Archivan por sexta vez en Congreso una denuncia contra presidenta de Perú por muertes en protestas
Una comisión parlamentaria de Perú archivó el viernes otra denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en las protestas de 2022 que sucedieron a su llegada al poder tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo.
Es la sexta vez que el Parlamento, con los votos de bancadas aliadas, frena el camino para que la justicia investigue a Boluarte. En junio, el Congreso archivó otras tres denuncias similares contra la presidenta presentadas por parlamentarios de la pequeña oposición. Dos denuncias más fueron desestimadas en 2023 y 2024.
Casi inmediatamente después de asumir el poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Castillo después de que intentase evitar su remoción disolviendo el Legislativo, Boluarte enfrentó una series de protestas al sur del país que dejaron 50 civiles muertos. Más de la mitad de las víctimas fallecieron por disparos de arma de fuego, según las autopsias.
Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.
La sexta denuncia contra Boluarte se archivó gracias a los votos del partido Fuerza Popular de la política derechista Keiko Fujimori y Alianza para el Progreso del gobernador César Acuña, quienes apoyan la gestión de la mandataria que no cuenta con una bancada.
Pese al archivo, la presidenta mantiene otra denuncia por asesinato enviada al Parlamento por la fiscalía, además de su presunta responsabilidad en las lesiones de 75 manifestantes.
En Perú, los presidentes tienen inmunidad hasta cinco años después del final de su mandato. Una vez que la fiscalía efectúa una denuncia ante el Parlamento, la cámara puede autorizar que un mandatario sea juzgado por la Corte Suprema apenas abandone el cargo.
La mandataria asumió el 7 de diciembre de 2022 después de que el Congreso destituyera a Castillo. Boluarte era su vicepresidenta. El exmandatario está en prisión preventiva, mientras es investigado por corrupción y enjuiciado por rebelión.