Juez interroga a abogado de Trump por reclamos de privilegio sobre documentos antidisturbios en el Capitolio

Una jueza federal del Distrito de Columbia apareció extremadamente escéptico sobre que el expresidente Donald Trump pueda proteger los documentos generados durante su presidencia, respecto a los planes de la administración Biden de dar al Comité Selecto para Investigar la insurrección del 6 enero de enero que derivaron en un ataque en el Capitolio.

En una audiencia virtual ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Tanya Chutkan, el abogado de Trump, Justin Clark, dijo que la capacidad de Trump para invocar el privilegio ejecutivo no se ve afectada por su condición de expresidente cuando se trata de poder proteger los registros de su anterior administración del Congreso.

"¿Estaría de acuerdo en que el hecho de que el demandante ya no sea presidente en funciones disminuye de alguna manera la aplicabilidad de las cuestiones de privilegio que está argumentando?", preguntó la juez.

Clark respondió: "No, no creo que eso lo debilite" y sugirió que los derechos de Trump eran incluso más amplios de lo que la Corte Suprema había encontrado en un caso anterior relacionado con la información privada de un presidente en ejercicio porque los documentos solicitados eran documentos gubernamentales. que están sujetos a privilegios constitucionales.

El veterano abogado republicano también argumentó que las solicitudes del comité de registros que se remontan a abril de 2020, aproximadamente cuando Trump comenzó a afirmar que la elección sería fraudulenta, eran demasiado amplias y no estaban atadas a ningún posible propósito legislativo.

Si bien la jueza Chutkan pareció al menos algo receptiva a las afirmaciones de Clark sobre la amplitud de las solicitudes del comité, rechazó el argumento de que el Congreso no tiene derecho a investigar un ataque a su propio edificio.

“¿Está diciendo que las notas del presidente, los temas de conversación, la conversación telefónica del 6 de enero, por ejemplo, no tienen relación con el asunto que el Congreso está considerando legislación? El motín [del 6 de enero] ocurrió en el Capitolio. Esa es literalmente la casa del Congreso”, dijo. La jueza también arrojó dudas sobre la afirmación de Clark de que muchos de los documentos solicitados por el Congreso están disponibles en otros lugares, y señaló que Trump ha presionado a muchos de sus exayudantes para que se nieguen a cooperar con el comité.

Trump presentó una demanda contra el comité, el representante del comité selecto Bennie Thompson, el archivero de los Estados Unidos David Ferriero y la Administración Nacional de Archivos y Registros el mes pasado para evitar que Ferriero le proporcione al comité una amplia gama de documentos que busca en su investigación del peor ataque al Capitolio de los Estados Unidos desde el incendio de Washington en 1814.

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El expresidente, que también ha exigido que los exayudantes que han sido citados para proporcionar documentos y testimonios al comité se nieguen a hacerlo, afirma que puede usar el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que protege las comunicaciones entre el presidente y sus asesores. para evitar la entrega de los numerosos documentos solicitados por la comisión, a pesar de haber dejado el cargo el 20 de enero del presente año.

Los registros creados durante la administración Trump pasaron a la custodia de Nara cuando el presidente Joe Biden juró como reemplazo de Trump, y las decisiones sobre si invocar el privilegio ejecutivo pertenecen a Biden, no a Trump. Y hasta ahora, Biden se ha negado a hacer valer cualquier reclamo de privilegio en respuesta a la investigación del comité, citando las "circunstancias únicas y extraordinarias" de lo que sucedió el 6 de enero.

Pero al demandar para bloquear la publicación de los documentos, los abogados de Trump han argumentado que está invocando el privilegio para evitar daños a la institución de la presidencia, y que un caso de la Corte Suprema de 1977, Nixon contra la Administración de Servicios Generales, le da derecho a hacerlo. También argumentan que el tribunal debería revisar cada documento antes de permitir su divulgación.

Sin embargo, el juez Chutkan, designado por el ex presidente Barack Obama que ha servido en el tribunal desde 2014, no pareció comprar la interpretación del caso de Clark.

“No encuentro ningún apoyo en ese caso para su argumento -el presidente en ejercicio ha renunciado al privilegio y está de acuerdo en que los documentos pueden ser entregados- no es la persona que está mejor capacitada y en posición de determinar el privilegio ejecutivo, el ¿ejecutivo?", preguntó.

También rechazó el argumento de Clark de que el caso de los registros bancarios se aplica porque Trump se vería perjudicado si el Congreso puede ver los documentos que han solicitado.

“No estamos hablando de información comercial patentada porque todos se relacionan con asuntos antes de que su cliente se convirtiera en presidente. Estamos hablando de documentos que son esencialmente sobre el gobierno, ¿no es así? ", dijo ella.

Continuando, preguntó: “Dígame el daño que sufriría su cliente... si se presentaran los documentos que responden a la solicitud”.

Cuando el señor Clark dijo que el señor Trump y otros presidentes tenían un "interés de confianza" en que se mantuviera el privilegio ejecutivo sobre los registros de la administración, ella volvió a preguntar: "También dijo un daño irreparable a su cliente... si estos documentos se divulgan, aparte de ... un violación del privilegio ejecutivo - ¿cuál es ese daño?"

Poco tiempo después, la jueza Chutkan sugirió que sus manos podrían estar atadas porque Biden no ha invocado ningún privilegio en respuesta a las solicitudes del comité después de que el asesor general de la Cámara de Representantes, Doug Letter, dijera que sería "algo sorprendente" para ella imponer un mandato judicial en Nara o en el comité.

Si bien dijo que podría haber razones para imponer uno en un caso en el que los poderes Legislativo y Ejecutivo no estuvieran de acuerdo, “aquí parecen estar de acuerdo”.

La jueza les dijo a los abogados que fallaría "rápidamente" antes de la fecha límite del 12 de noviembre para que Nara comenzara a entregar los documentos al Congreso.