Congreso de Perú remueve a dos electores de magistrados en medio de preocupación internacional
El Congreso peruano inhabilitó el jueves por 10 años a dos de los siete miembros de un órgano autónomo encargado de elegir, evaluar y destituir a los magistrados y autoridades electorales, en medio de una creciente preocupación internacional por la alteración de la independencia de poderes en el país.
Aunque el objetivo inicial era destituir a todos los miembros, los legisladores apenas alcanzaron 67 votos —el mínimo requerido— para remover a Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, un órgano autónomo que garantiza la independencia judicial y del sistema electoral.
Tello —una jueza jubilada que encarceló a militares violadores de derechos humanos y funcionarios corruptos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)— pidió posteriormente al Congreso declarar “inexistente” la votación que la sancionó, ya que se contabilizó el voto de un legislador que estaba impedido de sufragar y con ese voto se alcanzaron los 67.
El Congreso acusó a todos los integrantes de la Junta de infringir el artículo 156 de la Constitución por permitir que Tello, de 78 años, continúe en el puesto, pese a superar la edad máxima permitida, que es de 75 años. Tello se defendió, alegando que, de acuerdo al artículo 155 de la Carta Magna, su cargo dura cinco años y ella fue elegida como miembro de ese organismo cuando tenía 74 años, en 2020.
Samuel Abad, abogado de la Junta, dijo que si se leen "ambos artículos de la Constitución, se llega a la conclusión que si alguien es elegido a los 74 años tiene un mandato de cinco años porque así lo ordena el artículo 155”.
La congresista Patricia Chirinos, del partido Avanza País, dijo que los legisladores como “guardianes de la democracia” iban a rescatar a Perú “de las garras” de la Junta.
“Por unanimidad el resto de la Junta trató de blindar a la señora Tello haciendo uso de sus artimañas y argucias”, denunció Chirinos.
La inhabilitación de algunos miembros de la Junta sin reemplazo inmediato podría paralizar 159 procesos disciplinarios, 55 investigaciones preliminares y 677 denuncias ciudadanas contra jueces y fiscales que podrían archivarse y permitir que ellos regresen a sus actividades.
Uno de esos procesos disciplinarios en suspenso es el que se le sigue desde diciembre a la suspendida fiscal general Patricia Benavides, porque la fiscalía la investiga por presuntamente liderar un grupo criminal dentro del Ministerio Público que incluso tenía acuerdos con al menos 14 legisladores.
Según la fiscalía, Benavides también intentaba impulsar la remoción de los integrantes de la Junta porque la investigaban por varios casos administrativos, entre ellos usar su poder para cambiar a una fiscal que investigaba a su hermana, que era jueza y es sospechosa de liberar a narcotraficantes por dinero.
La inhabilitación de algunos miembros de la Junta ha provocado la “preocupación” de organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también de Estados Unidos.
En una inusual declaración, los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine se mostraron el martes “decepcionados y preocupados” por el intento del Congreso.
“Cualquier apariencia de interferencia política con la Junta Nacional de Justicia tendrá un profundo impacto en la legitimidad y fortaleza de la democracia peruana. Instamos a los miembros del Congreso de Perú... a reconsiderar seriamente su curso de acción actual”, dijeron ambos demócratas en un comunicado.
El Parlamento es una de las instituciones más impopulares de Perú. En febrero tenía 80% de desaprobación, según un sondeo de Ipsos Perú. No es la primera vez que su actuación es cuestionada: En agosto los legisladores eligieron como su presidente a un congresista con más de 50 investigaciones fiscales en curso.
La Junta fue creada en 2018 tras la disolución de un organismo con funciones similares, cuyos miembros estaban inmersos en escándalos de corrupción por intercambiar favores con jueces y fiscales.