataques retóricos cada vez más desquiciados contra Bragg, incluso en un mitin el 25 de marzo en Waco, Texas.
Durante un vuelo al mitin de Texas, le dijo a un grupo de reporteros que viajaban con él que creía que Bragg había “abandonado el caso” en su contra y describió todo el asunto como “un caso falso”.
Pero en el evento más tarde esa noche, Trump describió el esfuerzo del fiscal de Manhattan para hacerlo rendir cuentas por presuntos delitos como una interferencia en las elecciones presidenciales del próximo año.
“La mala conducta de los fiscales es su nueva herramienta y están dispuestos a usarla a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Ya había pasado, pero nunca así”, opinó. “Debemos detenerlos y no debemos permitir que pasen por otra elección en la que tengan una herramienta más en su almacén”.
Trump también ha pasado gran parte de las últimas semanas publicando diatribas incoherentes contra Bragg en Truth Social. Acusó al principal fiscal de Manhattan, que es negro, de ser racista y de “usar el poder de su cargo para perseguir, acusar y perseguir (sic) a un expresidente de los Estados Unidos de América” mientras deja en libertad a “asesinos, violadores y narcotraficantes”.
Una de esas publicaciones en su sitio web incluso mostraba una foto del expresidente sosteniendo un bate de béisbol colocado junto a una foto de la cara de Bragg de una manera que hacía parecer que Trump se preparaba para atacar al fiscal de Manhattan. Más tarde borró la publicación, que uno de sus abogados calificó de “mal aconsejada” y culpó al personal del expresidente durante una entrevista en Meet the Press de NBC.
Es posible que la retórica violenta y escandalosa contra Bragg ya haya tenido efecto. La semana pasada, el fiscal de Nueva York recibió una amenaza de muerte por correo junto con una sustancia blanca en polvo que luego se determinó que era inofensiva.
Trump enfrentará cargos a pesar del intento republicano de interferir en la Cámara
Bragg tomó la decisión de presentar cargos contra el expresidente después de un esfuerzo sin precedentes de los aliados republicanos de Trump en la Cámara de Representantes para obligar a Bragg a presentar pruebas sobre su investigación en curso a un trío de comités de la Cámara.
La semana pasada, los presidentes de los comités judicial, de supervisión y de administración de la Cámara de Representantes (los representantes Jim Jordan, James Comer y Bryan Steil) le enviaron una carta a Bragg exigiendo que se presentara a una entrevista transcrita y entregara los documentos sobre su investigación, que ellos, como Trump, describieron como un esfuerzo por interferir en las elecciones presidenciales de 2024.
El abogado general de Bragg respondió señalando que la solicitud del Congreso “pisa territorio claramente muy reservado al Estado” por pedir información sobre el esfuerzo de un fiscal local para hacer cumplir la ley estatal. Agregó que Bragg “está obligado por las constituciones federal y estatal a proteger la independencia de las funciones estatales de aplicación de la ley de la interferencia federal”. En consecuencial, el trío de presidentes de comités respondió en una carta el sábado afirmando que su investigación es legítima porque “la posible acusación penal de un expresidente de los Estados Unidos por parte de un fiscal local electo del partido político contrario (y que enfrentará la perspectiva de reelección) implica intereses federales sustanciales”.
Agregaron que el trabajo de Bragg cae bajo la jurisdicción del Comité Judicial de la Cámara de Jordan porque ese panel, y el Congreso, tienen “un interés específico y manifiestamente importante en prevenir que los fiscales estatales y locales electos enjuicien por motivos políticos a presidentes actuales y anteriores, en particular aquellos juzgados ante jueces de primera instancia estatales y locales electos”.
“Por lo tanto, el Comité del Poder Judicial, como parte de su amplia autoridad para desarrollar legislación de justicia penal, ahora debe considerar si redactar una legislación que, de ser promulgada, aislaría a los presidentes actuales y anteriores de tal estado inapropiado y procesamientos locales”, dijeron.
“Debido a que su acusación inminente de un expresidente es una cuestión de primera impresión, los comités requieren información de su oficina para informar nuestra supervisión”.
La acusación contra Trump lo convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos penales en los casi 250 años de historia del país. Las autoridades federales alguna vez consideraron procesar al expresidente Richard Nixon por los delitos que cometió mientras estaba en el cargo, pero su sucesor, Gerald Ford, le otorgó un indulto que hizo imposible acusarlo.
A diferencia de los cargos que nunca se presentaron contra Nixon, quien murió en 1994, los cargos contra Trump se presentaron en un tribunal estatal y no se pueden evitar con un futuro indulto presidencial.
A pesar del estatus de Bragg como fiscal estatal fuera del sistema judicial federal, los aliados de Trump en la conferencia republicana de la Cámara han intentado usar el poder que tienen para defenderlo.
En una carta que Bragg recibió el lunes, el presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y el presidente del comité de administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil, acusaron al fiscal demócrata de estar “a punto de involucrarse en un abuso de autoridad fiscal sin precedentes” por acusar a Trump.
