¿Dónde están los desaparecidos? La duda que todavía atormenta a Argentina a 50 años del golpe

Bajo un cielo plomizo, las manos de los familiares de Eduardo Ramos y Alicia Cerrotta cargan las dos pequeñas urnas con sus restos en el cementerio municipal de Tafí Viejo. “Ya sabemos dónde están”, susurra uno de ellos.

Llorando se inclinan para besar los cofres de madera antes de colocarlos en un mausoleo en este suburbio de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia homónima, a 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Minutos después un empleado del camposanto sellará el nicho con cemento.

El funeral transcurre entre la tristeza por la despedida definitiva y el alivio por cerrar una herida abierta hace 50 años. Eduardo, periodista y poeta de 21 años, y su esposa Alicia, psicóloga de 27 años, fueron secuestrados por militares pocos meses después del golpe de Estado de 1976 que instauró una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica en los años 70 y que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos, y cerca de 8.000, de acuerdo con las cifras oficiales. La mayoría continúa en esa condición.

Tras el retorno de la democracia en 1983, el Estado asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de los crímenes, pero no puso el mismo empeño en buscar los cuerpos de las víctimas. A eso se sumó la negativa de los militares a brindar información sobre su paradero y, más recientemente, a los recortes presupuestarios dispuestos por el presidente ultraliberal Javier Milei en el área de derechos humanos.

“Dónde están es una pregunta muy vigente a 50 años del golpe”, afirmó Sol Hourcade, abogada querellante en juicios de lesa humanidad por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ni muertos, ni vivos. Eduardo y Alicia llevaron el rótulo de “ desaparecidos” hasta que en 2011 un equipo independiente de arqueólogos dio con sus restos mezclados con los de otro centenar de personas en el llamado Pozo de Vargas, de casi 40 metros de profundidad, utilizado a principios del siglo XX para cargar locomotoras a vapor.

Los militares suponían que la humedad de la reserva de agua, sumada a toneladas de tierra, piedras y desechos usados para tapar la tumba improvisada, ayudarían a que los cuerpos de estudiantes, militantes políticos y trabajadores rurales, considerados subversivos, nunca fueran encontrados.

La exhumación e identificación llevó años hasta que a principios de marzo la justicia tucumana entregó los restos incompletos de Eduardo y Alicia a sus familias.

“Al ver las urnas me di cuenta de que para nosotros esto implica un duelo final”, reflexionó Ana Ramos, hermana de Eduardo. Tenía 13 años cuando lo vio por última vez y lo acaba de enterrar a los 63. “La gente no tiene idea de lo que significa que lleguen los restos. Al principio sacude mucho, pero es lo más liberador que nos ha pasado”.

El Pozo de Vargas es considerado la mayor fosa común clandestina de la última dictadura argentina con 149 víctimas. Una prueba irrefutable de la crueldad del aparato represivo.

El golpe y la represión

Una inflación descontrolada y la violencia política desatada por organizaciones armadas de izquierda y extrema derecha allanaron el camino al golpe contra la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 en un país con un largo historial previo de interrupciones del orden constitucional.

Una característica particular del régimen militar fue la desaparición forzada de personas para ocultar todo rastro de sus crímenes.

“No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio que pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”, confesó el exdictador Jorge Rafael Videla al periodista Ceferino Reato para su libro “Disposición Final”, en la última entrevista antes de morir en 2013 en una cárcel donde cumplía cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Los disidentes eran secuestrados y trasladados a centros clandestinos de detención donde se los torturaba para extraerles información. Permanecían en condiciones infrahumanas hasta que los militares disponían su “traslado”, un eufemismo para describir su asesinato por fusilamiento o en “vuelos de la muerte”, que consistían en sedar a los prisioneros y subirlos a un avión para luego arrojarlos vivos al mar o el Río de La Plata. Unos pocos cuerpos fueron arrastrados por la corriente hacia las costas de Argentina y el vecino Uruguay.

Las detenidas embarazadas, en tanto, eran obligadas a parir en la clandestinidad y luego asesinadas. La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 recién nacidos fueron adoptados ilegalmente por militares o allegados, de los cuales 140 fueron recuperados.

Los cuerpos de los detenidos no eran entregados a sus familiares sino enterrados en tumbas anónimas en cementerios municipales o en fosas comunes cercanas a cuarteles militares. Otros fueron incinerados.

Armar el rompecabezas

"Cuando los militares vienen, se corta la luz de la calle”, decían los vecinos del Pozo de Vargas, ubicado al lado de una estación de ferrocarril. Lo que empezó como un rumor se convirtió en la primera pista de que allí podrían ocultarse los cuerpos de desaparecidos.

