AP EXPLICA: Polémica por el recorte 800 millones de dólares al Poder Judicial mexicano
Con la decisión del Congreso mexicano de cerrar 13 fideicomisos del Poder Judicial aumenta la polémica por la controvertida iniciativa que el gobierno considera una medida contra la corrupción y la judicatura un ataque a los derechos de sus trabajadores y al buen funcionamiento de la justicia.
Los empleados del sector judicial anunciaron acciones legales por la decisión, que tachan de inconstitucional, y se mantendrán en huelga toda la semana.
El sector judicial mexicano perderá el equivalente a 800 millones de dólares por la supresión de esos fondos que se usaban para pagar complementos a la jubilación o gastos médicos de los empleados de la judicatura y que, según el gobierno, en realidad se desviaban para crear privilegios y grandes sueldos.
El recorte es el último capítulo del enfrentamiento que mantiene el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con los jueces ante la proximidad de las elecciones presidenciales del año que viene.
AP explica algunas claves para entender la polémica y su impacto.
¿QUÉ SON LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS?
Son instrumentos financieros que se crean con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y consisten en una especie de fondos en los que se depositan recursos que solo pueden usarse para el fin específico para el que fue creado el fideicomiso. Por ejemplo, para pagar complementos de sueldo o para cubrir gastos médicos.
Se gestionan al margen de los presupuestos del Estado y a través de bancos que, por ejemplo, pueden hacer inversiones y generar más recursos o ahorros.
Sus fondos entran al fideicomiso de maneras diferentes: por una asignación directa desde el presupuesto general (aunque luego ese importe se desvincula de las cuentas nacionales), mediante donaciones o aportaciones privadas, con recursos procedentes del pago de derechos, etc.
Conceptualmente, no se puede desviar ese dinero a actividades distintas a las previstas en su creación, pero el problema es que no son transparentes. No hay mecanismos efectivos para su escrutinio, explicó Sarahí Salvatierra, de Fundar, un centro de investigación y análisis mexicano.
¿A QUÉ SE DESTINABAN LOS 13 FIDEICOMISOS QUE SE CERRARÁN?
Parte de los 15.000 millones de pesos mexicanos que tienen los fideicomisos en cuestión —que equivalen a unos 800 millones de dólares y que representan un 17% de los fondos totales del Poder Judicial— eran para financiar derechos laborales, como complementos a las pensiones o gastos médicos, de los 55.000 funcionarios que tiene el sector.
El 60% de esos empleados públicos es personal operativo, es decir, van desde secretarios, mecanógrafos hasta quienes se encargan de dar notificaciones. Sus sueldos nada tienen que ver con los de los magistrados de la Corte Suprema, que son el objeto de las críticas del presidente.
Puede ser cuestionable si tales complementos son los adecuados o no, dijo la experta de Fundar, pero no pueden suprimirse sin más porque son derechos adquiridos por los trabajadores.
También había fideicomisos para instalaciones judiciales y uno especialmente importante destinado a la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que pretendía mejorar la justicia en México y que ahora resentirá los recortes, indicó Salvatierra.
¿POR QUE EL GOBIERNO QUIERE ELIMINARLOS?
El presidente López Obrador siempre ha abogado por eliminar todos los fideicomisos que se utilizan en la función pública porque los considera instrumentos que fomentan la corrupción.
En 2018, cuando llegó al poder, había 374 en el ámbito federal que manejaba unos 40.000 millones de dólares, según un informe de Fundar. En 2020, se cerraron 109 con unos 3.200 millones de dólares destinados, entre otras cosas, a apoyos a la ciencia, la atención de desastres o la protección de periodistas. El dinero fue a la Tesorería federal con la intención de utilizarse para combatir la pandemia.
La decisión fue criticada porque no hubo un estudio previo sobre si habían resultado útiles o no, ni un análisis de su funcionamiento o si se presentaron pruebas de casos de corrupción, explicó Salvatierra.
Sin embargo, pese a las convicciones presidenciales contra los fideicomisos, el gobierno ha acabado por crear algunos nuevos y justo lo ha hecho en el área a la que el presidente ha dado más poder y más funciones como el control de aduanas, aeropuertos y obras de infraestructura: las Fuerzas Armadas.
En 2022, se constituyó uno para la Secretaría de la Defensa y otro para la Marina y el presidente ha anunciado la creación de tres más también para los militares con el objetivo de financiar, por ejemplo, el macroproyecto del Tren Maya.
El gobierno ha ido aumentando progresivamente, además, las asignaciones y poder a los militares al entregarles el control y gestión de aeropuertos y la construcción de grandes obras de infraestructura.
Ahora, hay 178 con recursos por unos 30.000 millones de dólares, según los datos conseguidos por Fundar.
¿POR QUE NO SON TRANSPARENTES?
En primer lugar, porque es un instrumento complejo y como están manejados a través de bancos privados pueden alegar confidencialidad de sus clientes, aunque se nutran de fondos públicos.
Fundar, que tituló su informe de 20218 “Fideicomisos, el arte de desaparecer dinero público”, lleva años denunciando que no hay datos abiertos suficientes para someterlos a escrutinio público y eso es peligroso. Por ejemplo, no se pueden conocer todos los detalles sobre estados de cuenta, criterios de uso, contrataciones o integración de los comités técnicos que los operan.
Además, Salvatierra aseguró que han proliferado prácticas que, aunque no están prohibidas, son desaconsejables como meter en los fideicomisos fondos de los presupuestos que no fueron utilizados, algo que podría considerarse un desvío de recursos.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA POLÉMICA CON EL PODER JUDICIAL?
La supresión de los fideicomisos judiciales se da en medio de un creciente enfrentamiento entre el presidente López Obrador y los jueces, a quienes el mandatario tacha de corruptos y de ser parte de lo que considera “la mafia del poder”.
El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración —de las leyes energéticas a la creación de la Guardia Nacional— hayan sido cuestionadas en los tribunales, hizo incrementar las arremetidas presidenciales contra los magistrados y, sobre todo, contra la Suprema Corte.
El punto que ha levantado la polémica y en el que los trabajadores judiciales justifican sus protestas y huelga es que ahora se están tocando directamente sus derechos laborales.
De hecho, Salvatierra señaló que el recorte presupuestario que el gobierno propone para 2024 afectará más al funcionamiento de la Justicia que el fin de los fideicomisos, aunque se hable menos de ello.
Se critica también que el presidente quiera acabar con unos fideicomisos mientras constituye otros que, además, están manos de militares, lo que puede hacerlos todavía más opacos con el argumento de que son parte de la seguridad nacional.
¿QUE PASARÁ AHORA?
Por un lado seguirá la presión en las calles: el sindicato de trabajadores anunció que los tribunales seguirán paralizados hasta finales de la semana, con los inconvenientes que eso puede ocasionar a una justicia mexicana ya de por sí muy lenta.
No obstante, los días de paro serán considerados inhábiles a efectos legales, según comunicó el Poder Judicial.
Por otro, comenzarán a acumularse amparos o recursos contra la decisión legislativa de cerrar los fideicomisos porque muchos lo consideran inconstitucional. Esas acciones legales se anunciaron incluso antes de que la medida se concretase. Previsiblemente, la decisión sobre los amparos puede terminar llegando hasta la Corte Suprema.
Los 800 millones de dólares que tienen, cuando se culmine el proceso burocrático de cierre, irán a la bolsa central de la Tesorería. López Obrador dijo que luego se usarán para becas, caminos o potabilizadoras de agua.