México: crean guía digital de desaparecidos ante sistema laberíntico

Desde hace dos años y medio Jacqueline Palmeros ha tenido que recorrer un tortuoso camino, que ha incluido la pérdida de pruebas claves por parte de las autoridades, para tratar de encontrar a su hija. Desapareció tras abordar un vehículo en una barriada del este de la capital mexicana.

Para casos como el Palmeros o el de miles de mexicanos que buscan por su cuenta, sin mayor apoyo institucional, a familiares desaparecidos organizaciones humanitarias locales lanzaron el miércoles la plataforma Nosomosexpendientes.mx. La cifra de desaparecidos en el país se estima en cerca de 110.000 personas.

Según explicó María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) -una de las organizaciones humanitarias más importantes del país y promotora de la iniciativa-, se aspira guiar a las familias sobre las acciones que deben seguir ante las fiscalías y demás instancias jurídicas y policiales para dar seguimiento a sus casos.

El portal ofrece una guía sencilla de cómo reportar y denunciar una desaparición, así como herramientas para incorporar evidencias en la carpeta de investigación y para solicitar información o diligencias a las autoridades. Se explica también cómo hacer uso de los amparos si existe algún indicio de que en la desaparición participó alguna autoridad e incluye información para acudir a instancias internacionales como el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para denunciar el caso.

El objetivo, añade Aguilar, es facilitar que los afectados puedan exigir acciones de búsqueda e identificación, alimentar las carpetas de investigación y presentar quejas y otras acciones judiciales para lograr avanzar en los procesos. En muchos casos, se pierden en medio del entramado institucional mexicano.

“Enfrentan todos los días a autoridades ministeriales que son por lo menos indiferentes a sus solicitudes”, dijo la coordinadora sobre las dificultades que enfrentan los familiares de desaparecidos.

Palmeros dijo a The Associated Press que confía en que la plataforma ayude a las familias a “contar con los conocimientos adecuados que nos aporten información suficiente y actual para seguir en el camino en búsqueda de verdad y justicia”.

Maricel Torres, quien busca desde hace once años a su hijo que desapareció en el estado de Veracruz, también se mostró optimista. En la misma conferencia de prensa de presentación del espacio digital, reprochó la “grave omisión” y “abusos” de las autoridades.

Los cuestionamientos al aparato judicial mexicano respaldan la necesidad de una iniciativa que oriente a las personas. Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reprochó la falta de empatía con las víctimas del sistema y la grave situación de impunidad, que se da en más del 90% de los casos.

El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Diferentes organizaciones humanitarias han señalado que la problemática, lejos de contenerse, se ha agravado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se inició en el 2018, debido al recrudecimiento de la violencia.

En abril pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas admitió que los responsables del aumento de la cifra en México eran los funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal, así como el crimen organizado, al que consideró un “perpetrador central de las desapariciones”.

Ese grupo de expertos manifestó inquietud por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, así como por la “victimización de las mujeres”. Durante las desapariciones, ellas son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.

Asimismo, el comité consideró como “insuficientes” los servicios forenses de México, una situación que ha llevado a que más de 52.000 fallecidos no identificados estén en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.