Kellyanne Conway y Mike Pompeo entre los 13 ayudantes de Trump que hicieron campaña ilegalmente

Uno de los principales organismos de control de la ética del gobierno de Estados Unidos descubrió que 13 altos funcionarios de la administración Trump, incluidos Kellyanne Conway y Mike Pompeo, violaron las leyes federales que prohíben a los empleados del gobierno utilizar recursos federales para hacer campaña a favor de candidatos políticos.

El informe, emitido por la Oficina del Asesor Especial, encontró que las violaciones fueron cometidas por figuras de alto rango de la administración Trump que, según la ley actual, solo podrían haber sido sancionadas por el entonces presidente Donald Trump, quien se negó a hacer cumplir la ley (conocida como la Ley Hatch) contra sus principales lugartenientes en múltiples ocasiones.

"Los casos descritos en este documento demuestran tanto la voluntad de algunos en la administración Trump de aprovechar el poder del poder ejecutivo para promover la reelección del presidente Trump como los límites del poder de ejecución de la OSC bajo el esquema legal existente para evitar que lo hagan", dijo el Asesor Especial, Henry Kerner.

"Si bien los hechos específicos de cada caso son diferentes, comparten esta característica fundamental: los altos funcionarios de la administración Trump optaron por usar su autoridad oficial no para las funciones legítimas del gobierno, sino para promover la reelección del presidente Trump en violación de la ley".

Kerner, quien fue designado para su cargo por el expresidente, determinó que los funcionarios de Trump "ignoraron intencionalmente los requisitos de la ley y aprobaron tácita o expresamente que los altos funcionarios de la administración violaran la ley".

La Ley Hatch es una ley de 1932 que prohíbe a los empleados federales (con la excepción del presidente y el vicepresidente) hacer declaraciones de apoyo u oposición a los candidatos políticos mientras hablan en su capacidad oficial. Fue promulgada durante el primer mandato de Franklin Roosevelt debido a la preocupación de que su administración presionaría a los miembros de la fuerza laboral federal en expansión para que votaran por su reelección.

La Oficina del Asesor Especial es una agencia independiente encargada de hacer cumplir la Ley Hatch y proteger a los denunciantes federales. No es parte del Departamento de Justicia y no tiene nada que ver con los fiscales designados como abogados especiales, como el exdirector del FBI Robert Mueller o el actual fiscal especial John Durham.

Según el informe, muchas de las violaciones de la Ley Hatch de la administración Trump se cometieron durante entrevistas con los medios o eventos televisados como la Convención Nacional Republicana de 2020.

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Una violación importante que encontró la OSC fue cometida por el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, durante un discurso pronunciado desde Jerusalén durante el RNC en el que Pompeo “usó su autoridad oficial al hacer referencia repetidamente al trabajo del Departamento de Estado”.

Otra violación durante la RNC vino a manos del entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien según informa la OSC viola la ley “al presidir una ceremonia de naturalización que fue orquestada con el propósito de crear contenido para la convención”.

"Todos tomaron actos oficiales en apoyo de la campaña de reelección del presidente Trump", escribió Kerner y agregó que ambas violaciones aparentemente "se derivaron de solicitudes que se originaron dentro de la Casa Blanca o en el caso del secretario Pompeo, probablemente la campaña de Trump o el propio presidente Trump". .

Tales solicitudes reflejaban "la voluntad de la administración Trump de manipular los negocios del gobierno con fines políticos partidistas", concluyó.

El informe también encontró que la administración Trump "aprobó tácita o expresamente que altos funcionarios violaran la Ley Hatch haciendo campaña para la reelección del presidente Trump" basándose en "la negativa de la administración a responsabilizar a los funcionarios por sus violaciones, la frecuencia y similitud de las violaciones, y el hecho de que algunos funcionarios de la administración ignoraron repetidamente los consejos que les brindó la OSC”.

Kerner señaló como ejemplo a la ex consejera de la presidenta Kellyanne Conway, quien en 2019 fue objeto de un informe sin precedentes de la OSC que recomendaba que fuera despedida por “violaciones múltiples y flagrantes” de la Ley Hatch.

Al señalar que Trump se negó a tomar medidas sobre su recomendación anterior, escribió que "le correspondía al presidente Trump disciplinar a los empleados cuando fuera apropiado", pero Trump "no lo hizo".

“En cambio, defendió y apoyó incluso al más atroz de los violadores. Al hacerlo, la administración envió un mensaje claro a funcionarios en situaciones similares: no habrá consecuencias por violar la ley al hacer campaña en nombre del presidente Trump y otros candidatos republicanos a expensas de los contribuyentes”, escribió.

“Basado en la reacción de la administración Trump a las violaciones, OSC concluye que la inferencia más lógica es que la administración aprobó estas actividades de campaña financiadas por los contribuyentes. La OSC concluye además que estas violaciones probablemente no hubieran ocurrido si la administración Trump hubiera dejado claro a los altos funcionarios que deberían actuar de acuerdo con la Ley Hatch y que habría consecuencias por violarla”.