Ayotzinapa a 8 años: mensajes revelan cómo murieron los 43 normalistas y la participación del Ejército

El informe sin testar que una fuente filtró a la periodista Peniley Ramírez cuenta a través de diferentes mensajes cómo fueron separados en grupos, asesinados y, después, la forma en que el gobierno federal deliberadamente ocultó la información que incluyó la participación de los militares

Soledad Villa
lunes 26 septiembre 2022 21:27
Ocho años del caso Ayotzinapa: la desaparición de 43 estudiantes que conmocionó a México

Un par de días antes de que se cumplieran 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la periodista Peniley Ramírez dio a conocer varios mensajes que dan cuenta de cómo murieron y bajo qué circunstancias.

“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, inicia la columna que publicó en el diario Reforma.

En su cuenta de Twitter, Ramírez dio a conocer las capturas de pantalla de los mensajes de texto que se intercambiaron integrantes del cártel de Guerreros Unidos, en donde mencionan el momento en que se les ordenó acabar con la vida de los estudiantes secuestrados y, un par de días después, mover los restos para evitar que fueran hallados.

Los mensajes se encuentran en el informe que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicó casi completamente testado, del que Peniley obtuvo una copia sin testar.

En el intercambio de mensajes, también se revela cómo la “verdad histórica” que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio como cierta sobre el destino de los 43 jóvenes, fue construida por la Fiscalía y era un completo invento. Hoy, Jesús Murillo Karam, autor de aquella frase, está preso.

“(...) Tomás Zerón (...) ya coordinó todo absolutamente, van a crear una historia muy realista para que ya se calle esa pinche gente”, dice uno de los mensajes, supuestamente, de José Luis Abarca, el entonces presidente municipal y quien, según dicen los criminales, fue el que ordenó que se asesinara a los 43.

¿Qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014?

Según las 467 capturas de pantalla y las 37 conversaciones que analiza el informe de la Comisión de la Verdad, hubo varios participantes en el crimen que acabó con la vida de los estudiantes que, efectivamente, habían tomado varios camiones para ir a una manifestación sin saber que uno de los vehículos transportaba “mercancía” del cártel.

Integrantes de los Guerreros Unidos pensaron que entre los estudiantes se encontraban adversarios suyos y se robarían la mercancía. Por su parte, Abarca, el presidente municipal, ordenó evitar que los jóvenes llegaran a un mitin en donde se encontraba su esposa.

“04:51 horas, “el Chango” le comenta a “el Chino” que originalmente los pretendían quemar pero, al ser muchos estudiantes, decidieron repartirse los “paquetes”, por lo que “el Chuky” les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisieran. Adicionalmente le informa el destino de los “paquetes” y que ‘se recuperó el material’”, se lee en la cronología que se publica junto a alguno de los mensajes.

Los restos fueron tirados al Río Balsas, al pozo de Pueblo Viejo, en una mina en Carrizalillo y a una casa en Huitzico, municipio aledaño a Iguala; otros fueron disueltos en ácido. Sin embargo, a partir del 30 de septiembre, el número identificado como “A1”, que es el de José Luis Abarca, pide borrar evidencia y mover los restos para que nadie los encuentre.

En aquel momento, Abarca pidió licencia a su cargo y huyó junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, sin embargo, fueron detenidos en noviembre de ese mismo año, poco más de un mes después de la desaparición de los normalistas.

El exfuncionario municipal fue absuelto por un juez de Tamaulipas por la supuesta falta de pruebas el pasado 14 de septiembre. Días después, se giró otra orden de aprehensión y se le dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud y su presunta relación con Guerreros Unidos.

Los mensajes también revelan que el 30 de septiembre de 2014, seis de los jóvenes seguían vivos, pues no habían alcanzado a asesinarlos y los mantenían en una bodega en Pueblo Viejo hasta que un militar les informa que “ya se encargaron de ellos”.

Apenas hace unas semanas, se informó sobre la detención del general José Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como comandante del 27 batallón de infantería al momento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

“Seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”, informó Encinas en agosto pasado.

Ante la tensión que se generó en los días posteriores a la desaparición de los normalistas y la necesidad de ocultar las pruebas, los mismos integrantes del cártel amenazaban con revelar la información si se les entregaba a las autoridades.

Los restos de los estudiantes siguieron moviéndose hasta más de un mes después de la noche del 26 de septiembre, algunos fueron llevados al interior del campo militar del batallón 27 de infantería, un lugar a donde los familiares de los desaparecidos exigieron entrar durante años sin que se les permitiera.

“Al campo militar nadie entra ya al rato vemos donde los echamos ya mande limpiar algunas cosas”, le dice alguien identificado como “capitán Crespo” a “el Chino” quien, a su vez, recordó “tanto dinero” que recibió el coronel que personalmente le había llevado hasta el batallón.

El proceso judicial

El fin de semana se dio a conocer que, a petición de la FGR (Fiscalía General de la República), un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión, que se habían girado en agosto pasado contra servidores públicos, entre ellos 16 militares, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

Los documentos obtenidos por el diario El País, muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada. Lo que muestra un evidente conflicto entre la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero y la UEILCA, (Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa).

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