Cooperación de Florida con autoridades de inmigración genera temor de desapariciones en cárceles
Mientras las agencias de aplicación de la ley de Florida trabajan con las autoridades federales de inmigración, los familiares y defensores de los derechos de los inmigrantes temen que las personas desaparezcan en los sistemas de cárceles del condado, a pesar de las amplias leyes de registros públicos del estado.
Los funcionarios de Miami-Dade dijeron el jueves, durante una reunión de la comisión, que están comprometidos con la transparencia y continuarán siguiendo las leyes estatales con respecto a la divulgación de información sobre los reclusos. Sin embargo, en una sección de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se designan como registros federales todos los archivos e información creados bajo el acuerdo, y algunos observadores dicen que el ICE tendría la última palabra sobre qué información se hace pública, incluyendo si una persona está o no bajo custodia.
Eso podría ser un gran problema, dijo William Mann, un abogado del Proyecto de Justicia Comunitaria.
“Creo que las preocupaciones que muchas personas tienen serían que ellos (los funcionarios del condado) usarían este lenguaje que está en este acuerdo básico... para impedir que seres queridos, familiares, amigos, defensores y periodistas accedan a la información”, expresó Mann. “Lo que significa que desaparecerían en el sistema de Miami-Dade si técnicamente fueran prisioneros del ICE”.
Los funcionarios del ICE confirmaron la recepción de correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios sobre el tema, pero no ofrecieron ninguna observación al respecto.
La aplicación de la ley de inmigración evoluciona
En el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis, las autoridades locales y estatales deben asumir un papel mucho más agresivo en el apoyo a la aplicación de la ley federal de inmigración, que se ha intensificado desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo en enero.
Una ley de 2022 amplió la prohibición estatal sobre las llamadas políticas de santuario y exigió que las agencias que operan instalaciones de detención del condado firmaran acuerdos con el ICE que facultan a los agentes locales para identificar y procesar a “extranjeros removibles” en sus cárceles.
Otra medida firmada como ley este año exige que los funcionarios responsables de supervisar la aplicación de la ley local o estatal usen sus “mejores esfuerzos” para apoyar la aplicación de la ley de inmigración federal. A solicitud de una agencia federal, los centros de detención del condado también están obligados a proporcionar una lista de “todos los reclusos” y “cualquier información” sobre el estado migratorio de cada uno.
“Hoy, la Asamblea Legislativa de Florida aprobó la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, dijo DeSantis a principios de este año. “Estamos a la vanguardia en poner fin a la crisis de inmigración ilegal”.
Florida requiere apoyo local a la aplicación de la ley de inmigración federal
El fiscal general del estado ha amenazado con destituir a los funcionarios locales electos que inicialmente se resistieron a firmar acuerdos de cooperación con el ICE.
En la reunión del jueves de la comisión de Miami-Dade, la junta tenía programado votar sobre nuevas disposiciones para el acuerdo existente del condado con el ICE, pero finalmente lo pospuso y optó por dejar que la alcaldesa, Daniella Levine Cava, ratificara el acuerdo por sí misma.
Levine Cava dijo a quienes asistieron a la audiencia que no tenía otra opción en el asunto: “Esta es la ley de Florida, y se requería que este acuerdo se firmara”.
Ella y varios comisionados señalaron que cualquier registro público sobre el cual el condado tenga jurisdicción seguiría estando disponible públicamente.
Aunque las autoridades de Miami-Dade han dicho que están comprometidas con la transparencia, los reclusos federales, incluidas las personas con órdenes de detención de inmigración, no aparecían en los registros de la cárcel del condado de Orange hasta la semana pasada.
Dificultad para rastrear registros
Ericka Gómez Tejeda, directora de organización del Centro Comunitario Hope, dijo que las autoridades del condado central de Florida adoptaron la postura de que los registros federales no estaban cubiertos por las leyes estatales de registros abiertos, lo que significa que, en los hechos, los inmigrantes desaparecían en el sistema.
Gómez Tejeda señaló el caso de Esvin Juárez, arrestado y deportado a Guatemala este mes, antes de que su familia y su abogado supieran siquiera dónde estaba detenido. Dificultar el rastreo de los inmigrantes detenidos es intencional, dijo.
“Funciona a favor de que se violen los derechos al debido proceso de las personas”, manifestó Gómez Tejeda.
El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, ordenó la semana pasada a la cárcel que comenzara a publicar información sobre los detenidos del ICE, pero la activista dijo que eso podría no ayudar a los reclusos que fueron arrestados en otros condados o estados antes de ser trasladados al condado de Orange.
“Tenemos personas que han sido enviadas a cuatro o cinco centros de detención diferentes”, afirmó Gómez Tejeda. “Y en cada estado al que entras, esa familia necesita identificar a un abogado que luego hará su representación y su papeleo. Así que impone una onerosa responsabilidad a las familias”.
Congresista demócrata propone proyecto de ley para eliminar la detención ilegal
El representante Maxwell Frost, un demócrata que representa el área de Orlando, presentó este mes una legislación destinada a eliminar la detención ilegal y poner fin al maltrato de los detenidos. Exigiría que todas las instalaciones del ICE informen públicamente quién está detenido, así como dónde, cuándo y por qué.
“Este proyecto de ley no lo solucionará todo, pero si Donald Trump y sus aliados piensan que estas políticas son defendibles, entonces no deberían tener miedo de decirle al público exactamente lo que están haciendo”, dijo Frost. “Si están orgullosos de ello, lo informarán. Si se avergüenzan, necesitan cancelarlo”.
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La periodista de The Associated Press Kate Payne en Tallahassee contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.