Biden presenta su estrategia anticorrupción mientras el Tesoro apunta a las compras inmobiliarias anónimas

El gobierno de Biden apunta al uso de bienes inmuebles estadounidenses como vehículo para el lavado de dinero procedente de la corrupción gubernamental y el crimen transnacional como parte de la primera estrategia de EE.UU. para combatir la corrupción.

La presentación de la nueva estrategia de cinco puntos y de una propuesta de normativa para exigir más transparencia a la hora de reportar las transacciones inmobiliarias en efectivo para “frenar el financiamiento ilícito” forma parte de un importante impulso de la Casa Blanca para hacer de la lucha contra la corrupción una misión fundamental de la administración y se produce pocos días antes de que el Presidente Biden inaugure la primera “cumbre para la democracia” organizada por EE.UU.

Biden, que en junio emitió un memorando de seguridad nacional para establecer la lucha contra la corrupción como un “interés central de la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo en un comunicado que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, la lucha contra la pobreza mundial y los esfuerzos de desarrollo”.

“Previniendo y combatiendo eficazmente la corrupción y demostrando las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, podemos asegurar una ventaja crítica para Estados Unidos y otras democracias”, añadió.

Según un alto funcionario de la administración que informó a los periodistas sobre los planes de Biden a última hora del domingo, el enfoque anticorrupción de Biden puede vincularse directamente a sus programas de política interior y exterior porque la corrupción “priva a los ciudadanos de la igualdad de acceso a servicios vitales como la sanidad y la educación” y “degrada el entorno empresarial y puede exacerbar la desigualdad”.

“Suele estar vinculada a las violaciones de los derechos humanos, puede impulsar la migración, socava el Estado de derecho y, al hacerlo, hace que todas las formas de gobierno sean menos eficaces y menos confiables”, dijo el funcionario. “Y aquí mismo, en nuestro país, se ha demostrado que las repercusiones de la corrupción transnacional inclinan el campo de juego económico, en parte aumentando los precios de la vivienda y excluyendo a las familias, en algunos casos, de la propiedad de la misma, ya que los actores corruptos realizan compras inmobiliarias ilícitas”.

La estrategia, la primera de este tipo, se articula en torno a cinco pilares “que se refuerzan mutuamente”: “modernizar, coordinar y dotar de recursos a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para luchar contra la corrupción”, “frenar la financiación ilícita”, “hacer que los actores corruptos rindan cuentas”, reforzar la “arquitectura multilateral anticorrupción”, así como mejorar el “compromiso diplomático” y “aprovechar los recursos de ayuda exterior para alcanzar los objetivos de la política anticorrupción”.

El funcionario dijo que la publicación de la nueva estrategia de Biden “marca un nuevo capítulo” en los esfuerzos anticorrupción de EE.UU. El gobierno de Biden exigirá a los organismos federales que presenten informes anuales sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos de la estrategia.

Una de las medidas concretas que la administración está poniendo en marcha antes de la cumbre sobre la democracia del jueves procede de la Red de Represión de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, que el lunes publicó una notificación anticipada de propuesta de normativa para solicitar comentarios públicos sobre la normativa que podría promulgar para “abordar la vulnerabilidad del mercado inmobiliario estadounidense al blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas”.

Un alto funcionario del Tesoro expresó que la agencia está “en posición de entender y atacar la corrupción en su intersección con el sistema financiero” porque “está equipada con herramientas para eliminar la corrupción en el país y en el extranjero apuntando a los sistemas y flujos financieros que permiten a los malos actores beneficiarse de ella”.

“Durante demasiado tiempo, el mercado inmobiliario de EE.UU. ha sido susceptible de ser manipulado y utilizado como refugio para el lavado de los ingresos de actividades ilícitas, incluida la corrupción. Nuestro mercado inmobiliario es un depósito de valor relativamente estable, puede ser opaco y existen lagunas en la normativa del sector. Como resultado, los delincuentes y los funcionarios corruptos pueden explotar el sector inmobiliario con demasiada frecuencia", declaró el funcionario.

En concreto, el funcionario dijo que el FinCEN está estudiando normas para abordar el problema que plantean las transacciones inmobiliarias totalmente en efectivo, en particular las realizadas por sociedades ficticias anónimas.

“Básicamente, estamos pidiendo la opinión del público sobre qué tipos de compras de bienes inmuebles deberían estar cubiertos en cualquier regulación futura, qué información debería ser reportada y retenida, el alcance geográfico de los requisitos federales, el umbral de valor de dólares apropiado para reportar y los actores clave que deberían estar sujetos a los requisitos de reporte y mantenimiento de registros”, explicaron.

La obligación de informar sobre las transacciones inmobiliarias en efectivo -especialmente las ejecutadas por sociedades ficticias- complementaría las normas que el FinCEN estableció a principios de este año en virtud de las disposiciones de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2020, que exigían al Departamento del Tesoro crear y mantener una base de datos de las personas que controlan las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades que suelen utilizarse para ocultar la identidad de los compradores de bienes inmuebles.

Además, el funcionario aseveró que el gobierno de Biden revelaría esta semana nuevas sanciones dirigidas a “individuos que participan en actividades malignas que socavan la democracia y las instituciones democráticas en todo el mundo, incluso mediante la represión de la corrupción, el crimen organizado y los abusos de los derechos humanos”.

Una persona que podría sentir los efectos de cualquier norma que exija una mayor divulgación de las transacciones inmobiliarias es el predecesor de Biden, el expresidente Donald Trump.

Trump, que pasó años dirigiendo su imperio inmobiliario homónimo antes de entrar en el mundo del espectáculo y más tarde en la política, obtuvo importantes cantidades de dinero de empresas anónimas que compraron unidades de condominio en las propiedades de su empresa.

Según USA Today, aproximadamente el 70 por ciento de los que compraron propiedades inmobiliarias de Trump en el periodo de 12 meses después de que se convirtiera en el candidato presidencial del Partido Republicano en 2016 eran sociedades de responsabilidad limitada, en comparación con solo el 4 por ciento de los compradores en los dos años anteriores.