Grupos indígenas sin armas enfrentan a guerrilleros violentos que reclutan a menores en Colombia
Cuando el hijo de 13 años de Patricia Elago Zetty desapareció en el suroeste de Colombia, una región afectada por el conflicto, ella no dudó. Junto con cinco compañeros de la Guardia Indígena, atravesó terrenos montañosos para confrontar a los guerrilleros que, según sus sospechas, se habían llevado a su hijo y a otro adolescente para reforzar sus filas.
Cuando los miembros de la Guardia, que iban desarmados, llegaron al campamento de los guerrilleros, unos 30 combatientes los detuvieron a punta de pistola. Después de una tensa espera, un comandante de elevada estatura salió de una puerta, y Elago dijo que había venido por su hijo. El comandante dijo que “verificaría” si el niño estaba allí.
Después de casi una hora de negociaciones y llamadas por radio, cinco guerrilleros más llegaron con su hijo, Stiven, y el otro menor. Cuando vio a su hijo, Elago dijo que sintió que su alma le regresaba al cuerpo.
“Al verme ahí el me abrazó y me dijo ‘mami, no pensé que usted se fuera a arriesgar tanto’”, dijo ella en entrevista con The Associated Press. “Fue algo victorioso para nosotros”.
Misiones de rescate como la de Elago se han intensificado para la Guardia Indígena del pueblo Nasa, que se formó en 2001 para proteger los territorios indígenas de grupos armados y la destrucción ambiental como la deforestación y la minería ilegal. Desde 2020, a medida que los grupos armados refuerzan su control sobre el territorio Nasa para expandir cultivos ilícitos como la marihuana y la hoja de coca, esos guerrilleros intensifican su reclutamiento de los menores de la región, ofreciendo dinero y protección.
Durante ocho días de reportaje en la región del Cauca, la AP habló con más de 20 jóvenes afectados por el reclutamiento, así como con varias familias que enfrentan la misma amenaza. Algunos jóvenes habían escapado, otros fueron rescatados, y unos pocos eligieron permanecer con los grupos.
Armas contra un bastón sagrado
Colombia ha soportado más de medio siglo de conflicto interno alimentado por la desigualdad, disputas de tierras y el narcotráfico. Guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y grupos criminales han luchado con comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas atrapadas en el fuego cruzado por el control del territorio. Un acuerdo de paz en 2016 puso fin a la guerra con el grupo rebelde más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero la violencia nunca se detuvo por completo.
Desde el acuerdo, el reclutamiento de menores ha sido impulsado principalmente por grupos disidentes de las FARC que rechazaron el proceso de paz. El ELN, una guerrilla marxista activa desde la década de 1960, y el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico de Colombia, también reclutan a menores por la fuerza.
La violencia pesa sobre la región. Durante la visita de la AP, dos excombatientes de las FARC que depusieron las armas en virtud del acuerdo de paz fueron asesinados cerca de Caldono. Al mismo tiempo, las familias reportaron la desaparición de varios jóvenes, que se cree fueron reclutados.
Este es el clima en el que trabaja ahora la Guardia, conocida como Kiwe Thegnas en lengua Nasa Yuwe.
Para los Nasa, la hoja de coca tiene un profundo significado cultural, espiritual y medicinal. Su explotación para producir cocaína es vista por muchas personas como una distorsión de una planta sagrada, que alimenta la violencia y la destrucción ambiental.
Los miembros de la Guardia llevan “bastones de autoridad”, elementos sagrados que simbolizan el liderazgo moral y la responsabilidad colectiva. Los bastones suelen estar adornados con los colores rojo y verde, tradicionales de la Guardia, que representan la sangre y la tierra, y emblemas. Elago, de 39 años, tenía una pequeña foto de su hijo en el suyo.
Al estar imbuido de espiritualidad, se cree que el bastón ofrece protección contra el daño, y da a los miembros de la Guardia el valor para confrontar a los grupos armados. Sin embargo, más de 40 miembros del grupo han sido asesinados desde el acuerdo de paz, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización de larga data que representa a los Nasa y otras comunidades indígenas.
“A pesar de que ellos empuñan un fusil, nosotros empuñamos los bastones. Es la defensa de nosotros. El bastón representa la vida de nosotros” dijo Elago, afirmando que les han apuntado con sus rifles a la cabeza y al pecho.
Relató que los rebeldes a los que su grupo confrontó hace tres años expresaron respeto por la Guardia, pero afirmaron que los chicos se habían unido voluntariamente, lo que la enfureció. Dijo que Stiven salió de casa el día que desapareció para cobrar un salario que le debían por un trabajo agrícola cerca de un área de cultivo de coca controlada por disidentes de las FARC.
“Ustedes hablan de respetar a los pueblos indígenas, pero están matando a nuestra juventud. ¿Qué respeto es ese?”, les dijo, desafiándolos.
Un rebelde le dijo que nunca había visto a una madre hablar con tanta audacia. Pero otro advirtió: “Cuídese, madrecita, porque usted ya huele a formol”, un químico usado para preservar cadáveres.
No todos los rescates son exitosos.
