Cómo la muerte de dos agentes de la CIA en México llevó a un proceso por traición a la patria

La muerte de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en el norte de México ha desencadenado dos casos judiciales contra el exfiscal. Uno de ellos por el delito de traición a la patria.

El acusado César Jáuregui está en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad por presuntamente autorizar la participación de los estadounidenses en esa acción que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno no autorizó ni de la que fue informado.

Un juez estatal determinará este jueves si inicia un juicio en su contra por ejercicio ilegal del servicio público y otro decidirá el sábado si lo procesa por el delito de traición.

Analistas afirman que la acusación de traición tiene un claro componente político. La muerte de los estadounidenses avivó las especulaciones tanto sobre el alcance de las acciones del gobierno de Donald Trump en territorio mexicano como sobre la férrea defensa de la soberanía nacional hecha por Sheinbaum, quien se niega a detener a un exgobernador de su partido acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Según Héctor Villasana, uno de los abogados defensores del exfiscal, el planteamiento del Ministerio Público fue que si no había un castigo ejemplar contra Jáuregui, “ Estados Unidos podría llevar a cabo una acción como la que llevaron en Venezuela al momento de extraer al presidente (Nicolás) Maduro".

El Departamento de Estado dijo el jueves a The Associated Press que está al corriente del caso contra el exfiscal de Chihuahua y que lo sigue de cerca, pero no lo vincula con las muertes de los agentes estadounidenses.

Aquí algunas claves de cómo un accidente de tráfico en las montañas de Chihuahua llevó a una acusación por traición, delito por el que México no ha procesado a nadie en décadas.

¿Por qué se acusa al exfiscal de traición a la patria?

Según la fiscalía federal, por poner en peligro la seguridad nacional y presuntamente autorizar la participación de los estadounidenses en el operativo cuando sólo el gobierno federal puede hacerlo. De acuerdo con expertos y abogados, por cuestiones políticas ante las elecciones intermedias mexicanas de 2027.

El delito de traición podría conllevar una condena a cinco a 40 años de prisión y es muy difícil de probar.

Carlos Pérez Ricart, profesor de la universidad mexicana Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que aunque el caso acabe desestimándose su impacto público es enorme porque ocurre cuando Trump insiste en que México no hace suficiente para combatir al narcotráfico y la discusión en México versa sobre si el oficialismo hace bien en defender la soberanía o si hay un “narcogobierno”, como dicen los opositores del Partido de Acción Nacional —que gobierna Chihuahua—.

Samuel González, exfiscal jefe contra el crimen organizado y analista, señaló que Jáuregui pudo haber incumplido obligaciones al no informar al gobierno federal o permitir que los agentes llevaran armas, pero “ni aunque así hubiera sido, habría traición a la patria”.

Luis Villegas, coordinador de la defensa del exfiscal, consideró inadmisible que la fiscalía equiparara en una audiencia la presencia de los estadounidenses con una “invasión” extranjera a México.

¿Qué pasó en el operativo de la sierra Tarahumara?

La fiscalía de Chihuahua informó el 19 de abril del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, en las montañas de ese estado. En el camino de regreso, un vehículo del convoy se salió de la carretera y cayó a un barranco. Murieron dos agentes de la fiscalía estatal y dos estadounidenses.

El Gabinete de Seguridad federal informó el desmantelamiento del laboratorio en una acción conjunta de la fiscalía estatal y el ejército sin dar detalles.

Jáuregui explicó ese día que los extranjeros fallecidos eran “oficiales instructores” de la embajada que murieron al regresar de una operación que llevaba tiempo preparándose y que acabó sin detenciones porque los delincuentes huyeron.

Al día siguiente, Sheinbaum dijo desconocer la acción y Jáuregui aclaró que los estadounidenses no habían participado en la acción sino que se incorporaron al grupo después.

El abogado Villegas dijo que eran funcionarios de capacitación sobre inteligencia y drones y el embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que eran “personal de la embajada”. Posteriormente AP confirmó que eran agentes de la CIA.

Según la defensa de Jáuregui, tenían una relación cercana con el jefe investigador de la fiscalía de Chihuahua, quien dirigía el operativo en el terreno y uno de los dos mexicanos que murieron.

Ese día había otros dos estadounidenses que iban en otro vehículo y luego fueron expulsados del país. La presidenta dijo que todos estaban sin permiso para operar en México y que los militares desconocían la presencia de extranjeros.

¿Cómo operan las agencias estadounidenses en México?

Su presencia ha sido una constante desde hace décadas aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) puso límites a su actuación y Sheinbaum cambió la Constitución para prohibir intervenciones extranjeras sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. La ley no permite que vayan armados.

Pérez Ricart explicó que al margen de las relaciones oficiales, siempre ha habido y habrá agentes antidrogas en operativos de este tipo "muchas veces sin que el gobierno federal lo sepa” porque esas acciones se basan en la confianza de Estados Unidos con funcionarios locales, aunque pueden conllevar abusos al no tener reglas claras.

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El periodista de AP Matthew Lee contribuyó a esta nota desde Washington.