“A la luz de las graves consecuencias de sus acciones, esperamos que testifique sobre lo que claramente parece ser una decisión procesal motivada por intenciones políticas”, dijeron.
En un comunicado, Bragg dijo que su oficina “evalúa los casos en nuestra jurisdicción en función de los hechos, la ley y la evidencia”.
“No es apropiado que el Congreso interfiera con las investigaciones locales pendientes. Esta investigación sin precedentes por parte de funcionarios federales electos sobre un asunto en curso solo sirve para obstaculizar, perturbar y socavar el trabajo legítimo de nuestros dedicados fiscales. Como siempre, continuaremos siguiendo los hechos y guiándonos por el estado de derecho en todo lo que hagamos”, dijo.
¿Cómo terminó Donald Trump en el banquillo?
La acusación contra el expresidente dos veces enjuiciado es el capítulo más reciente de una saga que se remonta a 2016, cuando el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, coordinó los pagos de dinero secreto a dos mujeres. con quienes tuvo relaciones extramatrimoniales: Stormy Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Gregory Clifford, y la exmodelo de Playboy Karen McDougal.
La suma de US$130.000 que se pagó a Daniels se canalizó a través de una empresa ficticia que Cohen creó a tal efecto, y luego él recibió un reembolso de la compañía de Trump.
Con la intención de destruir la historia de la modelo, a principios de 2016, Cohen también hizo planes para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a McDougal US$150.000. A esta práctica turbia muchas veces usada en el periodismo se le conoce como “catch and kill” (atrapar y matar) y consiste en pedir que la parte afectada firme un acuerdo de confidencialidad a cambio de un pago de compensación.
Trump ha negado una y otra vez haber tenido una aventura con Daniels, pero en sus memorias de 2018, Full Disclosure, la actriz de cine para adultos describió en detalle sus encuentros de 2006 con el futuro presidente. Incluyó detalles sobre su anatomía y escribió que el pene de Trump era “más pequeño que el promedio”, pero “no anormalmente pequeño”.
“Él sabe que tiene un pene inusual; tiene una enorme cabeza de hongo. Como una seta venenosa”, describió. “Puede que haya sido el sexo menos impresionante que yo había tenido, pero claramente, él no compartía esa opinión”.
La fecha en que Trump pagó dinero por su silencio, una década después del asunto, será un factor decisivo en cualquier juicio por los cargos que enfrenta. La oficina de Bragg deberá demostrar que los pagos estaban relacionados con las elecciones de 2016 y no se realizaron con otros fines.
Gracias a dichos pagos, que Cohen recibió a través de la empresa del mismo nombre de Trump, Trump Organization, la corporación de licencias y bienes raíces “elevó al íntegro” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels a “efectos fiscales”, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018.
Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiación de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal y no declarada para la campaña de 2016 del expresidente. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump debido a una antigua prohibición de acusar a los presidentes en funciones.
El exabogado caído en desgracia, que fue inhabilitado tras su declaración federal de culpabilidad, ha sido un testigo clave contra Trump. Se reunió con los fiscales el 13 de marzo, pocos días antes de que el gran jurado votara para acusar a su exjefe.
Los cargos contra Trump, a quien los fiscales acusan de falsificar registros comerciales al registrar el reembolso de Cohen por el pago de Daniels como honorarios legales, son solo cargos menores según la ley de Nueva York. Pero una disposición separada de la ley Empire State permite a los fiscales convertir ese cargo en un delito grave porque Trump presuntamente falsificó los registros para encubrir otro delito.
El gran jurado tomó la decisión de acusar a Trump luego de un giro inesperado en la investigación de años sobre el expresidente por parte de la oficina que Bragg lidera.
Después de años de ignorar el caso del dinero de soborno, los fiscales comenzaron a entrevistar a testigos al respecto a principios de este año. Entre los exsocios de Trump entrevistados ante el gran jurado se encontraban Hope Hicks, la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, y su directora de campaña de 2016 y exconsejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway.
Puede que haya sido el sexo menos impresionante que yo había tenido
Los fiscales también hablaron en repetidas ocasiones con Cohen, el exmediador de Trump que es la única persona que enfrenta cargos como resultado del plan de soborno —hasta hoy— y que una vez prometió “recibir un balazo” por su antiguo jefe.
Más tarde le dijo al comité de supervisión de la Cámara que “todo” lo relacionado con los cargos que lo enviaron a prisión “se hizo con el conocimiento y bajo la dirección de Trump”.
Debido a que los cargos penales anteriores de Cohen incluían haberle mentido al Congreso, la oficina de Bragg entrevistó a Cohen más de 20 veces para asegurarse de que su testimonio era confiable antes de llevarlo ante el gran jurado en dos sesiones, una el lunes y otra el miércoles. También dijo que proporcionó a los fiscales pruebas documentales para respaldar su testimonio.