La represión fue especialmente feroz en esta pequeña provincia norteña, donde los grupos guerrilleros habían ocupado gran parte de su territorio antes del golpe. Se calculan en 2.000 las víctimas en Tucumán.

“El pozo empezó como un mito y hoy es una realidad concreta y material de lo que fue el terrorismo de Estado. No fue algo accidental ni un exceso, sino algo planificado”, dijo Ruy Zurita, integrante del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán que dio con la fosa en 2002.

Ya en desuso por el cambio de tecnología a ferrocarriles diésel y por su ubicación alejada del centro urbano, los militares usaron el pozo como un depósito de cuerpos.

Si bien los arqueólogos hallaron los primeros restos óseos en 2004, no fue hasta cinco años después que iniciaron las excavaciones por la falta de apoyo estatal para adquirir bombas extractoras de agua. Su trabajo fue mayormente ad-honorem y con aportes de organizaciones internacionales.

No se recuperaron esqueletos completos, sino 38.000 fragmentos óseos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente fundada por el antropólogo estadounidense Clyde Snow en los albores de la democracia, tuvo la misión de rearmar ese complejo rompecabezas en su laboratorio de Buenos Aires a partir de 2011. Hasta el momento, identificó a 121 víctimas mediante el cruce con muestras de sangre de sus familiares. Todavía falta identificar 28 restos.

Los Ramos fueron notificados en 2015 sobre el hallazgo de Eduardo. “Pero era una tibia”, aclaró Ana. “Ahí nos dan a elegir si queríamos retirarlo o esperar más tiempo para armar su esqueleto. Nosotros decidimos que íbamos a esperar”.

Desde 1984, cuando el EAAF empezó a participar en las excavaciones en todo el país a pedido de las familias de desaparecidos, la institución ha localizado más de 1.600 cuerpos de los cuales poco más de la mitad fueron identificados.

Entre el silencio y la falta de apoyo estatal

A más de 1.000 kilómetros de Tucumán, el excabo primero del Ejército y exjefe del Grupo de Tiradores de Contrasubversión, Juan Manuel Giraud, enciende un cigarrillo en su apartamento de Buenos Aires. “No puedo pedir perdón si yo no hice nada. Tampoco puedo pedir perdón por los otros porque no sé lo que hicieron”, sostuvo.

Giraud, de 75 años, lleva una tobillera electrónica, única señal de que cumple una cadena perpetua en prisión domiciliaria. Fue condenado en 2022 por la muerte de varios miembros de una organización guerrillera durante un operativo militar en 1976.

“Yo nunca maté, no torturé, ni vi matar, ni vi secuestrar, ni ninguna de cosa de esas. Nunca. No sé por qué me condenaron”, aseguró Giraud con vehemencia. “En el juicio mostraron huesos que sacaron de un cementerio de gente desaparecida...Veía eso y la fiscal mostraba como que yo fui. No hice nada”.

La gran mayoría de los 1.231 miembros de las fuerzas de seguridad condenados por su accionar durante la dictadura niegan las acusaciones y no han brindado información sobre la ubicación de los desaparecidos.

La respuesta a ese interrogante, según la abogada Hourcade, podría estar en los archivos secretos del Estado, fundamentalmente los que están en poder de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Inteligencia.

“Es una tarea titánica, estamos hablando de toneladas de papeles”, remarcó la especialista. “La complejidad de la maquinaria de exterminio de la dictadura también hace difícil la búsqueda, más aún si no se aplica una batería de medidas políticas para buscar a esas personas”, agregó.

El presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el histórico juicio a las juntas militares, pero a los pocos años promovió la sanción en el Congreso de leyes de amnistía que favorecieron a los uniformados de menor rango. Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999) indultó a los dictadores y líderes guerrilleros en busca de una reconciliación nacional.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) la justicia reabrió cientos de causas contra los jerarcas de la dictadura tras declarar inconstitucionales los indultos y las leyes de amnistía. La exmandataria ordenó entonces la desclasificación de archivos del Estado, pero el análisis del material se vio afectado a partir de 2023 con la llegada al poder de Milei.

Como parte de su plan de recortes en el Estado, degradó a la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, redujo su presupuesto y despidió personal. Los equipos técnicos de organismos de derechos humanos que trabajaban en el análisis de archivos fueron desplazados, acusados de ser militantes políticos y de una persecución “macartista” a los exmilitares.

De construcción reciente, el mausoleo del cementerio de Tafí Viejo tiene la mayoría de sus nichos vacíos a la espera de nuevas identificaciones.

“Hoy concluye una etapa: recibir y a la vez despedir a Eduardo y Alicia”, reflexionó Pedro, otro de los hermanos Ramos, durante el funeral. “Sólo sé que la pena camina con nosotros para siempre”.