Sudamérica: En medio de un boicot por parte de la oposición, Venezuela celebrará elecciones este domingo

Los venezolanos acudirán el domingo a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional en unos comicios boicoteados por las principales fuerzas opositoras y cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, que han advertido que la consulta no ayudará a resolver la compleja crisis que golpea a la nación de Sudamérica. 

El oficialismo figura como favorito para vencer en las elecciones, retomar el control del Congreso que perdió en 2015 y consolidar así el control de todos los poderes del Estado y fortalecer su modelo hegemónico.

A continuación un vistazo a las acciones de las instituciones controladas por el gobierno de Nicolás Maduro en los meses previos a la votación, los cuestionamientos de la oposición y de la comunidad internacional y las implicaciones que traerá el proceso electoral.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTA VOTACIÓN?

Luego de meses de conversaciones entre el oficialismo y la oposición para definir por consenso los candidatos para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -que sería electo en la Asamblea Nacional como lo prevé la constitución- el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, sorprendió en junio al declarar que el Congreso, de mayoría opositora, incurrió en una omisión legislativa y nombró a la dirección del Poder Electoral, que quedó integrada por exjueces, funcionarios vinculados al oficialismo y personas cercanas a grupos disidentes de la oposición.

Entre sus primeras medidas el nuevo CNE convocó las elecciones legislativas para el 6 de diciembre.

¿QUÉ ACCIONES Y CAMBIOS ELECTORALES SE DIERON EN EL CAMINO?

El Tribunal Supremo de Justicia intervino a mediados de año Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas opositoras, y pasó el control de esas organizaciones a disidentes opositores que han sido señalados de tener vínculos con el gobierno. Los nuevos titulares de los partidos inscribieron candidatos con las tarjetas, logos y colores de los tres partidos, lo que fue considerado una maniobra para confundir al electorado opositor.

Asimismo, el nuevo CNE aumentó de 167 a 277 la cantidad de diputados y modificó el proceso de selección de los diputados indígenas que a partir de ahora serán elegidos a mano alzada en asambleas en las comunidades aborígenes, lo que según juristas y activistas vulnera el principio constitucional del voto libre, universal, directo y secreto.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DEFIENDE LA ELECCIÓN?

Pese a las exhortaciones de la Unión Europea y actores políticos locales que pidieron posponer las elecciones ante el riesgo de mayores contagios de COVID-19 y para lograr un consenso nacional sobre condiciones electorales confiables y la preparación de una misión de observadores internacionales, el presidente Nicolás Maduro descartó esa posibilidad alegando que la constitución establece que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero luego de culminar el período de cinco años del anterior Congreso.

Maduro y otras figuras del gobierno también desestimaron las advertencias de Estados Unidos y otros países que adelantaron que no reconocerán la elección del nuevo Congreso.

¿POR QUÉ LA OPOSICIÓN SOSTIENE QUE ESTA VOTACIÓN ES UN FRAUDE ELECTORAL? Las principales fuerzas opositoras, junto a una veintena de organizaciones, anunciaron en agosto que no participarían en los comicios legislativos y llamaron a un boicot alegando que es un “fraude” porque no ofrece garantías democráticas.

Al respecto el diputado opositor Freddy Guevara dijo a The Associated Press que los comicios del domingo tienen “muchas irregularidades” que van desde la falta de independencia del CNE, la no realización de auditorías a los sistemas electrónicos de votación y la censura a los medios locales sobre las denuncias de fraude.

En respuesta al evento electoral la oposición y organizaciones civiles convocaron a una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre. En la consulta, que se realizará por Telegram e Instagram, se les preguntará a los venezolanos si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro, el rechazo a los comicios legislativos y hacer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria. La consulta es de carácter simbólico ya que no tendrá ningún observador independiente ni validez legal.

Algunas organizaciones opositoras minoritarias y disidentes de los grandes partidos sí inscribieron candidaturas. Para esta votación se han postulado 14.400 candidatos del oficialismo y la oposición.

¿POR QUÉ LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CUESTIONA LA ELECCIÓN?

Estados Unidos, estrecho aliado del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional saliente Juan Guaidó, ha advertido que no reconocerá los comicios legislativos a los que considera “otro fraude electoral” y ha llamado a la comunidad internacional a insistir para lograr “condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas”.

El presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Schiffer, descartó que el mandatario electo Joe Biden vaya a cambiar la postura de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro y dijo a la AP que el demócrata mantendrá una posición “bastante firme, bastante dura” hacia el gobierno venezolano.

La Unión Europea descartó en agosto el envío de una misión de observadores a Venezuela alegando que “no se cumplen” las condiciones para un “proceso electoral transparente, incluyente, libre y justo”.

¿CUÁLES PODRÍAN SER LAS IMPLICACIONES?

Los analistas estiman que si el oficialismo logra retomar el control de la Asamblea Nacional, que perdió en las elecciones de 2015 luego de más de una década, Maduro tendrá el camino abierto para consolidar su modelo hegemónico.

El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que estas elecciones no representarán mayores cambios en Venezuela porque el gobierno desde hace tiempo “controlaba completamente las instituciones de poder” y había logrado anular todas las decisiones y acciones del Congreso a través del Tribunal Supremo de Justicia.

En tanto la oposición, debilitada por las fracturas internas y la pérdida de respaldo popular, se quedará sin su único bastión y corre el riesgo de enfrentar una mayor persecución política.