Eduwin Calambas Fernández, coordinador de Kiwe Thegnas en Canoas, una reserva indígena en el norte del Cauca, contó cómo, en 2023, encabezó un intento para traer de vuelta a dos adolescentes reclutados a través de Facebook. Se reunieron con los comandantes, solo para descubrir que los chicos de 15 y 16 años no querían regresar y eran considerados por los grupos armados como lo suficientemente mayores para decidir por sí mismos. Calambas dijo que la principal facción armada en su área ha declarado que ya no devolverá reclutas de 14 años o más a sus familias.
Los niños son atraídos con promesas de dinero, tratamientos cosméticos o comida para sus familias, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Una vez dentro de los campamentos, muchos sufren abuso físico, adoctrinamiento político y violencia sexual, especialmente las niñas.
“Una vez dentro, es muy difícil salir”, dijo Scott Campbell, jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia.
La ACIN ha documentado 915 casos de jóvenes indígenas reclutados allí desde 2016, algunos de tan solo 9 años. También ha advertido de un fuerte aumento reciente, en el que al menos 79 niños han sido reclutados entre enero y junio.
La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 409 casos de reclutamiento de menores durante 2024, frente a 342 el año anterior, con más de 300 casos solo en el Cauca, uno de los departamentos más pobres de Colombia.
Campbell calificó la respuesta del gobierno colombiano como “ineficaz e inoportuna”, y señaló la falta de una presencia constante del Estado y el hecho de no asociarse con las autoridades indígenas en la prevención. La ACIN dijo que el gobierno ha dejado que los grupos armados llenen el vacío al proporcionar caminos, alimentos y otros servicios básicos en áreas remotas y desatendidas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la principal agencia de protección infantil, dijo a la AP que financia programas comunitarios e iniciativas lideradas por indígenas que han contribuido a que 251 niños abandonen los grupos armados en la primera mitad de 2025. El ICBF insiste en que trabaja con las autoridades indígenas y presiona a los grupos armados para que respeten la prohibición de reclutar menores.
Grupos armados “respirándonos en la nuca”
Desde su aula en lo alto de las montañas, Luz Adriana Díaz observa a los niños llegar cada mañana bajo la sombra de un conflicto que son demasiado jóvenes para comprender. Su pequeña escuela en el pueblo de Manuelico, accesible solo por un sinuoso camino desde Caldono, está rodeada de densos bosques y campos de coca plantados y patrullados por grupos armados. Banderas que promueven el frente Dagoberto Ramos de las FARC, una de las facciones más violentas del Cauca, cuelgan a lo largo del camino.
“Desde el 2020 para acá ha sido muy triste, la verdad, digamos el territorio, o sea, digamos tierras con mucha amenaza, reclutamientos, asesinatos ... vivir en medio de la violencia”, dijo Díaz.
La maestra ha pasado 14 años enseñando en todo el municipio de Caldono, pero dice que solo en este pueblo, rodeado de coca, la presencia de grupos armados se ha sentido tan constante. Los maestros “trabajamos con ellos respirándonos en la nuca. O sea, ellos se hacen muy cerca”, dijo.
La Guardia Indígena ha intensificado los patrullajes fuera de la escuela para desalentar el reclutamiento. Díaz dice que los miembros del grupo armado van a la escuela a comprar comida, pedir prestadas sillas e interactuar casualmente con el personal.
“Y no le podemos decir que no”, dijo. “He tenido que ser muy cuidadosa”.
Varios exalumnos, algunos de tan solo 11 años, ahora están en grupos armados, afirmó. Algunos se fueron en silencio. A otros se los llevaron.
Una joven que huyó recientemente de los disidentes de las FARC, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que se unió al grupo armado a los 16 años no porque la obligaran, sino para escapar de problemas familiares.
Señaló que principalmente cocinaba, organizaba suministros y limpiaba armas. Al principio tenía miedo, pero no fue maltratada. Finalmente huyó después de un cambio de comandantes que la hizo temer que recibiría un trato más duro o sería trasladada a una región lejana con una mayor amenaza de combate.
Ahora trabaja con una iniciativa local que apoya a las familias que intentan evitar que sus hijos sean reclutados. Advierte a los adolescentes sobre los riesgos de unirse a grupos armados.
A los padres, les aconseja: “Yo les digo que necesitan ganar confianza con sus hijos”.
Una madre exrecluta teme el mismo destino para sus hijos
Fernández, una mujer de unos 30 años que pidió ser identificada solo por su apellido por temor a represalias, tenía 12 años cuando varios hombres armados fueron a buscarla en su comunidad rural del Cauca. Aterrorizada, y sin una forma clara de decir no, se unió a las filas de las FARC. Dijo que, en los años que siguieron, soportó violación, abuso psicológico y hambre, y vio castigos brutales contra aquellos que intentaron escapar.
Su escape, tres años después de que se la llevaran, ocurrió por casualidad. Una noche, un comandante la envió a cargar un teléfono celular. En lugar de regresar, se escondió durante días en una casa cercana, protegida por civiles que arriesgaron sus vidas para refugiarla, antes de huir de la región.
Ahora, con tres hijos en un pueblo cerca de Caldono, observa y se preocupa por su hijo mayor, ahora de 12 años.
“A los jóvenes los engañan muy fácil. Muestran un poquito de dinero o celulares o cosas, y a veces los jóvenes creen que eso es así nomás”, afirmó. “De fácil voy, recibo… y los mandan a zona de combate donde cuántos niños se mueren en combates”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.