¿Qué acaba de hacer la Corte Suprema ahora en la batalla contra la crisis climática?

La decisión fue una victoria para una campaña conservadora coordinada de años, con poderosos patrocinadores financieros, en contra del llamado “estado administrativo”

La Corte Suprema limita la autoridad de la EPA para regular las emisiones de las centrales eléctricas

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Después de una serie de fallos sobre el aborto, el control de armas y la expresión religiosa que han alterado las normas establecidas de la vida estadounidense, la Corte Suprema de los EE.UU. emitió una decisión que creó un serio obstáculo para la ambiciosa y crítica acción climática.

En las horas finales antes de iniciar el receso de verano, la mayoría conservadora de la corte dictaminó 6-3 en el caso menos conocido pero de gran trascendencia, West Virginia vs. Environmental Protection Agency (EPA).

En una victoria significativa para los demandantes —19 estados de tendencia republicana y un puñado de aliados de combustibles fósiles encabezados por Virginia Occidental— el tribunal dictaminó que el Congreso no autorizó explícitamente a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.) a emitir regulaciones amplias en virtud de una parte de la histórica Ley de Aire Limpio de 1970 conocida como la Sección 111.

También es una muesca en el cinturón para la campaña conservadora coordinada y de años de duración, con poderosos patrocinadores financieros, contra el llamado “estado administrativo”, un panorama que, en su opinión, asigna demasiado poder a burócratas no elegidos para crear normas.

La crítica violenta al fallo del jueves, que contó con el apoyo de tres jueces designados durante la administración de Trump, provino de una amplia muestra representativa de opositores, incluidas empresas de servicios públicos, funcionarios públicos y activistas.

Heather Zichal, directora general de la American Clean Power Association (ACP), escribió que su grupo estaba “profundamente decepcionado de que la Corte Suprema haya obstaculizado el poder de la EPA para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país y ayudar a combatir el cambio climático”.

El Edison Electric Institute, una asociación de compañías eléctricas de accionistas de EE.UU., que había presentado un escrito amicus curiae en apoyo de la agencia ambiental, dijo que “siguen comprometidos a trabajar con [el director de la EPA, Michael Regan] y [la EPA] a medida que emprenden una nueva reglamentación que sea consistente con la decisión de la corte”.

“El anuncio de hoy representa un gran paso atrás en nuestra lucha para mantener a nuestras comunidades a salvo de los efectos devastadores de la crisis climática”, también se lee en un comunicado de la Liga Nacional de Ciudades y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, organizaciones no partidistas que también presentaron un escrito amicus junto con la EPA.

Si bien la pérdida fue significativa, no fue el golpe mortal para el progreso ambiental que se temía. La EPA todavía tiene autoridad general para regular los gases de efecto invernadero como fuentes de contaminación, como se decidió en un caso de 2007, Massachusetts vs. EPA, y el fallo no conducirá a cambios inmediatos en la política federal.

Pero a corto plazo, la capacidad de Estados Unidos para reducir su huella de carbono está en peligro.

El presidente Joe Biden está comprometido con una acción agresiva contra la crisis climática que empeora cada vez más y prometió al mundo el año pasado que reduciría las emisiones nacionales a la mitad para 2030. Como parte del cumplimiento de ese objetivo, hay un plan para descarbonizar la red eléctrica de EE.UU. para 2035.

Jason Rylander, abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro, describió el fallo de la Corte como una “decisión mala e innecesaria”.

“La Corte no debió haber tomado este caso y haberse metido en los detalles de la política climática. Pero aquí estamos”, dijo a The Independent.

Si bien describió el fallo de la mayoría conservadora como “una opinión de protección de la planta de carbón”, también señaló que la decisión fue limitada y en realidad solo afectó la Sección 111 de la Ley de Aire Limpio.

“Parece claro que [la EPA] puede regular las centrales eléctricas desde la fuente hasta cierto punto, y los contornos del poder de la EPA en el marco de ese programa parecen quedar a merced de futuras decisiones”, añadió.

