La Corte Suprema autoriza a Trump a quitar protecciones humanitarias a más de 350.000 venezolanos
La Corte Suprema detuvo una orden judicial que impedía a Trump acabar con el estatus de protección temporal
La Corte Suprema permite que el gobierno de Trump empiece a revocar las protecciones humanitarias otorgadas a miles de venezolanos.
Una orden sin firmar de la Corte Suprema, emitida este lunes, permite al gobierno cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro.
Con el fin del TPS, estos migrantes perderán su derecho legal a residir y trabajar en Estados Unidos, además de quedar expuestos a la deportación. La decisión allana el camino para que Trump avance con su agenda antiinmigrante.
El gobierno de Trump argumentó que la ampliación del programa durante el gobierno de Joe Biden no respondía al “interés nacional” y decidió revocar esas protecciones. Un juez federal calificó la medida de “racista” y advirtió que provocaría un “daño irreparable” a cientos de familias. El juez Edward Chen, del distrito de California, suspendió la decisión del gobierno y su fallo fue respaldado por una corte de apelaciones.
No obstante, la orden emitida este lunes por la Corte Suprema deja en suspenso de forma temporal ese fallo. En el documento se señala que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson votó en contra de la decisión.
La directiva emitida en febrero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenaza con “causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente afectadas; costará miles de millones de dólares en actividad económica a Estados Unidos y perjudicará la salud pública y la seguridad en comunidades de todo el país”, según la decisión del juez Chen del 31 de marzo.
Los argumentos del gobierno de Trump en defensa de la medida, incluidas las afirmaciones de que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal son miembros de la pandilla Tren de Aragua, “carecen por completo de respaldo probatorio”, escribió el juez Chen.
En lugar de apoyarse en argumentos legítimos de seguridad nacional, la decisión de cancelar las protecciones parece estar “basada en estereotipos negativos que lanzan acusaciones generalizadas sobre su carácter”, señaló el juez. Entre esas insinuaciones se encontraba que los beneficiarios del TPS venezolano habrían sido liberados de prisiones o instituciones psiquiátricas en Venezuela y que representaban una carga económica para las comunidades locales.
“La generalización de conductas delictivas a toda la población venezolana con TPS no tiene ningún fundamento y huele a racismo basado en estereotipos falsos”, escribió el juez Edward Chen. “Además, los beneficiarios del TPS venezolano son piezas clave en las economías nacional y local: trabajan, consumen y pagan impuestos”.
En los documentos presentados ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump sostuvo que la continuidad del Estatus de Protección Temporal es un asunto de seguridad nacional que está “sobrecargando a las comisarías, los albergues municipales y los servicios de asistencia en comunidades locales que ya han llegado a un punto de quiebre”.
Los grupos defensores de los inmigrantes argumentaron que el gobierno se basó explícitamente en estereotipos “falsos y negativos” —incluidas afirmaciones del presidente de que prisiones extranjeras estaban vaciando sus cárceles para enviar delincuentes a Estados Unidos— para justificar el fin del Estatus de Protección Temporal.
Las declaraciones de Noem “equipararon a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal con ‘bolsas de basura’, miembros de pandillas y delincuentes peligrosos”, señalaron en su escrito a la Corte Suprema.
El Congreso creó el programa de Estatus de Protección Temporal en 1990 para ofrecer protección migratoria temporal a personas que huyen de guerras, desastres naturales o condiciones “extraordinarias y temporales” en sus países de origen. Quienes se acogen al programa pueden solicitar permisos de trabajo renovables y están protegidos frente a la deportación.
El secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Biden, Alejandro Mayorkas, aprobó la inclusión de Venezuela en el programa y extendió su designación hasta octubre de 2023.
De manera paralela, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que permita a los funcionarios de inmigración cancelar las protecciones humanitarias de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití y Nicaragua.
El mes pasado, la jueza federal Indira Talwani, en Massachusetts, suspendió temporalmente la orden de Noem, que habría eliminado el estatus legal de más de 530.000 personas incluidas en el programa.
La orden de la jueza mantiene el estatus migratorio temporal de aproximadamente 110.300 cubanos, 210.000 haitianos, 93,100 nicaragüenses y 117,300 venezolanos.
De anularse estas protecciones, los inmigrantes afectados se verían obligados a “elegir entre dos escenarios perjudiciales: cumplir la ley y abandonar el país voluntariamente, o enfrentar un proceso de expulsión” que los expondría “al riesgo de arresto y detención” y que, en la práctica, podría cerrarles “de forma permanente el acceso a otras vías de alivio migratorio”, advirtió la jueza Talwani.
Los casos ante la Corte Suprema forman parte de más de una docena de solicitudes de emergencia presentadas por el gobierno de Trump para que el tribunal intervenga, muchas de ellas relacionadas con su agresiva agenda antiinmigración.
La semana pasada, los jueces escucharon argumentos orales en un caso que cuestiona su orden ejecutiva sobre la redefinición del derecho a la ciudadanía por nacimiento y que podría marcar los límites del poder de los jueces federales para suspender, a nivel nacional, partes clave de esa agenda.
Traducción de Leticia Zampedri