Luisiana aprueba proyecto de ley para penalizar a funcionarios que obstruyan la ley migratoria

Mientras estallan protestas en todo el país por las agresivas tácticas de aplicación de la ley migratoria, los legisladores de Luisiana aprobaron esta semana un paquete de leyes que se sumará a la actual serie de medidas federales sobre la deportación.

En medio de crecientes tensiones nacionales, Luisiana es el estado conservador que ha ampliado más recientemente su papel en la aplicación de la ley migratoria, elaborando una promesa legislativa para cooperar con las agencias federales.

Los agentes del orden y los funcionarios públicos podrían enfrentar penas de cárcel si obstruyen, retrasan o ignoran intencionalmente los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración, según un proyecto de ley de Luisiana. Otra medida exige a las agencias estatales, incluidos los departamentos de Salud, Educación, Correccionales, Servicios para Niños y Familias, y Vehículos Motorizados, que verifiquen, rastreen e informen sobre cualquier persona que esté ilegalmente en Estados Unidos y que reciba servicios estatales.

Los proyectos de ley pasarán a manos del gobernador republicano Jeff Landry, un conservador con una dura postura contra el crimen y firme aliado del presidente Donald Trump, quien probablemente los firmará para convertirlos en ley.

Penalización a funcionarios que obstruyan los esfuerzos de aplicación de la ley migratoria

Tras la promesa de Trump de expulsar a millones de personas que están sin autorización en el país, las redadas migratorias se han intensificado de costa a costa. Las agencias federales han buscado la ayuda estatal y local para que alerten a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para deportación y los retengan hasta que los agentes federales los tomen bajo custodia.

La Asamblea Legislativa de Luisiana, dominada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley para asegurar precisamente eso.

La medida amplía el delito de mala conducta en el cargo, punible con hasta diez años de cárcel. Esencialmente, cualquier funcionario o empleado público que se niegue a cumplir con las solicitudes de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estaría cometiendo un delito. También prohíbe que los funcionarios públicos, incluidos policías y jueces, liberen de su custodia a sabiendas a una persona que “ingresó ilegalmente o permaneció ilegalmente” en Estados Unidos sin notificar previamente al ICE.

El senador estatal republicano Jay Morris afirmó: “Este es uno de esos proyectos de ley que dice que es ilegal no hacer cumplir la ley”.

Además, el proyecto de ley amplía el delito de obstrucción de la justicia para incluir cualquier acto “destinado a obstaculizar, retrasar, prevenir o interferir de cualquier otro modo con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración”, incluidos los procedimientos civiles de inmigración.

Tia Fields, defensora de la Organización de Refugiados e Inmigrantes de Luisiana, dijo temer que las medidas tengan un “efecto paralizante” y que podrían criminalizar “actos ordinarios de asistencia o asesoramiento” por parte de defensores, líderes religiosos, abogados u organizaciones.

Luisiana, que no comparte frontera con ningún país extranjero, es uno de los diferentes estados que intentan penalizar a los funcionarios locales que no cooperan con las autoridades federales de inmigración. Recientemente, según una nueva ley de Tennessee, los funcionarios locales que voten a favor de adoptar políticas de santuario podrían enfrentar hasta seis años de prisión. Otros estados permiten que los residentes o el fiscal general local demanden a funcionarios y gobiernos estatales si limitan o se niegan a cumplir con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración.

Pero las amenazas de repercusiones han ido más allá de la creación de leyes. Recientemente, cuando se desplegó a la Guardia Nacional en las protestas de Los Ángeles, Tom Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump, insinuó que los funcionarios electos podrían ser arrestados si interfieren con los agentes en el terreno.

Las agencias estatales se encargarán de rastrear a inmigrantes

En medio de las crecientes tensiones sobre la aplicación de la ley de inmigración, Luisiana ha sido noticia nacional por su papel.

Casi 7.000 personas están detenidas en los 9 centros de detención de inmigrantes del estado. Entre ellos se encuentra Mahmoud Khalil, un estudiante y residente legal de Estados Unidos a quien el gobierno de Trump encarceló por participar en manifestaciones propalestinas en la Universidad de Columbia.

Con Luisiana en el centro de atención, los proyectos de ley y políticas dirigidos a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país fueron colocados bajo los reflectores por Landry y los legisladores. Tales medidas van desde prohibir políticas de ciudades santuario hasta enviar a miembros de la Guardia Nacional de Luisiana a la frontera entre Estados Unidos y México.

Una medida, aprobada esta semana, codifica una orden ejecutiva de Landry. En ella se exige que las agencias estatales verifiquen la ciudadanía de las personas que intentan recibir o utilizar servicios y beneficios estatales. Las agencias recopilarían y rastrearían dichos datos, presentando un informe anual al gobernador, al fiscal general y a la Asamblea Legislativa, además de publicarlo en línea.

Cualquier agencia que no cumpla corre el riesgo de que se le retengan los fondos.

El senador estatal republicano Blake Miguez, quien redactó la ley, comentó que fue elaborada para que las autoridades y residentes sepan cuánto dinero y qué “servicios o beneficios se han otorgado” a los inmigrantes que están ilegalmente en el país.

Pero otro proyecto de ley va un paso más allá y exige que las agencias estatales remitan al ICE la información del solicitante, “incluido el estatus migratorio insatisfactorio”.

El senador estatal demócrata Royce Duplessis, que se opuso al proyecto de ley, preguntó a Miguez si la medida podría provocar la separación de familias.

Miguez dijo que, aunque eso es “un poco exagerado”, en última instancia depende de las autoridades federales y de lo que hagan con la información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.