Exfuncionario de aduanas de EEUU condenado por dejar entrar vehículos con droga por frontera
Un exfuncionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha sido declarado culpable de aceptar sobornos para permitir que vehículos llenos de drogas ingresaran a Estados Unidos desde México, dándoles a los traficantes una hora para llegar a su carril en un cruce fronterizo de San Diego y embolsándose al menos 13.000 dólares por vehículo, dijeron las autoridades el jueves.
Los fiscales afirman que Leonard Darnell George, un agente de la CBP que trabajaba para dos organizaciones criminales, permitió al menos 19 cruces entre finales de 2021 y junio de 2022. Los vehículos contenían cientos de libras de metanfetamina, así como cantidades más pequeñas de cocaína, fentanilo y heroína, además de personas que fueron introducidas ilegalmente en el país, según documentos judiciales.
Los mensajes de texto obtenidos por los investigadores muestran que George aceptaba dejar pasar coches por 17.000 dólares por vehículo, y un mensaje muestra que recibió 68.000 dólares tras dejar pasar cuatro vehículos de narcotraficantes en junio de 2022, según el comunicado de prensa.
El abogado de George, Antonio Yoon, no respondió por el momento a correos electrónicos y mensajes de voz enviados en busca de comentarios.
George fue declarado culpable el lunes por un jurado federal en la corte de distrito en San Diego de aceptar un soborno como funcionario público, asociación delictuosa para importar sustancias controladas, y de dos cargos de permitir el ingreso al país a vehículos con personas no autorizadas.
“Abandonar la integridad del uniforme por el narcotráfico es un camino hacia una condena penal”, declaró la fiscal federal Tara K. McGrath en un comunicado.
Los testigos declararon que George utilizó el dinero para comprar vehículos, motocicletas y joyas, y también gastó a manos llenas en un club de desnudistas de Tijuana, según el comunicado de prensa.
La audiencia para dictar sentencia está fijada para el 13 de septiembre. La pena máxima por sus cargos oscila entre 10 años y cadena perpetua.