Congreso de Perú debate quinta extensión hasta 2027 de permisos para operar minas informales de oro
El Congreso de Perú se disponía a debatir el jueves si extiende por quinta vez un permiso temporal que habilitaría a miles de mineros informales a extraer oro y cobre hasta fines de 2027 sin ser sancionados por las autoridades reincorporando además a 50.000 permisos excluidos, en medio de protestas de trabajadores de ese sector frente a la sede del Poder Legislativo.
Los permisos se han postergado desde 2016 sin que ningún gobierno haya logrado empadronar y cobrar impuestos a miles de mineros que, según evidencias de la fiscalía, usan mercurio para extraer oro en zonas naturales protegidas, contaminan ríos de la Amazonía que brindan agua y peces a poblaciones indígenas, o han invadido concesiones mineras de terceros, la mayoría pequeños mineros formales.
En Perú existen tres tipos de minería: la formal que cumple todos los requisitos legales; la informal que es de menor magnitud, pero se encuentra en proceso de legalización por varios años; y la ilegal que opera en territorios prohibidos por la ley y tiene nexos con grupos criminales. Según las autoridades un número indeterminado de registros de mineros informales es aprovechado por grupos criminales que se involucran en la extracción de minerales atraídos por los altos precios mundiales del oro y cobre.
El martes una comisión parlamentaria de Energía y Minas aprobó un dictamen para ampliar la vigencia del permiso temporal, llamado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el 31 de diciembre de 2027, que será sometido a debate a lo largo del jueves. Para convertirse en ley debe ser aprobado de forma mayoritaria por el pleno del Parlamento unicameral.
El gobierno del presidente José Jerí no ha indicado si promulgará la ley en caso de ser aprobada o la observará, lo que implicaría su envío al Congreso con observaciones para que modifique los puntos cuestionados.
"El dictamen aprobado es nefasto...lo que hace es favorecer la minería ilegal abiertamente", dijo a la radio RPP Nicolás Besich, coordinador general del laboratorio de ideas Videnza Instituto. Señaló que el dictamen suspende la eliminación ordenada por el gobierno en julio de 50.565 permisos mineros temporales para personas que no realizaban actividades mineras o que no habían realizado trámites para regularizarse por varios años.
Adicionalmente 31.560 permisos temporales mineros sí han sido apoyados por las autoridades porque sus titulares tienen deseos de formalizarse, según el gobierno. La cuarta ampliación de los permisos temporales se realizó en junio y el Congreso indicó esa vez que la extensión, que finaliza a fines de 2025, era por “única vez”.
Las discusiones por la extensión temporal de los permisos ocurren a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril y muchos de los congresistas buscan ganar la simpatía de los mineros informales que suman entre 300.000 y 500.000, según la fiscalía y datos de los propios mineros.
La Comunidad Andina —que integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— dictaminó en octubre que Perú no está cumpliendo con sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro. La organización ordenó a Perú finalizar las extensiones de los permisos temporales mineros, confiscar maquinaria de la minería ilegal, y señaló que en caso de que no ocurra, el país podría sufrir sanciones comerciales.
Cada vez que los mineros informales han logrado extender sus permisos temporales han protestado previamente por días de manera multitudinaria en los alrededores del Parlamento y a diferencia de las protestas antigubernamentales que exigen la remoción del presidente no han sido desalojados ni dispersados por la policía.
A mediados de año el gobierno dijo que la minería ilegal era más lucrativa que el narcotráfico y la fiscalía calculó que esta actividad genera unos 7.000 millones de dólares anuales.
Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se producen de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.