¿Qué pasará con la vicepresidenta Cristina Kirchner tras su condena por corrupción?
Un tribunal de Argentina condenó a seis años de cárcel a la vicepresidenta del país, además de inhabilitarla a ocupar cargos públicos de por vida; la política argumentó ser víctima de una guerra jurídica
El recién pasado martes, un tribunal penal en Argentina condenó a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de cárcel por el delito de “administración fraudulenta” cometido durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, de los años 2003 a 2015.
Cabe mencionar que la vicepresidenta fue absuelta por el cargo de ser, presuntamente, jefa de una asociación delictiva; pero fue inhabilitada a ocupar cargos públicos de por vida. Kirchner ha negado los cargos argumentando ser víctima de ‘lawfare’ o guerra jurídica.
Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez en la historia de Argentina, que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia; aunque eso no significa que la funcionaria pública será encerrada en una prisión de forma inmediata. Para que eso ocurra, el hecho tendrá que ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría demorar varios años.
De acuerdo con las leyes argentinas, Kirchner goza de fueros que le permitirán no ser arrestada hasta después del 10 de diciembre de 2023, fecha en que concluye su mandato. Y después de esa fecha, tiene la facultad de postularse para un nuevo cargo en los comicios del siguiente año, lo que propiciaría aún más su inmunidad.
En una declaración pública, la vicepresidenta acusó al gobierno en turno de ser “un Estado paralelo y mafia judicial”. Y agregó: “Se trata de la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos que está afuera de los resultados electorales”.
La política reiteró que no será candidata a ningún puesto en 2023.
A Kirchner, de 69 años de edad, se le acusa de ser culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz y con fondos de la nación a Lázaro Báez, un hombre de negocios allegado a ella y su difunto esposo, lo que ocasionó un desfalco al Estado de cerca de 1.000 millones de dólares.
Los fiscales del caso, Sergio Mola y Diego Luciani, han dicho que los Kirchner “instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país”.
Antes de asumir la presidencia en el año 2003, los Kirchner crearon Austral Construcciones, una empresa a la que le adjudicaron la mayoría de obras viales que se edificaron en la provincia patagónica. Cabe mencionar que Lázaro Báez, el testaferro de la familia, era exgerente del Banco de Santa Cruz y, según el Ministerio Público, no contaba con ninguna experiencia en el ramo de la construcción.
El año pasado, Báez fue sentenciado a 12 años de cárcel por lavado de dinero; lo mismo ocurrió con siete exfuncionarios kirchneristas, entre ellos, el exsecretario de Obras Públicas de Argentina, José López.