Corte falla a favor de 4 migrantes deportados por EEUU a África sin ver a abogados 9 meses

El Tribunal Supremo del reino africano de Esuatini dictaminó que cuatro hombres enviados allí por Estados Unidos en julio del año pasado, en el marco del programa de deportación a terceros países del gobierno del presidente Donald Trump, por fin pueden reunirse con un abogado, luego que se les negara asesoría legal presencial durante nueve meses recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Un tribunal inferior ya había resuelto que el abogado local Sibusiso Nhlabatsi, que trabaja en nombre de los abogados de los hombres con sede en Estados Unidos, podía reunirse con ellos, pero el gobierno de Esuatini apeló de inmediato esa decisión.

En un fallo emitido el jueves, el Tribunal Supremo desestimó los argumentos de las autoridades de Esuatini de que los deportados no querían reunirse con Nhlabatsi y de que, en cualquier caso, no tenían derecho a asesoría legal porque no habían sido arrestados ni acusados de un delito en Esuatini.

Esuatini está gobernado por un rey como la última monarquía absoluta de África, y se ha acusado a las autoridades de reprimir los movimientos prodemocracia, a veces de forma violenta.

La abogada Alma David, del despacho Novo Legal Group, con sede en Estados Unidos y que representa a dos de los cuatro hombres deportados, señaló en un comunicado el viernes que el hecho de que hicieran falta nueve meses de litigio para permitir que los hombres se reunieran con un abogado “dice mucho sobre lo duro que está luchando el gobierno de Esuatini para negarles a estos hombres los derechos más básicos”.

A los cuatro hombres, originarios de Cuba, Yemen, Laos y Vietnam, se les ha permitido hablar por teléfono con sus abogados que se encuentran en Estados Unidos.

Esuatini es uno de al menos ocho países africanos que han alcanzado acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para recibir a migrantes deportados que son originarios de otros países. El gobierno de Trump ha utilizado el programa en su ofensiva contra la inmigración como un medio para expulsar rápidamente a migrantes que están en Estados Unidos sin autorización legal y que no pueden ser enviados con facilidad a sus países de origen.

Críticas por violación de derechos legales de deportados

Los detractores han afirmado que el programa permite que se vulneren los derechos legales de los deportados en países con antecedentes de derechos cuestionables y donde los deportados no tienen vínculos.

Las autoridades de Estados Unidos han insistido en que siguieron el debido proceso en las deportaciones, pero en gran medida han transferido la responsabilidad del trato a los deportados a los países que los reciben.

La portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli, indicó en un mensaje de teléfono celular a The Associated Press que “la sentencia aún es reciente, y el Gobierno todavía no se ha reunido para considerar posibles medidas futuras, si fuera necesario”.

El gobierno estadounidense ha dicho que los cuatro hombres enviados a Esuatini fueron condenados por delitos graves en Estados Unidos y tenían órdenes de deportación. Sus abogados sostienen que cumplieron sus condenas en prisiones estadounidenses y que su detención en el Complejo Correccional Matsapha, de máxima seguridad en Esuatini, es ilegal porque no han sido acusados de ningún delito en la nación africana.

EEUU está pagando millones a gobiernos africanos

Estados Unidos acordó pagar al gobierno de Esuatini 5,1 millones de dólares para que aceptara deportados, según documentos publicados por el Departamento de Estado estadounidense. Esuatini ha recibido al menos 19 deportados procedentes de Estados Unidos en tandas separadas desde julio y señaló que podría mantenerlos en prisión hasta por un año. Dos de ellos han sido repatriados a sus países de origen.

Los otros siete países africanos de los que se sabe que han aceptado acuerdos para recibir a migrantes deportados son Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo.

El Departamento de Estado estadounidense ha publicado detalles de sólo algunos de los acuerdos, incluido que Estados Unidos pagará a Ruanda 7,5 millones de dólares. El gobierno de Sudán del Sur pidió a Estados Unidos que levantara sanciones contra un alto funcionario acusado de corrupción y que lo ayudara a procesar a un líder opositor a cambio de aceptar deportados, según documentos relacionados con ese acuerdo. No hay indicios de que Estados Unidos haya considerado esas solicitudes.

Los demócratas del Senado han cuestionado un pago de 7,5 millones de dólares realizado a Guinea Ecuatorial, donde se acusa al presidente y a su familia de corrupción sistémica, malversación y represión. Muchos elementos de los acuerdos han quedado en secreto, incluido dónde se mantiene a algunos de los deportados enviados a África y por cuánto tiempo serán detenidos.

Se negocian más acuerdos

Un informe de febrero elaborado por personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado indicó que el gobierno de Trump había gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países distintos de los suyos, incluidos países de África, Centroamérica y otros lugares.

En ese momento, documentos internos revisados por la AP mostraron que se habían acordado o se estaban negociando 47 acuerdos de deportación entre Estados Unidos y terceros países.

___

La periodista de The Associated Press Nokukhanya Musi contribuyó a este despacho desde Manzini, Esuatini.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.