Bukele arremete contra activistas y ONG; asegura que quieren liberar a todos los pandilleros

El presidente salvadoreño Nayib Bukele arremetió el domingo contra activistas y organizaciones sin fines de lucro que cuestionan sus políticas de seguridad, asegurando que quieren liberar a todos los pandilleros que han sido detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

Las declaraciones de Bukele fueron en respuesta al informe de un panel de juristas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en El Salvador en el marco de un prolongado regimen de excepción para combatir las pandillas.

Bukele publicó en la red social X que el documento sostiene que el 100 % de las detenciones realizadas durante el régimen de excepción —vigente desde marzo del 2022— son arbitrarias, lo que implicaría que el Estado estaría obligado a liberar a todos los detenidos.

“Si se acepta que el 100% de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100% de detenidos. Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”, agregó.

El presidente también señaló que el grupo de juristas internacionales afirma en su informe que las capturas se han realizado “sin garantías mínimas y sin el debido proceso”, lo que, a su juicio, también implicaría la liberación de los detenidos.

Además cuestionó que el informe plantee que encarcelar a una persona únicamente por pertenecer a una pandilla, y no por un delito específico, sería una violación a los derechos humanos.

El informe, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentado en periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala, sostiene que existen bases razonables para creer que durante el régimen, “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”.

Aseguran que en ese periodo han sido detenidas más de 89.000 personas de forma arbitraria o sin el debido proceso legal, además de que se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en custodia del Estado, entre ellas las de cuatro menores, hasta agosto de ese año.

Hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado salvadoreño sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”, asegura el GIPES.

A solicitud de Bukele, el Congreso aprobó a finales de marzo de ese año el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las cuales cometían extorsiones y asesinatos en el 90% del territorio, según las autoridades.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales, como al de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. También faculta a las fuerzas de seguridad para intervenir las telecomunicaciones sin una orden judicial, además de que establece una extensión al tiempo de detención sin audiencia de 72 horas a 15 días.

El Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito el pertenecer a una pandilla, con penas de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.

También reformó la Ley Penal Juvenil para establecer sentencias de hasta 20 años de prisión para delitos de pandilleros con 16 años cumplidos y de hasta 10 años en la cárcel para miembros de pandillas que ya tengan los 12 años cumplidos.

Desde la entrada en vigor la medida, las autoridades han informado de la captura de 91.300 acusados de pertenecer a pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 inocentes han sido liberados.