Biden afronta un futuro incómodo tras las últimas revelaciones sobre Trump

“Dada la mentira crónica de la administración Trump y el desapego a la realidad de muchos partidarios de Trump, hay un riesgo real aquí”

Andrew Feinberg
jueves 12 agosto 2021 18:14
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Nuevas pruebas que detallan cómo el expresidente Donald Trump y un alto funcionario del Departamento de Justicia intentaron utilizar la principal agencia policial del país para reforzar mentiras flagrantes sobre las elecciones de 2020 insinúan algunos posibles momentos incómodos en el futuro de la administración Biden, dicen los expertos y los conocedores.

Según los documentos publicados por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes a finales del mes pasado, Trump intentó anular su derrota ante el ahora presidente Joe Biden convenciendo a altos funcionarios del Departamento de Justicia para que declararan públicamente que las elecciones de 2020 eran “corruptas”. Este esfuerzo debía dar a sus aliados en el Congreso una razón para votar en contra de la certificación de la victoria de Biden.

El ex fiscal general interino Jeffrey Rosen también dijo recientemente a los miembros del Comité Judicial del Senado y a los investigadores del Inspector General del Departamento de Justicia que uno de sus antiguos adjuntos, Jeffrey Clark, había estado elaborando estrategias con Trump sobre cómo utilizar el DOJ en su beneficio. El plan consistía en alentar a las legislaturas de los estados disputados a ignorar los resultados del voto popular y enviar los votos electorales a favor de Trump para que se contaran en lugar de los verdaderos resultados, señaló Rosen.

Clark -que entonces era el fiscal general adjunto en funciones de la división civil del DOJ- supuestamente presionó a Rosen y al entonces fiscal general adjunto en funciones Richard Donohue para que anunciaran investigaciones sobre reclamaciones de fraude electoral inexistentes que el departamento ya había examinado y rechazado.

Las acciones que Trump y el Departamento de Justicia se llevaron a cabo en los días que transcurrieron entre su derrota ante Biden y la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos y son actualmente objeto de múltiples investigaciones. Estas investigaciones están siendo llevadas a cabo por un grupo de comités del Congreso -incluyendo un comité selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU.- y el organismo de control interno del DOJ. Hasta ahora, las pesquisas han mantenido a la administración de Biden y al fiscal general Merrick Garland al margen del asunto políticamente tenso de investigar al predecesor de Biden. Pero las nuevas revelaciones han hecho que los expertos se preocupen de que ni Garland ni Biden sean capaces de mantenerse al margen.

“Por muy indignado que esté por lo que ocurrió en enero y lo que condujo a ello, preferiría no ser el primer presidente estadounidense en ver a su predecesor en el banquillo de los acusados”, comentó una persona que se relaciona regularmente con altos funcionarios de la administración en una variedad de asuntos. “Pero cada vez es más consciente de que cuanto más se conoce, más probable es esa posibilidad”.

Hasta ahora, Biden se ha esforzado por no comentar asuntos que cree que están en el ámbito de Garland, en particular los relacionados con posibles investigaciones penales. Del mismo modo, Garland no ha hecho ningún movimiento público que pudiera percibirse como un objetivo directo del expresidente.

Esa reticencia ha sido una elección deliberada por parte de ambos hombres, según las fuentes, que se debe al deseo de restaurar muchas de las normas que Trump destrozó en relación con la proximidad que el Departamento de Justicia ha tenido con la Casa Blanca desde la administración Ford. Pero los informantes dicen que las investigaciones en curso pueden quitarles esa opción.

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Donald Ayer, un ex fiscal general adjunto que ha sido un crítico de la era Trump del Departamento de Justicia, mencionó en una reciente entrevista telefónica: “Estamos empezando a ver una acumulación de pruebas bastante innegables de fechorías muy graves, conductas que antes pensábamos que habían ocurrido, pero de las que carecíamos de pruebas de testigos de primera mano”.

Ayer, que fue el funcionario número dos de Justicia Principal entre 1989 y 1990, opinó que probablemente habrá una serie de ex funcionarios de la administración Trump que “no van a querer estar en el lado equivocado de la historia”, y que “bien podrían acabar aportando algunas pruebas realmente contundentes que podrían sostenerse en los tribunales”.

“Cuando los hechos se vuelvan un poco más claros de lo que son ahora sobre lo que sucedió exactamente, realmente habrá una pregunta desafiante y difícil que tendrá que hacerse, y creo que no vamos a saber la respuesta hasta que suceda”, indicó.

Un miembro del Congreso encargado de indagar lo ocurrido el 6 de enero, el representante Jamie Raskin, calificó la nueva información sobre los planes de Clark y Trump como “altamente sugestiva de actividad criminal”.

“Los hechos que hemos visto son indicativos de un diseño corrupto para interferir en unas elecciones federales”, afirmó Raskin, que forma parte de los comités Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes, así como del Comité Selecto que investiga el ataque al Capitolio.

El demócrata de Maryland y exgestor del impeachment añadió que Trump ha demostrado ser “un enemigo del orden constitucional”, y opinó que no tomar medidas para que él y sus aliados rindan cuentas sería “dar licencia a los ataques directos a nuestro sistema constitucional” y podría “empoderar a [Trump] para que lo intente de nuevo”.

Pero la decisión sobre qué hacer con las pruebas descubiertas por las investigaciones sobre el 6 de enero y lo que lo llevó a cabo corresponderá al fiscal general y sólo a él.

Ayer, el veterano del Departamento de Justicia, declaró que la conducta de la administración anterior -que él y muchos críticos dijeron que equivalía a la militarización del departamento con fines políticos- plantea serios desafíos a la nueva administración y su deseo primordial de no ejercer política cuando se trata del Departamento de Justicia.

“Dada la mentira crónica de la administración Trump y el desapego a la realidad de muchos partidarios de Trump, existe un riesgo real de que muchos millones de personas se persuadan de que las acciones contra Donald Trump están impulsadas puramente por motivos políticos”, dijo.

“No creo que queramos que un tercio de la población crea seriamente que el actual Departamento de Justicia quiere atrapar a Donald Trump de manera injusta por cosas que no hizo. Y creo que evitar crear esa impresión es importante, pero también creo que el camino en el que estamos ahora, en el que las pruebas son cada vez más claras, puede llegar a ser finalmente tan claro como para ser innegable”, continuó Ayer. “Merrick Garland está en una posición muy desafiante, pero está idealmente calificado para hacer el mejor juicio sobre cómo lograr la rendición de cuentas, evitando al mismo tiempo cualquier acusación creíble de politización”.

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