Hasta ahora, el equipo de Trump ha mantenido la misma postura que ha adoptado con respecto a cualquier intento de responsabilizarlo por cualquier cosa, presentándolo como un intento ilegítimo y políticamente motivado de perjudicar sus perspectivas electorales, en lugar de un intento de hacer cumplir las leyes penales contra una persona que supuestamente las infringió.
En una declaración incoherente publicada el jueves pasado, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo que el expresidente ahora acusado y dos veces ya enjuiciado “es completamente inocente” y “no hizo nada malo”.
“Los demócratas han investigado y atacado al presidente Trump desde antes de que fuera elegido, y siempre han fallado. Ahora los demócratas lo están volviendo a hacer, presionando el ‘botón nuclear’ y atacando a un presidente por culpa de una extorsionadora caída en desgracia. Esto sucede porque el presidente Trump lidera las encuestas por un amplio margen frente a demócratas y republicanos, y nunca ha habido algo tan descarado en la historia política estadounidense”, dijo.
¿Qué otro riesgo penal podría enfrentar Donald Trump?
La acusación del gran jurado de Nueva York contra Trump podría ser solo la primera serie de cargos penales que enfrente el expresidente en su intento de convertirse en el primer expresidente en regresar a la Casa Blanca por un periodo no consecutivo desde que Grover Cleveland logró esa hazaña en 1892.
Las autoridades de varias jurisdicciones están supervisando otras cuatro investigaciones que podrían dar lugar a más acusaciones contra el exmandatario, enjuiciado dos veces e imputado una vez.
En el condado de Fulton, Georgia, la fiscal de distrito Fani Willis está considerando pedirle a un gran jurado que acuse formalmente a Trump de cargos relacionados con sus esfuerzos para presionar a los funcionarios del estado durazno para que anularan su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden en el estado.
En 2022, un gran jurado especial solicitado por Willis concluyó una investigación de meses sobre los esfuerzos de Trump para revertir su derrota electoral de 2020 ante Biden, incluidas sus peticiones a los funcionarios electorales del estado durazno y un complot para presentar documentos electorales falsos a los Archivos Nacionales para darle al entonces vicepresidente Mike Pence una razón para secuestrar la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 al declararlo a él y a Trump como los ganadores de las elecciones.
En un informe presentado ante el Tribunal de Distrito del condado de Fulton, el informe del gran jurado de 23 miembros decía que “la mayoría del gran jurado cree que uno o más testigos que testificaron pudieron haber cometido perjurio” y recomendó que Willis “busque acusaciones apropiadas para tales delitos donde la evidencia sea convincente”.
El equipo legal de Trump ha pedido a la corte que descarte el trabajo del gran jurado en su totalidad, citando declaraciones públicas de los grandes jurados y otros motivos que, según dicen, requieren que Willis sea descalificada para enjuiciar al expresidente en cualquier momento. Pero no está claro si la estrategia del expresidente dará sus frutos.
Los esfuerzos del expresidente en el periodo previo al ataque del 6 de enero en el Capitolio también están siendo investigados por un gran jurado federal que trabaja con Jack Smith, un abogado especial que designó el fiscal general Merrick Garland en noviembre para supervisar las investigaciones sobre Trump.
Smith, un exfiscal federal que recientemente trabajó en el extranjero para un tribunal de crímenes de guerra en La Haya, ha tratado de entrevistar a numerosos exfuncionarios de la Casa Blanca de Trump que estaban al tanto de las ideas y acciones del expresidente en las semanas entre su derrota electoral de 2020 ante Biden y el peor ataque al Capitolio desde que el mayor general Robert Ross ordenó a las tropas británicas que lo quemaran durante la guerra de 1812.
También está investigando si Trump infringió las leyes de EEUU que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional y la obstrucción de la justicia, una investigación que se deriva de la supuesta posesión por parte de Trump de cientos de documentos con marcas de clasificación mucho después de que su mandato en la Casa Blanca, y su autorización para poseer dichos documentos, llegaran a su fin.
Smith obtuvo recientemente una orden judicial que le permitía a él y a los miembros de un gran jurado separado de Washington, D.C., interrogar a uno de los abogados de Trump, Evan Corcoran, sobre las conversaciones con el expresidente en el periodo entre el momento en que recibió una citación del gran jurado que lo obligaba a devolver cualquier documento clasificado que tuviera en su poder y la redacción de una declaración jurada falsa por parte de Corcoran en la que otra de las entonces abogadas de Trump, Christina Bobb, afirmaba que todos esos documentos habían sido devueltos.
Hay otra investigación realizada por funcionarios federales que no está dirigida personalmente a Trump, pero podría ponerlo en peligro en el futuro.
Según The Guardian, Trump Media and Technology Group del expresidente, la compañía que opera su sitio web Truth Social, es el objeto de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia sobre si la compañía violó las leyes federales contra el lavado de dinero.
Se informa que la investigación se centra en US$8 millones que la compañía recibió en 2021 y 2022 de “dos entidades desconocidas que parecen estar controladas en parte por la relación de un aliado del presidente ruso Vladimir Putin”.
Traducción de Michelle Padilla