Perú dice que no hizo observaciones a propuesta de ley que prescribe crímenes de lesa humanidad
El gobierno peruano indicó el miércoles que no efectuó observaciones sobre una propuesta de ley emitida por el Congreso por la que prescriben los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 y que tendrá impacto en medio millar de víctimas, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó dejar sin efecto esa polémica propuesta.
“Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla (emitir observaciones y devolverla al Congreso para que la mejore)... le corresponde ahora al Congreso promulgarla; presumo que (en) los días próximos se produzca aquello”, dijo el primer ministro Gustavo Adrianzén durante una conferencia de prensa.
Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000, en el que las fuerzas de seguridad se enfrentaron al grupo armado Sendero Luminoso. El conflicto derivó en decenas de procesos, investigaciones y procesos judiciales contra decenas de militares y miembros de Sendero Luminoso.
La Corte IDH dijo el lunes en una carta enviada a la presidenta Dina Boluarte que “de acuerdo al derecho internacional no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales”. El 5 de julio la mandataria le pidió a dicha Corte que "corrija sus excesos", luego que este tribunal regional le solicitó poco antes que Perú "tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia” a la propuesta aprobada por el Congreso peruano.
El primer ministro manifestó: “nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actuen en uno u otro sentido... No hay ningún mandato que cumplir”.
Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio, la iniciativa tendrá consecuencias sobre 550 víctimas y 600 casos —entre investigaciones y procesos judiciales—, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal debido al paso del tiempo.
De acuerdo con expertos, la ley beneficiará en especial al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Un ejemplo de ello es un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta por el cual fue sentenciado el exmandatario, quien estuvo preso desde 2007 hasta 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la fiscalía indicó que la propuesta de ley también favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que pide encarcelarlo por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992. La iniciativa fue impulsada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente.
Boluarte tiene un 5% de aprobación y un 90% de impopularidad entre la población, según una encuesta efectuada en julio por el Instituto de Estudios Peruanos. Gracias a la protección de una coalición de grupos políticos en el Parlamento, incluido Fuerza Popular, la mandataria ha sobrevivido a siete intentos de destitución en sus 19 meses de gestión.