Falsas las pruebas del caso Ayotzinapa presentadas por gobierno de AMLO: GIEI

El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) rindió su informe el lunes 31 de octubre sobre su análisis del reporte de la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, sobre la investigación de lo que sucedió en Ayotzinapa.

El grupo tiene más de tres años participando en la investigación del caso Ayotzinapa junto a la comisión que se conformó a orden expresa de Andrés Manuel López Obrador, quien a inicios de su administración prometió resolverlo y dar a conocer lo que había sucedido con los 43 jóvenes secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, durante su informe determinaron que la cooperación de dos integrantes del equipo llegaría a su fin, tras varios meses de presiones y movimientos dentro de la UEILCA (Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa) en la que Omar Gómez Trejo renunció como fiscal especial y fue reemplazado por Rosendo Gómez, abogado cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Los expertos del GIEI, además, informaron que su peritaje arroja que, de 467 capturas de pantalla presentadas en el informe de Encinas, 181 imágenes no parecen reales, y destacó varias inconsistencias en las pruebas presentadas en el informe que López Obrador dio como cierto en junio pasado para asegurar que ya sabían todo lo que había sucedido con los normalistas.

Las capturas de pantalla fueron reservadas a otras partes de la investigación, como el GIEI o la Fiscalía General de la República, que podían hacer el análisis forense, y se dieron a conocer hasta que se hizo público el informe en agosto pasado.

Ante la inconformidad del grupo de expertos, que ahora se reducirá a dos integrantes, han determinado mantenerse como “mecanismo de seguimiento”, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto, por lo que la prensa describe el caso en un punto de descarrilamiento, sin embargo, el grupo tiene una opinión diferente.

“No estamos ante la construcción de una nueva verdad histórica. Hemos tenido acceso a todas las capturas de pantalla y gracias a eso hemos podido hacer el peritaje. Es cierto que conocimos tarde los chats, pero luego tuvimos acceso. Y ciertamente no se ha torturado a nadie para fabricar nada”, dijo Claudia Paz, quien es una de las expertas que dejará el grupo.

“El GIEI valora de forma positiva la disposición de la comisión. Les hemos pedido que proporcionen la evidencia al GIEI, antes de dar cualquier paso. La consistencia y veracidad de la información debe basarse en los mas altos estándares internacionales”, dijo por su parte, Ángela Buitrago, que es una de las que se queda en el mecanismo.

El trabajo conjunto que habían realizado hasta antes de la publicación del informe y de la sustitución del Fiscal especial, dio como resultado la localización de los restos de dos de los 43 estudiantes desaparecidos, lo que desarticuló la narrativa del gobierno anterior, conocida como “verdad histórica”, y dio pie a una investigación mucho más amplia.

Sin embargo, los expertos y las filtraciones que se han dado a conocer a través del grupo de hackers autodenominado Guacamaya, confirman la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y su colusión con grupos del crimen organizado.

“Existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala. Fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección, mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y, además, controlaban el C4. Y existe al menos un testimonio que los relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas en su poder. Personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago y otros documentos y testimonios”, aseguró Buitrago.

Durante años, el Ejército se negó a que los familiares de los normalistas entraran a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería que se ubica en Iguala, Guerrero, donde aseguran, estaban escondidos restos de los jóvenes. Además, la Sedena afirma que no actuaron aquella noche debido a que no tenían conocimiento de la gravedad del asunto.

“A la luz de estas informaciones, se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido”, insistió Buitrago.

“Sedena tenía conocimiento de la implicación con el crimen organizado de varios presidentes municipales y jefes de seguridad local, previamente a los hechos. Varios militares fueron sancionados con pena de arresto de 8 días por omitir información relevante sobre el día 26 y 27 de septiembre, y el propio coronel Rodríguez, comandante del 27 Batallón, fue recriminado internamente bajo un informe de la Junta Regional de Inteligencia, por su falta de actuación para ayudar a los jóvenes”, condenó.

Alejandro Encinas aceptó en entrevista para el New York Times que la presión de López Obrador para publicar resultados, terminó en un reporte que no cuenta con el análisis forense de las pruebas para certificar su veracidad. Entre esas pruebas, se encuentra una serie de casi 500 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre supuestos delincuentes, integrantes del Ejército y funcionarios del gobierno, que fueron entregadas a Encinas por una misma fuente.

“Hay unos que hemos desechado. No tienen elementos suficientes para acreditarse”, dijo Encinas, que además admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.

Se trata de supuestos intercambios entre integrantes del cártel de Guerreros Unidos, en donde mencionan el momento en que se les ordenó acabar con la vida de los estudiantes secuestrados y, un par de días después, mover los restos para evitar que fueran hallados. También se reconoce la participación de los militares en la muerte de, por lo menos, 6 de los jóvenes y de Tomás Zerón como artífice de la “verdad histórica”.