Líder sindical de Panamá pide asilo a Bolivia en medio de protestas e investigación al gremio
El principal líder sindical de Panamá pidió asilo el miércoles en la embajada de Bolivia, en medio de las protestas contra la reforma del régimen de pensiones y la firma de un acuerdo con Estados Unidos y mientras el gobierno investiga a su gremio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el pedido de Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, considerado el más poderoso y combativo del país.
Según la cancillería panameña Méndez ingresó a la embajada de Bolivia en la madrugada tras saltar una cerca. El encargado de negocios de Bolivia en Panamá, Carlos Javier Suárez Cornejo, indicó que al dirigente se le otorgó una protección temporal mientras se evalúa su caso.
Méndez buscó asilo un día después de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informara que se había cancelado la personería jurídica de la cooperativa perteneciente a ese sindicato porque “no mantiene los controles necesarios y sustentados que respalden su buen funcionamiento”, entre ellos la prevención de blanqueo de capitales.
Hace una semana fue arrestado Jaime Caballero, otro de los líderes de ese sindicato, por supuesto lavado de dinero.
Desde hace cuatro semanas el sindicato de la construcción encabeza una huelga a la que se han sumado gremios de educadores y trabajadores bananeros.
Las demandas se centran en la derogación de la ley de reforma de la seguridad social aprobada en marzo, que los críticos afirman que desmejoraría las pensiones, y el rechazo a un memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos que según sectores opositores comprometería la soberanía del país sobre el Canal de Panamá, algo que han negado ambos gobiernos.
El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que la reforma era necesaria para evitar el colapso financiero del sistema y el pago de las actuales y futuras pensiones.
Las protestas son las más grandes desde las masivas manifestaciones que llevaron a tumbar en las instancias judiciales un contrato de concesión para la operación de una enorme mina de cobre en 2023.