Salida de ministro en Guatemala abre debate sobre posible división en el gobierno tras las protestas
La repentina renuncia del ministro de Gobernación de Guatemala abrió cuestionamientos sobre la posible división en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en torno a cómo resolver las protestas que se han extendido por tres semanas y que ya dejaron un muerto y al menos dos heridos
Napoleón Barrientos, militar con rango de general de brigada retirado, renunció el lunes después de que se iniciara una investigación por lo sucedido la víspera cerca de uno de los bloqueos de carreteras.
Miles de indígenas mantienen desde hace 16 días movilizaciones en protesta por la actuación judicial contra el proceso electoral y contra el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Según analistas políticos, la salida del ministro responde a la manera en que gestionó el uso de la fuerza pública.
“Se hizo desde el ejercicio del derecho humano de la protesta y ha sido dentro del marco de normativa y protocolos de la Policía Nacional Civil, basados en el uso proporcional de la fuerza, lo que no ha sido del agrado de varios sectores”, dijo Francisco Jiménez, ex ministro de gobernación y experto en temas de seguridad.
Aunque no dio a conocer públicamente los motivos de su salida del cargo, en el que llevaba 21 meses, una carta de renuncia publicada por medios locales hace referencia a que Barrientos defendió su gestión en un momento de “alta conflictividad social” en Guatemala y que se mantuvo “en un marco de legalidad, siempre privilegiando el respeto a los derechos humanos”.
La fiscal general, Consuelo Porras, objetivo de las protestas ciudadanas, exigió e insistió el lunes ante la Corte Constitucional que el ministro fuera destituido por no acatar una orden de la misma corte de que se despejen los bloqueos viales que mantienen al país estancado.
Porras, algunos empresarios y políticos pedían incluso utilizar la fuerza contra las protestas.
El ministro saliente, sobre quien recaía la responsabilidad de mantener el orden público y las decisiones sobre movilizar a la policía, intentó priorizar el diálogo con los representantes comunitarios, quienes llegaron a reunirse con el presidente Giammattei sin llegar a ningún acuerdo.
En una entrevista a una radio local la semana pasada, Barrientos indicó en respuesta a una pregunta periodística que si llegaba a plantearse su renuncia al cargo sería cuando le exigieran acatar órdenes ilegales.
El ya exministro de Gobernación es también notario y graduado de abogado. Tiene estudios de seguridad estratégica y se ha formado en temas de seguridad, defensa, negociación y manejo de conflictos.
El gobierno aún no anuncia quién será el designado para sustituirlo durante los menos de tres meses de mandato que le queda a Giammattei hasta el traspaso de poderes a Arévalo el próximo 14 de enero.
El coronel Mario Mérida, experto en seguridad, aseguró que, en su experiencia, la entidad castrense ha entendido y comprendido mejor las experiencias que se vivieron en el pasado en Guatemala, en referencia a su participación en la guerra que vivió el país entre 1960 y1996.
Ese episodio dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos y se reprochó el papel del ejército en la muerte y desaparición de miles de víctimas.
“En el pasado las decisiones y criterios usados por los militares fueron más autoritarios que racionales”, explicó Mérida. Por eso, tomar decisiones o gerenciar entidades públicas con el antecedente de que se es militar “resulta complejo”, dijo.
Mérida ve tres elementos en la salida de Barrientos. Para él, es una retirada estratégica antes de que pudiera ser destituido, algo que es muy perjudicial en la carrera de un hombre público. También es una forma de evitar cumplir órdenes ilegales, “sobre todo por las presiones de sectores”, y de no caer en una acción que después pudiera ser tipificada como ilegal ante los tribunales de justicia.
“La salida de un ministro a pocos meses de entregar (los poderes) muestra una debilidad en la consistencia del gobierno”, valoró Mérida.
Guatemala vive momentos de mucha tensión por la arremetida que mantiene la fiscal general contra el proceso electoral, donde investiga varias denuncias contra el presidente electo Bernardo Arévalo, contra su Movimiento Semilla y contra los magistrados electorales y miles de ciudadanos que participaron en la recepción, conteo y resguardo de votos.
La fiscalía investiga si hubo fraude, si el partido Semilla se inscribió con firmas falsas y si el sistema de cómputo de votos usado para mostrar un conteo rápido fue sobrevalorado. Lo hace con la intención de invalidar el proceso electoral, según ha denunciado el presidente electo Arévalo.
Esa actuación derivó en la convocatoria de protestas de sectores indígenas y campesinos, principalmente pacíficas, que se prolongan por 16 días ante lo que consideran un intento de socavar la democracia en el país.
En la misma línea se pronunciaron organismos internacionales, como la OEA, que han rechazado la judicialización del proceso electoral y que han hecho énfasis en el riesgo que supone para la democracia las actuaciones judiciales.
Una misión de la OEA intenta mediar entre el gobierno y las organizaciones que insisten en la salida de Porras, así como de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana que validó las acciones de la fiscalía.
Tanto Porras, Curruchiche y Monterroso fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción. El juez Orellana, por su parte, por socavar los procesos e instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas.
Organizaciones indígenas pidieron el martes la destitución de Orellana señalándolo de revelar información reservada de casos.