Gobierno de Bolivia busca ampliar estado de excepción ante amenaza de protestas

El gobierno de Bolivia enviará al Legislativo un decreto para ampliar el estado de excepción que vence en seis días en medio de voces a favor y en contra, un creciente malestar social y amenazas de protestas.

“Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción. Una comisión legislativa también ha presentado la misma solicitud”, anticipó el fin de semana el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz dictó la medida hace tres meses para frenar las duras protestas con cortes de rutas que por 53 días paralizaron gran parte del país entre junio y julio y que reclamaban su renuncia.

La Constitución establece que una vez finalizado el estado de excepción no puede declararse otro en un año, a menos que sea aprobado por La Asamblea.

La semana pasada una comisión de diputados oficialistas aprobó una resolución para ampliar la medida por 90 días ante anuncios de movilización de varios sectores y sindicatos por la escasez de combustible y dólares que están elevando los precios.

“No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”, dijo la diputada Elena Pachucute del bloque mayoritario de oposición.

“La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”, sostuvo la oficialista Claudia Bilbao.

Los gremios empresariales están demandando la prorroga de la medida y han planteado una ley contra el corte de rutas. Sólo la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz aprobó una norma contra los bloqueos para su jurisdicción. Transportistas, vendedores informales, maestros y cocaleros, entre otros, anticiparon movilizaciones.

Adiós al subsidio a los combustibles

De ampliarse la medida tendrá vigencia hasta fin de año, cuando el gobierno anunció que quitará totalmente el subsidio a los carburantes que tiene un alto costo fiscal y es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar un crédito de 1.900 millones de dólares. Hace nueve meses se levantó parcialmente el subsidio.

Paz heredó problemas acumulados de gobiernos anteriores como la caída en la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles y otros productos, escasez de divisas, inflación y un creciente malestar.

En casi un año de gobierno Paz no ha logrado resolver los problemas heredados y se ha visto salpicado por escándalos que mermaron más su credibilidad, según analistas.

“El gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”, opinó la analista Jimena Costa a radio Panamericana.