“Hay mucho más en la Ley de Aire Limpio, y la EPA todavía tiene mucha capacidad para abordar la contaminación por gases de efecto invernadero a través de otras partes del estatuto de maneras que pueden ser más efectivas”.

Jay Austin, abogado principal del Instituto de Derecho Ambiental, también le dijo a The Independent que el desafío de la EPA ahora sería “tratar de averiguar qué otras rutas podría tener en virtud de la Ley de Aire Limpio para solucionar este problema”.

En teoría, el Congreso podría aprobar una ley para reducir explícitamente las emisiones —algo que “superaría todo”, dijo Austin— aunque esa opción parece poco probable dado el clima político profundamente dividido y muchas batallas cruciales a mitad de periodo que se avecinan en noviembre.

Para Rylander, la parte más “siniestra” de la opinión fue que, por lo que parece ser la primera vez, la Corte Suprema respaldó la “doctrina de las cuestiones importantes”, una teoría jurídica destinada a limitar drásticamente el poder de las agencias, cuando el Congreso no ha autorizado acciones específicas.

“Esa doctrina tiene el potencial de dar la vuelta a la ley ambiental, de salud y seguridad federal, obligando al Congreso a involucrarse en los detalles del establecimiento de normas que, tradicionalmente, ha dejado en manos de agencias expertas”, agregó.

El fallo de la Corte Suprema solo terminó centrándose en la cuestión específica en cuestión, explicó Austin, pero puede haber preparado el escenario para futuros fallos de tipo similar.

“Cargaron el arma, pero, hasta ahorita, no están apuntando en otras direcciones”.

Sin embargo, aunque Rylander admitió que el fallo fue un “golpe duro”, agregó que “de ninguna manera esta decisión significa que la política climática llegará a su fin”.

Además de las vías alternativas de lucha contra el cambio climático previstas en la poderosa Ley de Aire Limpio, los científicos y académicos del clima solicitaron este mes a la EPA que regule las emisiones en virtud de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, y describieron los contaminantes como riesgos para la salud humana y medioambiental.

Más allá de la EPA, la administración de Biden tiene una autoridad considerable a su disposición para abordar el cambio climático y acelerar la transición a la energía limpia, señaló Rylander, al igual que los estados individuales.

El Centro para la Diversidad Biológica y otros han pedido al presidente Biden que tome otras medidas radicales, como prohibir los arrendamientos de combustibles fósiles, eliminar gradualmente la producción de petróleo y gas en tierras y aguas federales; detener las aprobaciones de nuevos permisos de infraestructura de combustibles fósiles; prohibir la importación y exportación de petróleo crudo; y expandir la Ley de Producción de Defensa para incluir transporte eléctrico para impulsar vehículos eléctricos y las estaciones de carga de trenes de alta velocidad.

“Tenemos muchas opciones a nuestra disposición, y debemos comenzar a usarlas todas para que Estados Unidos esté en una posición en la que podamos cumplir nuestros objetivos climáticos para el mundo”, agregó.

La mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema ya se ha desplazado hacia la derecha en algunos temas y está a favor de una menor supervisión del gobierno.

En un fallo monumental el viernes pasado, la corte anuló protecciones constitucionales históricas para el aborto que podrían tener consecuencias potencialmente mortales y que cambiarían la vida de millones de mujeres en los EE.UU., y provocó una serie de acciones legales en todos los estados.

Los seis jueces conservadores fallaron a favor de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a las 15 semanas de embarazo y aprovecharon la oportunidad para revocar precedentes clave establecidos por la decisión de 1973 en Roe vs. Wade, así como una decisión afirmativa en Planned Parenthood vs. Casey de 1992.

“Con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, decía la opinión disidente de los jueces liberales Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

El tribunal también dictaminó recientemente 6-3 en líneas conservadoras a favor de proteger las oraciones de los entrenadores de las escuelas secundarias públicas durante los partidos en el campo y anuló una ley de Nueva York que restringía los derechos de portación de armas.

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