CIDH pide independencia en investigación de caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se sumó el martes a las críticas que se han hecho en las últimas semanas a las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en el 2014 en el sur de México y planteó que el proceso debe desarrollarse de manera independiente y sin injerencia de los poderes públicos.

Así lo expresó la comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, durante la presentación del tercer informe del mecanismo especial de seguimiento de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en el estado sureño de Guerrero.

En una conferencia de prensa que se realizó en la escuela normal, Mantilla afirmó que es “sumamente cruel construir narrativas que no estén corroboradas y técnicamente comprobadas”, tras ser preguntada sobre los cuestionamientos que hizo el mes pasado un grupo de expertos internacionales a las evidencias que usaron para armar el informe de una comisión gubernamental.

Los expertos, que fueron designados por la CIDH para investigar el caso de los jóvenes desaparecidos, afirmaron que los mensajes de WhatsApp que se utilizaron como pruebas en el informe de la Comisión de la Verdad presentaban “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los textos y los dispositivos que se utilizaron, lo que complicaba la verificación de las evidencias que han sido consideradas como claves para determinar los posibles responsables en el caso y cómo ocurrieron los hechos.

A las críticas se sumó la comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien indicó que el cuestionamiento del valor probatorio de algunas pruebas “definitivamente impacta” la labor de la comisión gubernamental.

En la presentación del tercer informe, Troitiño también manifestó preocupación por la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y los señalamientos de supuesta injerencia de otras instancias en las labores de la unidad especial de la Fiscalía General de la República del caso Ayotzinapa.

La salida de Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019, se dio poco después de que se conociera que la Fiscalía General canceló 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra supuestos implicados.

Medios locales señalaron que el proceso que siguió el Ministerio Público para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.

La comisionada afirmó que los cambios en la unidad especial del Ministerio Público pueden afectar al ritmo de las investigaciones y los procesos de judicialización de los supuestos implicados, e hizo un llamado a preservar la independencia de la unidad especial.

En el tercer informe la CIDH exhortó al Estado mexicano a continuar “profundizando” en establecer la responsabilidad penal de los presuntos implicados “con énfasis en la cadena de mando político, de órganos militares y de seguridad ciudadana”.

Asimismo, el organismo se quejó de las dificultades de acceso a algunos informes oficiales y afirmó que “resulta alarmante la aparición y entrega tardía” de una serie de documentos bajo custodia de las fuerzas militares y los órganos de inteligencia mexicanos.

En los últimos días, el jefe de la comisión gubernamental que investiga la desaparición de los estudiantes, Alejandro Encinas, ha salido en defensa de su priopio informe y ha negado que se hayan falsificado evidencias, tal como afirmaron los cuatro militares detenidos por el caso quienes presentaron una denuncia penal en la Fiscalía que podría alcanzar al alto funcionario.

El también subsecretario de Gobernación aseguró la semana pasada que el trabajo de la Comisión de la Verdad “no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso” y que las acciones que ejerció la Fiscalía General de la República y el juez del caso contra los militares detenidos están basadas en “evidencias sólidas”, que no tienen relación con el informe que elaboró la comisión gubernamental.

Encinas presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Por el caso fueron detenidos el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

A Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.

El caso Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia, según los expertos.