Gobierno de Guatemala busca cambiar leyes para combatir a las pandillas en el país
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció el lunes la reforma de varias leyes con el fin de combatir a las pandillas y la presentación de una iniciativa legislativa para fortalecer el sistema penitenciario en el país, que incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad para los pandilleros.
El anuncio tuvo lugar luego de que el gobierno estadounidense declarara el mes pasado a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista. A principios del año Estados Unidos también declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista. Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.
Arévalo dijo en conferencia de prensa que su gobierno mantuvo un intercambio de información con el gobierno de Donald Trump que derivó en la declaración de Barrio 18 como organización terrorista.
El presidente indicó que solicitará al Congreso la modificación de varias leyes que endurecen las penas contra las extorsiones, uno de los principales delitos cometidos por las pandillas.
“Hoy estamos presentando medidas legales, ajustes al sistema de penas y nuevas reglas para perseguir a las pandillas, para tener por primera vez una ley antipandillas en Guatemala”, dijo Arévalo recalcando que el objetivo es “brindar seguridad a todas las familias que habitan el territorio”.
El ministro de gobernación Francisco Jiménez dijo por su lado que varias instituciones del gobierno participaron en estas iniciativas legislativas e hizo un llamado a empresarios, políticos, jueces y la población en general para que se sumen a apoyar los cambios propuestos porque “la seguridad necesita de todos. Y (se debe) cerrar la ruta al crimen”.
Según el ministro, en los registros del sistema penitenciario hay más de 3.000 personas reportadas como miembros de pandillas que cometieron delitos. Señaló que habría unos 4.000 pandilleros y que el número se incrementa a unos 12.000 si se incluyen a personas cercanas.
Guatemala cuenta con una cárcel de máxima seguridad situada en el departamento de Santa Rosa, que tiene capacidad para unos 300 reos. Sobre la nueva que tienen proyectado construir las autoridades no dieron más detalles que está previsto que incluye una clínica medica para que los reos no tengan que salir.
La reforma del sistema penitenciario, además de endurecer el encarcelamiento de los miembros de pandillas —que en prisión ordenan extorsiones y crímenes, según las autoridades —también incluye el registro de voz, que supone un método más eficiente para el reconocimiento de personas, y un vidrio separador entre los encarcelados y sus visitas.
El ministro dijo que se impulsará un incremento de las penas, de hasta 10 años de prisión, por el delito de extorsión, así como la inmovilización de cuentas bancarias de pandilleros que lo cometan o de personas cercanas. “No permitiremos que sigan quitándole sus recursos a los guatemaltecos honrados y trabajadores”, sostuvo el funcionario.
La viceministra de gobernación Claudia Palencia explicó que requieren una reforma el Código Penal, el Código Procesal Penal y otro tipo de legislación con el fin de endurecer sanciones y limitar las medidas alternativas a la prisión para los extorsionistas.
Ludin Godínez, director del Sistema Penitenciario, anunció la extradición el fin de semana de un pandillero de la Mara Salvatrucha a El Salvador, quien asesinó dentro de un penal a un hombre de la misma pandilla para evitar ser enviado.
Las pandillas en Guatemala son responsables del incremento de la violencia e inseguridad, como el asesinato de siete personas en un velorio ocurrido en julio por rivalidades entre grupos pandilleros. Tras los hechos, las autoridades enviaron a la prisión de máxima seguridad a 10 líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, lo que generó varios motines.
El último incidente grave ocurrió el 25 de septiembre, cuando el asesinato de un investigador policial a manos de pandilleros desató un mega operativo en una de las zonas de narcomenudeo más peligrosas del país, dejando a 17 detenidos y 24 armas de fuego incautadas.