Vicepresidente salvadoreño admite errores en guerra contra pandillas; ‘no hay un estado policial’

El gobierno de El Salvador ha “cometido errores” en su guerra contra las pandillas, pero nunca ha socavado la democracia del país para consolidarse en el poder, de acuerdo con el hombre que probablemente será reelecto como vicepresidente.

Félix Ulloa, que tiene una licencia temporal como vicepresidente de su país mientras se postula para la reelección junto con Nayib Bukele, defendió el martes la controvertida ofensiva de su gobierno en una entrevista con The Associated Press, días antes de una elección presidencial que, se espera, ganarán fácilmente. Tales políticas, afirmó, continuarán hasta la derrota de las pandillas de El Salvador.

Ulloa reconoció que en la detención masiva de ciudadanos, realizada por su gobierno, se encarcelaron a miles de personas inocentes, algo que, afirmó, están corrigiendo, pero justificó las duras acciones diciendo que son muy populares y completamente “legales”.

Desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, después de un aumento en la violencia de pandillas, el gobierno ha detenido a 76.000 personas, más de 1% de la población, en esta pequeña nación centroamericana. Desde entonces, la declaración, que suspendió algunos derechos fundamentales como el acceso a un abogado y conocer el motivo de la detención, ha sido renovada cada mes por el Congreso.

“No hay ninguna obra humana perfecta... analiza the big picture (el panorama completo)”, dijo Ulloa. “Entiende qué es lo que se está logrando en este país cuando hemos salido en defensa de la población, de los derechos humanos, de los millones de salvadoreños que estaban siendo violados por las estructuras criminales”.

Desde entonces se han liberado a unas 7.000 personas de las prisiones donde las autoridades han sido acusadas de tortura y de cometer abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos.

Ulloa señaló que, en algunos casos, las autoridades pudieron haber pedido a las fuerzas de seguridad que cumplieran con ciertas cuotas de detenciones, arrestando a un número predeterminado de personas, pero “no era una instrucción de superior ni una política de gobierno”.

Grupos de derechos humanos afirman que más de 150 personas han muerto en custodia desde el inicio de la ofensiva.

Informes de The Associated Press han documentado que los detenidos son sometidos a audiencias masivas de hasta 300 acusados a la vez. Pocas veces tienen acceso a abogados. La gran mayoría de los arrestados en la declaración de emergencia siguen en prisión sin haber sido juzgados.

“No hay un estado policial”, dijo Ulloa. “No existe la suspensión de ninguna garantía en El Salvador. Ninguna libertad pública ha sido suspendida jamás por el régimen de excepción”, dijo, antes de señalar un par de derechos que han sido suspendidos, pero aclaró que no afectan a la gente “honrada” de El Salvador.

Ulloa dijo que el estado de emergencia continuará hasta que el gobierno decida que ya no es necesario.

“Nosotros cuando declaremos libre al país de pandillas, de criminales, de estructuras criminales, pues ya no tendrá sentido tener el régimen de excepción”, dijo.

Tras la ofensiva, los índices de violencia se redujeron drásticamente, y los índices de homicidios estuvieron entre los más bajos del continente, mientras el gobierno continúa gozando de altos índices de aprobación.

Ulloa negó firmemente las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que su gobierno había negociado con las pandillas antes del aumento de la violencia y del estado de emergencia que le siguió.

También negó que su gobierno haya atacado a la prensa, a pesar de que periodistas, activistas, líderes sindicales y políticos de oposición han dicho que son acosados, espiados e incluso detenidos por el gobierno. Acusó a los críticos de su gobierno de trabajar con los partidos de oposición del país, y a las personas que afirman que sus derechos han sido violados durante la ofensiva, de “tener vínculos con las pandillas”.

Ulloa no respondió directamente la pregunta de AP sobre si él y Bukele buscarían un tercer mandato. Hizo eco del mandatario al decir que la Constitución actual lo prohíbe, pero dejó abierta la posibilidad de que la Carta Magna del país cambie. Ulloa propuso más de 200 cambios constitucionales en 2021.

“Si cambia la Constitución y él quiere hacerlo y la Constitución se la habilita, supongo que estará habilitado”, dijo Ulloa, y añadió que la Constitución actual permite un primer y un segundo término. “El tercero no lo permite la actual. No estoy diciendo que si cambia no puede ser”.

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La videoperiodista de The Associated Press Fernanda Pesce contribuyó a este despacho.